La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, Satse, ha presentado este 14 de junio un estudio encargado a una empresa externa (Análisis e Investigación) el cual da a conocer qué opinarían los pacientes (a tenor de sus resultados) sobre las pretensiones asistenciales que vienen reclamando las oficinas de farmacia. Unas actuaciones asistenciales “cuya competencia corresponde exclusivamente a médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud y que ya están siendo prestadas sin que supongan ningún tipo de desembolso directo por parte de los ciudadanos”, indican estas entidades. Sin embargo, el ‘ataque’ no queda ahí: “ las oficinas de farmacia, establecimientos privados, pretenden cobrar por todos y cada uno de dichos servicios, ya sea directamente al paciente, a las CC.AA., a las mutualidades o a una combinación de todos ellos”, tal y como han reconocido en numerosos congresos y foros”, exponen en un comunicado antes de presentar los resultados.
La Mesa Enfermera defiende la realización de esta encuesta dado que “ni farmacéuticos ni políticos se habían planteado preguntar a los pacientes su opinión”. Según los resultados presentados, nueve de cada diez personas mayores de 55 años con una enfermedad crónica y/o los cuidadores de los mismos considerarían que el control de su tratamiento sólo debe ser realizado por médicos y enfermeras (90,3 por ciento), y no por farmacéuticos El índice de personas que estaría de acuerdo con que los farmacéuticos de las oficinas de farmacia sean quienes controlen su adherencia al tratamiento no llega ni al nueve por ciento (8,8%).
Los presidentes de SATSE y del Consejo General de Enfermería, Manuel Cascos, y Florentino Pérez Raya, respectivamente, han subrayado que la encuesta “deja muy claro que mayores y enfermos crónicos están muy satisfechos de la atención que reciben de las enfermeras y médicos y no quieren que el control y seguimiento de sus tratamientos lo realicen otros profesionales”.
La encuesta sobre “Las visitas del personal de las farmacias a los domicilios de personas mayores con enfermedades crónicas” ha sido realizada a cerca de 900 personas mayores de 55 años en tratamiento por una enfermedad crónica y personas que los cuidan y apoyan en su enfermedad. El estudio también sondea a los pacientes respecto a la pretensión de las oficinas de farmacia de que sus propietarios o sus empleados vayan a las casas de los mayores y enfermos crónicos para que comprueben sus botiquines y el correcto seguimiento de sus respectivos tratamientos. Los pacientes son tajantes al respecto: un 90,3 por ciento contesta que dicho control domiciliario sólo deben realizarlo médicos y enfermeros, que son los profesionales competentes.
Siempre según estos resultados, solo el 2 por ciento de los pacientes crónicos y sus cuidadores entendería que la sanidad pública pagase a las oficinas de farmacia por el control de los medicamentos a domicilio.
Al igual que otros ataques pasados en este mismo sentido (desacreditar la farmacia asistencial y la asunción de nuevas funciones por las boticas), desde la Mesa de la Profesión Enfermera se recalca que la farmacia comunitaria “es una privatización encubierta que supone una clara estafa al Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales que ya realizan médicos y enfermeros en Atención Primaria”. “Los farmacéuticos no tienen respaldo legal ni competencias propias y les mueve un claro interés de lucro empresarial”, añaden.
