La Comisión de Salud Pública (SANT) del Parlamento Europeo convirtió ayer el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer en un pulso político sobre prioridades, financiación y resultados. Mientras el Tribunal de Cuentas Europeo defendió que el plan "sí contribuye a la coordinación y aplicación de los esfuerzos de los Estados miembros", los eurodiputados —de casi todos los grupos— elevaron la presión para que la estrategia se traduzca en beneficios palpables para los pacientes y no se diluya entre "plataformas", objetivos dispersos y presupuestos inciertos.
Elvinger: valor añadido, pero "futuro incierto"
Joelle Elvinger, decana de la Sala I del Tribunal de Cuentas, abrió la sesión recordando la magnitud del problema: el cáncer es "la segunda causa principal de muerte" en la UE, con "casi 1,1 millones de fallecidos por cáncer cada año". Presentó el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer como una iniciativa "muy ambiciosa" lanzada en 2021, "un compromiso político" con "42 acciones" y "4.000 millones de euros" asignados desde varios programas europeos.
La auditoría, explicó, no buscaba medir resultados clínicos inmediatos: "Dado que los resultados y el impacto solo se pueden evaluar a largo plazo, nos hemos centrado en el diseño y en el progreso de su puesta en práctica". En ese marco, trasladó un balance con dos capas. La positiva: "El plan sí contribuye a la coordinación" y destacó que "todos los hitos para la puesta en marcha de plataformas, portales y redes para las 10 iniciativas emblemáticas se han cumplido, según lo previsto, a finales del 2024".
Sin embargo, puso el foco en los riesgos estructurales. En financiación, recordó que "para el 2025-27 el presupuesto de EU4Health se redujo en más de un 30%" y que "no sabemos qué impacto podría tener en el plan". Y elevó la alerta por el horizonte posterior: "Tampoco sabemos nada sobre la financiación después del 2027". La incertidumbre crece —señaló— porque "el plan europeo no tiene una fecha de finalización definida" y "muchas actividades se extienden más allá del 2027"; aunque "las acciones suelen durar hasta el 2030", "algunos objetivos están previsto para el 2040".
En ejecución, advirtió de "objetivos solapados" y de un riesgo claro: "Estos solapamientos corren el riesgo de duplicar el esfuerzo y pueden limitar el uso eficiente y eficaz de los recursos de la UE". En desigualdades, citó herramientas como el registro europeo y el rastreador de rendimiento, pero alertó de que "la utilidad dependerá de los datos regionales" y que "lamentablemente, los datos regionales no siempre se incluyen o existen". Sin datos completos, insistió, "es difícil analizar las desigualdades dentro de un estado miembro".
En evaluación, el diagnóstico fue severo: "Solo un tercio de los objetivos del plan tienen metas cuantificables", por lo que "la Comisión no va a poder evaluar sistemáticamente los avances" ni queda claro "cuándo podría llevarse a cabo una evaluación significativa".
El Tribunal planteó dos recomendaciones, aceptadas por la Comisión: "Mejorar la coherencia y utilidad a largo plazo" detectando "solapamientos y sinergias" y, además, un "marco global de seguimiento y evaluación" que contribuya a "la reducción de las desigualdades". Su conclusión fue un aviso con matices: "El plan es un paso adelante importante y ambicioso", pero "se necesitarían prioridades más específicas, mejores datos, una mayor adopción nacional y un marco fiable para después del 2027".
Eurodiputados: de la ejecución al paciente
El debate político giró menos en torno al diseño —ya conocido— y más en torno a lo que el plan debe producir en la práctica. Desde el PPE, Bartosz Arłukowicz cuestionó el enfoque disperso y lo describió como una cortina de humo: "Oímos muchas cosas acerca de la ejecución del plan, pero me parece que lo que se dice es básicamente una distracción". En este sentido, advirtió: "Nos fijamos tantos objetivos que no es posible cumplirlos y que al final el efecto será muy limitado". Su criterio de éxito fue explícito: "Tenemos que crear medidas que beneficien realmente a los pacientes… o que mejore su supervivencia".
Arłukowicz colocó el eje del acceso en el centro y reclamó un papel europeo en precios, dejando claro que piensa que la Comisión Europea "debe participar en la negociación de los precios, de los tratamientos y dispositivos más modernos". A su vez, lanzó una advertencia social: "De qué va a servir si las grandes farmacéuticas desarrollan nuevos fármacos y los pacientes no tienen la posibilidad de acceder a ellos, porque los gobiernos no se lo pueden permitir".
Desde S&D, Vytenis Andriukaitis convirtió el debate en una pregunta política directa: "La Comisión Europea afirma que el plan es un programa prioritario. Y, sin embargo, le recorta 1.000 millones de euros en financiación". También exigió claridad sobre el próximo marco financiero, denunciando que "no queda claro tampoco cuál va a ser la financiación dentro del próximo MFP" y reclamando que la Comisión "recupere esa financiación e incluya esos 1.000 millones en el nuevo MFP".
Renew Europe, con Vlad Vasile-Voiculescu, respaldó el "valor añadido europeo" del plan —"coordina los esfuerzos y sirve de catalizador"—, pero resumió el debate en tres amenazas: "Incertidumbre", "fragmentación" y "falta de rendición de cuentas". Sobre el presupuesto, reclamó "una financiación que sea predecible, así como un presupuesto transparente" para que el Parlamento pueda ver "qué se gasta y en qué objetivos". Sobre el diseño, avisó de que "cada vez hay más plataformas, portales, redes y aplicaciones" y que existe "un riesgo de solapamiento, duplicación y falta de adopción". Su propuesta: "Centrarse en menos iniciativas que sean interoperables y que se puedan utilizar a gran escala".
Desde Patriotas por Europa, Laurent Castillo reconoció "elementos positivos" como "mejoras de la detección del cáncer gracias a la IA", pero dijo estar "triplemente decepcionado con la respuesta de la Comisión". Rechazó que la Comisión se ampare en competencias nacionales: "Tiene que hacerse cargo de su propia responsabilidad, apoyar y coordinar", y criticó que esté tomando "medidas bastante flojas". Su conclusión fue una exigencia de continuidad: "Este plan debe servir de modelo" para otras estrategias de salud pública.
Los Verdes, con Tilly Metz, presionaron en prevención y tabaco. Recordó que el objetivo de que "menos del 5% de los europeos fumase de aquí a 2040" está lejos, porque actualmente Europa se encuentra "en torno al 25%". Criticó el retraso normativo: "Estamos en 2026 y seguimos a la espera de una propuesta de directiva para los productos del tabaco" y pidió al comisario "que hagan todo lo posible" para avanzar.
Desde La Izquierda, Catarina Martins resumió el temor compartido: "Si no hay dinero, todas estas aportaciones desaparecerán", y vinculó financiación con equidad: "Necesitamos fondos" para que el acceso a terapias sea "más igualitario".
En la segunda ronda, Elena Nevado (PPE) formuló el mensaje más político del día: "Lo que está en riesgo no es el futuro del plan, es la vida de millones de europeos" y exigió "financiación sólida y estable", "una gobernanza sólida, coordinada y real" y "centrar nuestros esfuerzos en reducir la desigualdad". Margarita de la Pisa (Patriotas por Europa) advirtió de que, pese a la ambición, se percibe una sensación "agridulce" en algunos países y pidió que el plan "no sea solo una suma de iniciativas, sino una herramienta útil y medible".
Comisión Europea: "sinergias", "prioridades" y evaluación
La respuesta institucional llegó de la mano de Matthias Schuppe, director adjunto de la Unidad Cáncer en todas las políticas de la Comisión Europea. Schuppe celebró la atención política al plan y sostuvo que el Tribunal ha confirmado que "el plan de lucha contra el cáncer está marcando una diferencia". Defendió que "las acciones lanzadas son útiles y traen consigo un verdadero valor añadido" y que "se han logrado los hitos de las 10 iniciativas emblemáticas". También afirmó que el plan "ha contribuido a reforzar y coordinar los esfuerzos de los estados miembros".
Frente a las críticas, prometió ejecución: "La Comisión está comprometida a sacar adelante y aplicar las recomendaciones del Tribunal", y fijó una hoja de ruta basada en la puesta en marcha de "sinergias" y la identificación de "prioridades garantizando siempre la sostenibilidad". A ello, añadió que "abordar las desigualdades" y centrarse "en el seguimiento y la evaluación" serán "elementos esenciales".
Elvinger, en su réplica, reforzó los puntos sensibles. Sobre desigualdades, insistió en que "persisten" de manera significativa y en que el impacto de las medidas "depende mucho del nivel de adopción" nacional. Sobre financiación, reiteró que la Comisión "no concretó qué partes del plan se verían afectadas" tras el recorte de EU4Health, lo que alimenta "incertidumbre". Y sobre control parlamentario, apuntó una demanda concreta: "Sería interesante que se presentase información desglosada por acción del plan".
En la segunda réplica, aportó un dato relevante de prevención: la vacunación frente al VPH en niñas de 15 años fue del "64% en 2023" como media europea y "la tendencia es positiva" desde 2013, aunque admitió vacíos: "No tenemos datos" de cinco Estados miembros y en otros tres la tendencia fue negativa entre 2013 y 2023.
Con todo, la sesión dejó un consenso poco habitual: el plan es necesario y aporta valor, pero la Comisión y los Estados miembros quedan bajo presión para que la lucha europea contra el cáncer no se mida por el número de iniciativas lanzadas, sino por resultados: prevención, acceso equitativo y, como resumió Arłukowicz, mejoras que "beneficien realmente a los pacientes" y que "mejore su supervivencia".
