De prejuicios y decisiones que salvan (o no) vidas

En salud, las decisiones nunca son neutras o inocuas. Y esconderse tras dogmas obsoletos no evita las consecuencias

Las decisiones, si afectan a la salud, no son inocuas.
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¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué se toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Son tres preguntas que cualquier persona con un mínimo de curiosidad se puede hacer en cualquier ámbito de la vida. En el sanitario, también. De hecho, son tres cuestiones sobre las que merece la pena reflexionar, porque de las respuestas dependerá algo tan importante como la salud, tanto individual como colectiva.

La inmensa mayoría de las innovaciones que a día de hoy salvan vidas, desde la vacuna más avanzada frente a un virus respiratorio hasta el tratamiento oncológico más novedoso, requieren una importante inversión. Y esa inversión, innegablemente, llega desde el sector privado. Acto seguido, la relación entre ese sector privado y el público, encarnado en las Administraciones, completa la ecuación que pone a disposición de los ciudadanos la mejor alternativa terapéutica posible para su problema de salud.

Cerrar los ojos ante esta situación responde más a dogmas que a lecturas realistas. Seguir tratando como compartimentos estancos lo público y lo privado no solo es una tesis obsoleta: es una política ineficiente y, en ocasiones, irresponsable. No obstante, a día de hoy sigue habiendo quien todavía se escuda en ellos, bien por convencimiento o bien como excusa con la que camuflar apuestas políticas que se realizan de palabra, pero no de presupuesto.

Ese diálogo y colaboración entre el sector y la Administración, la famosa colaboración público-privada, es el motor tanto de los avances que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, como una garantía de equidad. No es menor este aspecto en un momento en el que nos asomamos a una tendencia que va en aumento y que compromete el principio irrenunciable de que todos los ciudadanos españoles, al margen de donde residan, tengan a su disposición los mismos recursos.

La ideología es irrenunciable. Es una condición muy personal de cada individuo, partido político o gobernante. No obstante, debe pasar a un segundo plano o, simplemente, ser un elemento más de todos aquellos que componen el escenario en el que nos movemos en este sector. La salud, como se dice acertadamente, es lo primero.

Podríamos haber llenado estas líneas de ejemplos populistas sobre un uso inadecuado de fondos públicos. Pero eso no contribuye en nada a mejorar la toma de decisiones. Siempre es mejor seguir una línea constructiva y abierta, en el mismo sentido que debiera ser la relación entre los decisores y las compañías innovadoras. En la medida en la que estos dos actores se entiendan, dialoguen con la naturalidad propia de nuestro tiempo y sean capaces de llegar a acuerdos, la sociedad tendrá más y mejores armas contra la enfermedad.

Son numerosos los casos de éxito en este sentido, pero también son preocupantes aquellos casos en los que el esquema se rompe y una de las partes se encuentra con un muro sin visos de agrietarse. Cuando una comunidad decide retrasar una inversión en prevención o bloquear el acceso a una innovación ya disponible, no está tomando una decisión ideológica: está tomando una decisión sanitaria con consecuencias medibles.

Al sector farmacéutico no le hace falta ser acreedor de ningún privilegio. Únicamente ha de ser tratado sin ventajas, pero de forma justa. Es evidente -y también lógico- que el gasto sanitario se lleve buena parte de los presupuestos autonómicos. Con el paso de los años, posiblemente, necesitará incluso más. Durante mucho tiempo, como fruto de las políticas con más ideología que luces largas, no hemos apuntado a la prevención y esa factura la estamos viendo.

Apostemos más por la eficiencia y menos por los viejos dogmas. En salud, las decisiones nunca son neutras o inocuas. Y esconderse tras prejuicios obsoletos no evita las consecuencias.