Cuando se convocaron elecciones a finales de 2015 pocos podían pensar que el devenir de aquellos comicios fueran otros seis meses después. La conclusión fue la de prácticamente un año de Gobierno en funciones que no pudo acometer las reformas que quedaron pendientes. Fue el caso del Real Decreto de Precios y Financiación. Aquel proyecto estaba a la espera de un Ejecutivo que lo mandase para su convalidación al Consejo de Estado. Y no se trata de un texto baladí. Bajo aquellas letras subyace un asunto que será primordial en esta legislatura: mejorar el acceso a la innovación en términos de calidad y equidad.
Esta demanda no aparece de forma explícita en el acuerdo de investidura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero sí se puede ver entrelíneas. Mejorar el acceso a la tecnología sanitaria, elaborar un portal de transparencia, que no es más que una conjunción de datos destinados a evaluar y medir de forma constante. También quienes no apoyaron a Rajoy en la investidura tienen algo que decir. Podemos quiere crear una subcomisión para abordar la problemática del acceso.
El Ministerio de Sanidad guarda bajo llave el innovómetro. Este sistema ideado desde la Dirección General de Farmacia junto a una universidad, es otra de las herramientas puestas a disposición de medir la aportación en términos de salud de los medicamentos y las tecnologías sanitarias. Además, la pretensión es que su resultado incida de forma directa en las decisiones de precio y financiación.
También se echa en falta una legislación —que puede ser también el Real Decreto de Precio— que aclare el modo de operar e introducir los medicamentos biosimilares. Las dudas (clínicas o de gestión) existen y las iniciativas parlamentarias aprobadas como la de la ex portavoz Concepciò Tarruella aún esperan el Gobierno que las aborde.
Además del tema puramente farmacéutico, también el Gobierno tendrá que aclarar qué pasa al final con la prescripción enfermera. Los grupos parlamentarios quieren la derogación de la norma aprobada por Alonso in extremis. ¿Acogerá Dolors Montserrat las demandas del Congreso de los Diputados?
