El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes Colombia ha vuelto a poner el foco en la capacidad de los sistemas sanitarios para responder cuando una catástrofe altera de forma repentina la atención a la población. Al menos 132 personas han muerto y más de 570 han resultado heridas, según los primeros balances de las capitales del país, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. El seísmo, registrado a las 7.34 hora local, se sintió en buena parte del centro y oeste de Colombia y también en países como Ecuador, Panamá y Venezuela.
Los hospitales y los equipos de emergencia concentran buena parte de la respuesta durante las primeras horas, pero la asistencia sanitaria no termina cuando concluyen las labores de rescate. En los días posteriores, garantizar que los pacientes puedan seguir accediendo a sus tratamientos se convierte en otro de los grandes retos de cualquier emergencia. Es ahí donde la red de farmacias adquiere un papel especialmente relevante.
Una catástrofe puede dejar sin suministro eléctrico a una zona, interrumpir las comunicaciones, bloquear las carreteras o impedir que la distribución farmacéutica llegue con normalidad a determinados municipios. También puede provocar daños directos en las oficinas de farmacia y dificultar la dispensación de medicamentos precisamente cuando aumenta la necesidad de atención sanitaria. Para los pacientes crónicos, además, una interrupción del tratamiento puede convertirse rápidamente en un problema de salud añadido a la propia emergencia.
Al menos 132 personas han muerto y más de 570 han resultado heridas, según los primeros balances de las capitales del país, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en el terremoto de Colombia
La experiencia de la DANA que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 constituye un ejemplo de cómo la red farmacéutica puede responder ante un escenario de estas características. El temporal dejó alrededor de medio centenar de farmacias completamente destruidas, pero la asistencia farmacéutica consiguió restablecerse en pocos días mediante la habilitación de botiquines de emergencia y la coordinación entre el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), los ayuntamientos, los centros sanitarios, la distribución farmacéutica y los servicios de emergencia.
La respuesta puso de manifiesto que mantener abierta una farmacia en una zona afectada por una catástrofe requiere mucho más que disponer de medicamentos. Durante la DANA, uno de los principales problemas fue precisamente hacer llegar los tratamientos a las zonas que habían quedado aisladas. Las dificultades de acceso obligaron a coordinar el transporte con la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros servicios de seguridad para garantizar que los medicamentos llegaran allí donde la distribución convencional no podía acceder.
A este problema se sumaron otros obstáculos que afectan directamente al funcionamiento de una oficina de farmacia. La falta de electricidad, internet y telefonía dejó a numerosos establecimientos sin posibilidad de trabajar con normalidad. Para acelerar la recuperación de la actividad, el MICOF facilitó equipos informáticos preparados para la dispensación de receta electrónica y mobiliario provisional a las farmacias que podían reabrir parcialmente.
Para acelerar la recuperación de la actividad, el MICOF facilitó equipos informáticos preparados para la dispensación de receta electrónica y mobiliario provisional a las farmacias que podían reabrir parcialmente
La coordinación también fue determinante para conocer dónde podía recibir atención la población. Desde la sede colegial se habilitó un centro de coordinación que permitió conocer en tiempo real qué farmacias permanecían operativas, organizar el voluntariado y mantener una comunicación permanente con la administración sanitaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ejército, los ayuntamientos, las organizaciones humanitarias y las empresas de distribución farmacéutica.
El dispositivo permitió, además, mantener informada a la ciudadanía sobre los puntos de atención disponibles. El listado de farmacias operativas se actualizaba diariamente en la web y las redes sociales, mientras que el localizador de farmacias se adaptó para mostrar únicamente aquellos establecimientos que permanecían abiertos. El objetivo era garantizar que, incluso en un territorio afectado por cortes de carreteras y daños en las infraestructuras, la población tuviera identificado al menos un punto de atención farmacéutica.
La experiencia llevó posteriormente al MICOF a desarrollar un Plan de Actuación ante Emergencias en Farmacias Comunitarias. El protocolo establece tres niveles de actuación —estratégico, operativo y táctico— y seis fases de intervención, desde la activación del Comité de Crisis hasta la recuperación completa del servicio. El objetivo es anticipar las dificultades que puede generar una emergencia y establecer cómo mantener la actividad de las farmacias, garantizar el acceso a los medicamentos y proteger especialmente a los colectivos más vulnerables.
La respuesta de la farmacia durante las catástrofes
La necesidad de contar con estos mecanismos no es exclusiva de España. La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ya recoge en su Declaración de Política sobre el papel de los farmacéuticos en la gestión de catástrofes y emergencias, publicada en 2023, que los farmacéuticos desempeñan un papel fundamental para garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales y suministros médicos durante este tipo de situaciones.
El planteamiento de la organización internacional parte de una premisa: la respuesta ante una catástrofe comienza antes de que esta se produzca. La FIP señala la importancia de que los farmacéuticos colaboren con gobiernos, autoridades locales y organismos de gestión de emergencias en la elaboración de planes de respuesta, participen en simulacros y se coordinen con el resto de profesionales sanitarios.
La planificación incluye también cuestiones especialmente relevantes para la farmacia, como la gestión de las existencias, la previsión de posibles interrupciones del suministro, la identificación de pacientes y poblaciones especialmente vulnerables o la preparación frente a situaciones de desabastecimiento. A ello se suma la necesidad de disponer de estrategias de comunicación que permitan combatir la desinformación y evitar compras de pánico que puedan agravar los problemas de suministro.
Una vez que se produce la emergencia, el papel de la farmacia cambia, pero no desaparece. La FIP subraya que su función es mantener la asistencia a los pacientes y a la población y que, para ello, los farmacéuticos deben coordinarse con otros profesionales sanitarios, organizaciones comunitarias y autoridades responsables de la respuesta.
Los terremotos de Colombia y Venezuela vuelven a situar esta cuestión en primer plano. En una catástrofe, la prioridad inicial es rescatar a las personas atrapadas, atender a los heridos y estabilizar las infraestructuras críticas. Pero, una vez superadas esas primeras horas, aparecen otras necesidades que condicionan la recuperación de la población: garantizar los tratamientos de los pacientes crónicos, mantener la cadena de suministro, recuperar la dispensación y asegurar que los ciudadanos sepan dónde pueden recibir atención.
La experiencia de Valencia demuestra que la farmacia puede convertirse en uno de esos puntos de continuidad asistencial. Y también que su capacidad de respuesta depende, en buena medida, de lo que se haya preparado antes de que llegue la emergencia. La planificación, la coordinación entre agentes y la capacidad de adaptar la red farmacéutica a un escenario excepcional son, en última instancia, herramientas para evitar que una catástrofe provoque una segunda crisis sanitaria: la interrupción del acceso a los medicamentos.
