El Senado sigue batallando para que las comunidades autónomas obtengan la transferencia de la gestión sanitaria en las Instituciones Penitenciarias (II.PP). Una acción que responde al cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Tras ser aprobada mediante Proposición No de Ley por todos los grupos de la Cámara Alta, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, compareció para dar la respuesta gubernamental. “El Gobierno de España está trabajando para el cumplimiento de la legislación vigente y también para dar cumplimiento a la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003”, espetó.
La respuesta del ministro no contentó a la impulsora de la proposición, Isabel Mora (Podemos), quien argumentó a Zoido que sus palabras no se ajustaban a la realidad vivida en los últimos cuatro años. “En el año 2014 se dieron por vencidos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias todos los convenios de colaboración con las comunidades autónomas en materia de sanidad y se les forzó y se les dejó de pagar la asistencia sanitaria. Según nuestros datos tenemos una estimación de que les debe a las comunidades autónomas en 2015 unos 25 millones de euros sin contar con los medicamentos de la hepatitis”, explicó.
El ministro del Interior y la senadora de Podemos discutieron sobre la política de la última legislatura
Es precisamente en este aspecto donde existe gran controversia. Según dejó entrever la senadora de Podemos, el Gobierno pretende ceder la competencia sin hacer frente a esa ‘mochila’ económica que acarrea. Este extremo fue rechazado por el ministro, quien explicó que han sido las comunidades quienes se han querido desentender. “La Dirección General, a lo largo de los últimos cuatro años, ha estado insistentemente queriendo transferir estas competencias a las comunidades. Ninguna ha querido escuchar”, dijo.
