Hay un conjunto de farmacéuticos —en concreto todos aquellos que ejercen como titulares o empleados en las cerca de 3.200 boticas existentes en Cataluña— que han permanecido ajenos a las recientes negociaciones mantenidas por FEFE, Fenofar y UGT que rubricaron el pasado 19 de enero con la firma del XXV convenio colectivo de farmacias.
Una indiferencia que tiene su justificación, dado que dichas negociaciones no eran su ‘negociado’, valga la redundancia. Las farmacias de esta región cuentan desde 2014 con su propio convenio —excepto las de la provincia de Barcelona, que también disponen del suyo propio con anterioridad, desde 1994—. No obstante, casi coincidente en el tiempo con este acuerdo nacional, las patronales farmacéuticas de Tarragona, Lérida y Gerona representadas en la regional Fefac también se encuentran negociando con los sindicatos un texto que sustituya a su I convenio Interprovincial (2013-2014) que se viene prorrogando en los tres últimos ejercicios.
Según confirma a EG José Manuel Moya, asesor jurídico en materia laboral de Fefac y de su Negociación Colectiva, se prevé concluir estas conversaciones “en los próximos meses”. No obstante, de forma paralela, el objetivo pasa porque “en un futuro quizá no muy lejano” ambos convenios (el de Barcelona y el vigente en las otras tres provincias) puedan “converger” en un solo texto.
A favor de esta posibilidad juega el hecho de que el convenio barcelonés expira este 31 de diciembre de 2017, por lo cual su renegociación también debe comenzar a mediados del actual ejercicio. “La voluntad de los agentes sociales implicados en las negociaciones es ir progresando hacia una convergencia tanto de salarios como del resto de condiciones laborales aplicables en las farmacias de Cataluña”, opina el asesor jurídico de Fefac.
El XXV convenio, impugnadoRespecto al XXV convenio colectivo nacional firmado el 19 de enero por FEFE, Fenofar y UGT —únicos integrantes de la mesa negociadora— el texto ha sido impugnado por el sindicato CC.OO ante la Dirección General de Empleo, la cual debe dar su visto bueno final antes de su publicación en el BOE.
No obstante, los asesores jurídicos de las patronales descartan opciones de éxito a esta solicitud, dado que ya existe una sentencia de la Audiencia Nacional —si bien será recurrida ante el Tribunal Supremo— que daba validez a la consitución de la mesa “y sin que los demandantes (CC.OO, UTF y Fetrafa) pidiesen por entonces ningún tipo de medida cautelar sobre la mesa o sus decisiones futuras”, apuntan.
