El año 2025 ha traído avances importantes para el sector farmacéutico en nuestro país. Estas son fechas de pararse a pensar en todo lo que se ha hecho y plantearse buenos propósitos para el año siguiente. Y este se han dado varios pasos adelante en el ámbito de las farmacias. Sin ir más lejos, antes de final de año el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), de la mano de Jesús Aguilar, presentó la actualización del protocolo de abordaje de la violencia de género en las farmacias, junto con las ministras de Sanidad e Igualdad, Mónica García y Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (organismo con el que el Consejo General elaboró el programa), Carmen Martínez.
Las farmacias demuestran, así, una vez más, su importante papel en el tejido social de la sociedad, no solo como agentes sanitarios de primer nivel. Esto se hace especialmente en el mundo rural, donde los farmacéuticos son los trabajadores de la salud más disponibles, accesibles y cercanos a una población envejecida, con enfermedades crónicas y, en muchas ocasiones, en situación de soledad. Las farmacias funcionan en zonas despobladas como elemento que ayuda a fijar población, no obstante, la mayoría de las que se encuentran en Viabilidad Económica Comprometida, se encuentran en este tipo de localidades.
Por lo tanto, es crucial para la población de zonas rurales promover la sostenibilidad de sus farmacias. Y este es precisamente el objetivo del programa piloto que el CGCOF puso en marcha en octubre en La Rioja, junto a las consejerías de Salud y Políticas Sociales y Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, y el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. A través de este programa, se remunerarán los Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF) de una serie de farmacias rurales.
Este ha sido uno de los avances más relevantes del año farmacéutico. De hecho, Jesús Aguilar declaró a este periódico que la remuneración “es fundamental y una de las medidas que venimos solicitando desde el Consejo General para contribuir a la sostenibilidad del conjunto de la red y en especial de estas farmacias y, en consecuencia, para garantizar la continuidad del servicio farmacéutico a los habitantes de estos núcleos”.
“La concertación y remuneración de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales prestados por los farmacéuticos rurales no solo permitiría atender las necesidades sociosanitarias de quienes viven en los pueblos, sino que contribuirá también a la sostenibilidad de estas farmacias. Además, se deben estudiar otras medidas que puedan contribuir a este doble objetivo de dotar de sostenibilidad a estas farmacias y garantizar así la continuidad de los servicios para quienes viven en estos núcleos, como por ejemplo la remuneración de las guardias”, destacó.
Miguel Vergara es farmacéutico rural en Santurde (La Rioja), e insistía, en conversación con EGF, en la financiación de los SPF “para hacerlos más accesibles a los pacientes que realmente lo necesiten y que, de esta manera, el coste no sea una barrera”. Dotar a las zonas rurales de servicios es “importantísimo si queremos frenar la despoblación y mejorar la vida de las personas que aquí habitan. Precisamente estos servicios atajan problemas críticos que padecen muchas de las personas que viven en zonas rurales despobladas, que viven solas o carecen de acceso a recursos tanto personales como materiales para manejar aspectos de su vida tan básicos como la salud”, incidió este profesional.
Avances legislativos
Uno de los temas sanitarios del año ha sido el anteproyecto de Ley de los Medicamentos. Y es en el ámbito de los órganos de coordinación farmacoterapéutica que integran a todos los profesionales sanitarios donde se recoge uno de los avances más relevantes en el ámbito farmacéutico, puesto que serán los farmacéuticos de Atención Primaria los que liderarán estos organismos. Así lo confirmo Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en la 28º edición del congreso de SEFAP.
Sin salir del ámbito de la Atención Primaria, Galicia reguló las unidades de Farmacia en los centros de salud de la autonomía. La normativa establece que dichas unidades se ubicarán en los propios centros y dependen del jefe de servicio de AP en ele que están integradas; en caso de no haberlo, del coordinador de Farmacia del área. En este sentido, en los centros que no se disponga de la figura del farmacéutico especialista, “se constituirán depósitos de medicamentos, debiendo estar vinculados a una unidad de Farmacia de AP de la misma área sanitaria”.
Como marco general, el decreto gallego expone que el principio básico de actuación de las unidades de Farmacia de AP “será garantizar la mayor equidad posible en el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad efectiva”. Y, por tanto, se pondrán en marcha “teniendo en cuenta la localización de los servicios de Atención Primaria” y la población a la que presta atención. Los requisitos para ello son que se creará una unidad por cada 25.000 habitantes, y cada una tendrá definida su demarcación territorial, “la cual vendrá dada por el centro sanitario de AP en el que esté localizada y el/los centro/s sanitario/s en los que se sitúen los depósitos vinculados a ella”. Asimismo, las unidades que se creen deberán contar con un farmacéutico.
Y un criterio similar se sigue en Extremadura en las farmacias de las residencias. El decreto que regula este aspecto salió en octubre a consulta pública, y especifica que la diferencia entre la obligación de contar con un farmacéutico o un depósito de medicamentos reside en el número de camas de que dispongan los centros sociosanitarios. La normativa indica, así, que las residencias, públicas o privadas, de 100 camas o más “deberán disponer de un servicio de farmacia propio. No obstante, podrán ser eximidos de esta obligación, mediante suscripción de oportuno convenio con la Administración sanitaria”. Dicho convenio deberá acreditar la disponibilidad de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de Farmacia Hospitalaria público dentro de su área de salud.
En cuanto a las residencias públicas de menor tamaño, habrán de contar con un depósito de medicamentos vinculado con un servicio de farmacia de titularidad pública de su área de salud, especifican en el borrador.
Fue pionera, por otra parte, Cataluña, en la regulación del servicio de seguimiento farmacoterapéutico con SPD. Así lo expuso Maria Estrada, jefa del Departamento de Proyectos e Investigaciones del COF de Barcelona, en la IV Jornada Nacional de SPD organizada por SEFAC. Estrada desgranó los puntos fuertes y las debilidades de esta normativa, cuyas modificaciones entraron en vigor en agosto y fue “un buen punto de partida”. No obstante, destacó que no hay un cálculo oficial de la remuneración de la prestación de este servicio a los farmacéuticos.
La experta informó de que Cataluña ha sido la comunidad pionera en incluir los SPD como herramienta, ya que “no había decretos, sino protocolos y guías”, desde el año 2001. No fue hasta el 2022 que se “comprendió la necesidad” de asentar todo en un decreto. Para ello, “no hubo una negociación, sino un proceso público en el que se facilitaron las alegaciones. Fue un proceso de casi dos años, porque hubo muchas”.
“Se buscaron las estrategias para incorporar los servicios de seguimiento farmacoterapéutico, y en el decreto es importantísimo y no se desvincula de los SPD. Cuando hay un paciente con problemas de adherencia, la herramienta de SPD permite hacer el seguimiento con mucha más información”, ha enfatizado esta experta. En Cataluña hay más de 1.200 farmacias que prestan este servicio, ha explicado. Y esta es una de las claves del decreto, el “servicio”, ya que, según expuso Vicente J. Bauxali, presidente de SEFAC y moderador de la mesa, la normativa es pionera en regular el SFT y también en incluir dicha palabra: “servicio”.
Y ya casi al final de año, la Comunidad Valenciana publicó el decreto 192/2025 que regula horarios de atención al público, servicios de urgencia y vacaciones de las farmacias comunitarias de la región. Se trata de una actualización del Decreto 187/1997, en concreto, de sus artículos 5 y 6. El objetivo de la nueva normativa pasa por “garantizar la asistencia farmacéutica prestada por las oficinas de farmacia a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, según establece el propio decreto.
Ante la publicación del decreto, el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics se ha posicionado aduciendo que es “una norma largamente demandada” por la entidad, y que significa “un paso decisivo para modernizar la organización de guardias y vacaciones, garantizar la asistencia farmacéutica continuada y reforzar la protección de las farmacias situadas en zonas rurales o en riesgo de despoblamiento”.
Una de las principales novedades de la normativa es la distinción que establece entre las urgencias diurnas y nocturnas, ambas fuera del horario habitual de asistencia. Los primeros se presentarán ininterrumpidamente de 9h a 22h; y los segundos, de 22h a 9h. “En la organización de los servicios de urgencia se tendrán en cuenta las farmacias que tengan autorizado un horario ampliado de 24 horas y las 12 horas”, señala.
La aprobación de este decreto “supone un avance decisivo en la ordenación de las urgencias farmacéuticas y en la equidad territorial en el acceso al medicamento. La nueva regulación aporta seguridad jurídica, permite una planificación más ajustada a la realidad de cada zona y refuerza la corresponsabilidad entre la Administración y los colegios profesionales”, destacan desde el Consell. Las medidas que incluye garantizan “una atención urgente de calidad en todo el territorio y se mejora la sostenibilidad de las farmacias, especialmente en áreas con riesgo demográfico, optimizando los recursos en un contexto sanitario marcado por la cronicidad y el envejecimiento”.
