El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido la reforma del sistema de copago de medicamentos tras su convalidación en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, 28 de mayo. En una publicación en su cuenta de Substack, Padilla ha subrayado que la medida responde a "la mejor evidencia disponible en materia de protección financiera de la población" y busca reducir "los problemas de acceso a medicamentos por motivos económicos".
Uno de los principales argumentos del secretario de Estado es que la reforma introduce mayor progresividad sin perjudicar a ningún colectivo. "Nadie pierde", afirma Padilla, que destaca que esta es "una de las características fundamentales de este nuevo modelo".
Según explica, las mejoras se concentran especialmente en las rentas más bajas y en la población activa con menor nivel de ingresos. En este sentido, Padilla sostiene que la reforma actúa "donde más falta hace", ya que los estudios disponibles señalan que el colectivo con menor protección era el de "la población activa con rentas bajas, especialmente en las personas con polimedicación".
El secretario de Estado considera que la implantación de topes de aportación en la población activa es "la acción que mayor capacidad tiene para proteger" a las personas con patologías crónicas y necesidades continuadas de medicación, especialmente aquellas con rentas bajas y medias.
Padilla también apunta que el nuevo modelo reducirá la aportación global de los usuarios al gasto farmacéutico. Según los datos que recoge, antes del Real Decreto-ley la ciudadanía asumía el 11,36% del gasto farmacéutico, mientras que el Sistema Nacional de Salud financiaba el 88,64%. Con la reforma, la aportación de los usuarios bajará al 9,55% y la financiación pública aumentará hasta el 90,45%.
El impacto presupuestario estimado ronda los 265 millones de euros anuales, una cantidad que, según Padilla, estará concentrada en "la población polimedicada de renta media-baja y baja".
En su publicación, el secretario de Estado también responde a algunas críticas a la reforma. Sobre la diferencia entre población activa y pensionista, defiende que esta distinción puede justificarse porque la población pensionista constituye "un grupo de mayor prevalencia de enfermedades crónicas y de polimedicación".
Respecto a quienes reclaman eliminar por completo el copago, Padilla recuerda que esa medida tendría un impacto "en torno a 1.663 millones de euros al año". Aunque admite que el copago no es necesariamente "la mejor manera" de evitar la acumulación de medicamentos no utilizados, considera que la prioridad debe ser reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.
En este sentido, plantea que futuras medidas podrían pasar por crear "un listado de medicamentos de alto valor + alta evidencia" que quedaran exentos de aportación por parte del usuario.
Padilla concluye que la reforma "dibuja una situación de muchísima mayor protección financiera" para quienes más lo necesitan. En concreto, sostiene que la medida protege especialmente a la "población activa polimedicada" y lo hace "sin generar ningún perdedor" y actuando "de manera clara sobre los colectivos con mayor riesgo de no poder acceder a medicamentos por motivos económicos".
