El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha presentado en Madrid, en el III Foro del Consejo Asesor Social, el estudio “La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad”, elaborado en colaboración con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y las entidades sociales que integran este órgano consultivo.
El informe examina las barreras administrativas, normativas y de coordinación que dificultan el acceso a la atención sanitaria y sociosanitaria, así como el papel de los distintos actores implicados. Entre ellos, destaca la red de farmacias comunitarias, señalada como puerta de entrada accesible al sistema sanitario y agente clave para reforzar la equidad, la continuidad asistencial y la sostenibilidad de los servicios esenciales.
El III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica ha sido inaugurado por Antonio Rodríguez, director comercial de Negocios de CaixaBank, y clausurado por Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y María Jesús Herrera, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones.
“La migración forma parte de nuestra realidad presente y futura, y si queremos un sistema equitativo y sostenible tenemos que garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atención sanitaria”
En su intervención, Aguilar ha subrayado que, desde su creación, este espacio ha abordado cuestiones como la salud mental, los determinantes sociales o la soledad, y que en esta ocasión el foco se ha puesto en la migración para “avanzar hacia sistemas de salud más inclusivos y mejor coordinados”. “La migración forma parte de nuestra realidad presente y futura, y si queremos un sistema equitativo y sostenible tenemos que garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atención sanitaria”, ha afirmado.
Asimismo, ha destacado que el cuarto informe del CGCOF recoge diez recomendaciones concretas, entre ellas “armonizar la normativa de acceso a la atención”, reforzar la coordinación y la continuidad asistencial o “potenciar la farmacia comunitaria como agente de proximidad, con capacidad para detectar necesidades complejas de manera temprana”. Ha reconocido que persisten barreras administrativas, culturales y de información, pero ha defendido que la red de más de 22.200 farmacias constituye un activo clave para mejorar la accesibilidad y el acompañamiento a las personas migrantes.
En este contexto, ha defendido que la farmacia comunitaria desempeña un papel esencial para avanzar en la equidad del sistema, especialmente en la atención a las personas migrantes. Aguilar también ha reivindicado una mayor integración de la farmacia en las estrategias sanitarias y sociosanitarias para que esa contribución sea efectiva. “Cuidar la salud no es solo atender enfermedades, sino comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, independientemente de su origen”, y ha asegurado que ese es y seguirá siendo “el compromiso de la Farmacia”.
Por su parte, Herrera ha incidido que garantizar el acceso a la salud de las personas migrantes es hablar “de equidad, de dignidad y de cohesión social” y ha recordado que, desde la experiencia acumulada por la OIM en más de 170 países, la salud “no es un elemento accesorio en los procesos migratorios, sino un componente estructural en la inclusión y el desarrollo”. Además, ha advertido de que las barreras administrativas, lingüísticas o culturales no solo afectan a las personas migrantes, sino que generan ineficiencias y brechas en todo el sistema.
El acceso a la salud de las personas migrantes es hablar “de equidad, de dignidad y de cohesión social”
Al igual que Aguilar, Herrera ha destacado el papel estratégico de la red de farmacias comunitarias como primer punto de contacto sanitario y espacio de confianza en contextos de diversidad cultural: “Esa cercanía marca la diferencia entre la exclusión y el acceso efectivo a la salud”, defendiendo un enfoque coordinado entre administraciones, colegios profesionales y sociedad civil para transformar las recomendaciones del decálogo en políticas y resultados medibles.
Presentación del informe
La encargada de exponer los principales resultados ha sido Laura Agúnez, policy officer de ISGlobal e investigadora principal del informe, quien ha subrayado que las conclusiones “son el resultado de un intenso trabajo de revisión de la evidencia que se sometió a un proceso de discusión crítica”.
Agúnez ha detallado que la elaboración del documento comenzó con una revisión exhaustiva de la literatura científica y de informes procedentes de fuentes nacionales e internacionales, incluyendo organismos como el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento y la OMS, además de trabajos previos del tercer sector. Posteriormente, el 28 de noviembre se celebró una sesión de trabajo con el Consejo Asesor Social, en la que se compartieron borradores y se incorporaron aportaciones de las organizaciones participantes. “Pudimos poner en común los borradores y recoger las aportaciones de estas asociaciones; aportó mucho al producto final”, ha señalado.
El informe se estructura en cuatro policy briefs. El primero aborda el estado de salud de la población migrante y las barreras administrativas y legislativas que condicionan el acceso, más allá de la justificación del derecho a la asistencia. El segundo introduce una perspectiva interseccional, analizando cómo factores como el género, la vivienda, la situación laboral, las etapas vitales extremas o la discapacidad convergen y generan vulnerabilidades complejas. El tercero se centra en la competencia cultural en la asistencia sanitaria y en la necesidad de poner en valor la figura de la mediación intercultural. El cuarto examina el engranaje entre los sectores sanitario y social, así como las dificultades de coordinación y la ausencia de sistemas interoperables.
“La migración es un pilar estructural y económico, necesario para la sostenibilidad del sistema de bienestar y del sector de los cuidados”
Entre las ideas clave, Agúnez ha defendido que “la migración es un pilar estructural y económico, necesario para la sostenibilidad del sistema de bienestar y del sector de los cuidados”. También ha recordado el denominado “efecto del inmigrante sano”, por el que las personas migrantes presentan de media mejor estado de salud inicial, aunque este se deteriora posteriormente debido a condiciones socioeconómicas adversas y obstáculos en el acceso a la asistencia. El estudio constata, además, desigualdades territoriales entre comunidades autónomas y entre entornos rurales y urbanos, así como barreras administrativas, culturales y lingüísticas.
La investigadora ha puesto el foco en la especial vulnerabilidad en salud mental, vinculada a la exposición a traumas durante el proceso migratorio y en el lugar de destino, la falta de redes de apoyo y la dimensión cultural de la atención. En este ámbito, ha destacado que la mediación intercultural “no es una figura institucionalizada en los centros de atención”, pese a su relevancia. Asimismo, el documento subraya la importancia de la participación comunitaria para generar confianza en el sistema y mejorar la detección de necesidades.
En clave farmacéutica, el informe resalta el papel de la farmacia comunitaria como “radar social a pie de calle”, un recurso de fácil acceso, vinculado al territorio y con capacidad de resolución rápida. Entre las recomendaciones se incluye potenciar su función como agente sociosanitario de proximidad, especialmente en la detección temprana de necesidades complejas y en el acceso a servicios como la vacunación.
El texto también plantea armonizar la normativa de acceso, simplificar y agilizar procedimientos administrativos, fortalecer la formación intercultural de los profesionales, incorporar mediadores e intérpretes como personal estructural e impulsar una financiación estable que permita pasar de un enfoque reactivo a una planificación estratégica a largo plazo.
El III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutico también sirvió para dar a conocer un decálogo de recomendaciones con las que avanzar hacia el acceso equitativo de las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria. Este decálogo, al igual que el informe, ha sido elaborado por el Consejo Asesor Social, que está formado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Cáritas, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Cruz Roja, Farmamundi, Fundación ONCE, IMSERSO, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Unicef.
"Historias que cruzan fronteras"
Durante el encuentro, y bajo el título “Historias que cruzan fronteras: el valor humano de la migración en España”, ha tenido lugar un diálogo entre Aminata Soucko, presidenta de la Red Aminata, y Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), que compartieron sus experiencias y vivencias bajo la moderación de Gonzalo Fanjul, director de Análisis de Políticas y Desarrollo del ISGlobal.
Durante la intervención de Soucko ha puesto rostro a las consecuencias sanitarias y sociales de prácticas como la mutilación genital femenina, que sufrió con apenas una semana de vida y que condicionó su salud física y psicológica. Desde su experiencia, ha relatado el impacto de esta violencia estructural en la vida de muchas mujeres migrantes y cómo el desconocimiento del idioma y de sus derechos retrasa el acceso a la atención sanitaria y a los recursos de apoyo.
“El idioma es un factor muy importante para la integración”, ha subrayado, al explicar que no fue hasta que aprendió español cuando pudo empezar a romper el aislamiento y buscar ayuda. Su testimonio ha evidenciado la importancia de contar con profesionales sanitarios formados en competencias interculturales y capaces de detectar situaciones de vulnerabilidad más allá de la demanda clínica inmediata.
Por su parte, Espínola ha gradecido la elaboración del informe y ha destacado que refleja con claridad la realidad diversa de la migración en España. Llegó en 2009 para hacer el Camino de Santiago y decidió quedarse, pero, pese a su formación como licenciada en Administración de Empresas, el único empleo al que pudo acceder fue el trabajo del hogar. Una experiencia que, ha explicado, le permitió tomar conciencia de las “violencias estructurales” y de las condiciones de vulnerabilidad que afectan a muchas mujeres migrantes en este sector.
Realidades de la población migrante
Tras sus intervenciones, se ha celebrado la mesa de debate “Cuidar sin preguntar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Coordinación para una atención sociosanitaria integral a la población migrante”, moderada por la tesorera del Consejo de Colegios Farmacéuticos. En ella han participado como ponentes, Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER); Fátima Cabello, subdirectora del Área de Salud de Cruz Roja; Sara Valverde, presidenta de Farmamundi, y Paula Echeverría, técnica de Incidencia Política y Defensa de Derechos en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
Valverde ha puesto el foco en la diversidad de realidades dentro de la población migrante y en el papel estratégico de la red de 22.231 farmacias comunitarias como primer punto de contacto con el sistema sanitario. “Los migrantes no son un grupo homogéneo”, ha subrayado, diferenciando entre quienes se encuentran en situación regular y plenamente integrados y aquellas personas sin regularización ni empleo estable, que son las que “se van a acercar a la farmacia y se van a encontrar millones de barreras”.
En este sentido, ha afirmado que muchas veces “el primer contacto con el sistema sanitario va a ser a través de la farmacia”, por lo que el farmacéutico debe ser capaz de “trascender la barrera lingüística” y, sobre todo, la cultural, dejando a un lado prejuicios para generar confianza: “Una vez que han entrado en nuestra farmacia tenemos que ser la puerta de entrada al sistema; yo quiero que vuelvas a venir y que tengas confianza”.
"el primer contacto con el sistema sanitario va a ser a través de la farmacia", por lo que el farmacéutico debe ser capaz de “trascender la barrera lingüística”
Por su parte, Quintanilla ha centrado su intervención en las múltiples barreras que afrontan las mujeres migrantes en el medio rural, desde las “barreras legales y administrativas” hasta lo que definió como una “barrera ideológica” que cuestiona su presencia y sus derechos. “Cuando una mujer inmigrante coge un billete de avión o se monta en una patera no viene porque le guste el desarraigo, viene a buscar un futuro”, afirmó, reivindicando su aportación al mercado laboral y al sistema de cuidados. En este escenario, defendió que la farmacia es “el único servicio público que nos queda en el medio rural” y propuso impulsar una campaña bajo el lema “tu farmacia te escucha” para favorecer la integración: “Hablar de mujer inmigrante en el mundo rural es hablar de igualdad y de justicia social”.
Asimismo, Cabello ha incidido en que los determinantes sociales “son algo totalmente transversal para la salud” y afectan de manera especial a la población migrante. La responsable alertó de la falta de protocolos claros y de las diferencias entre comunidades autónomas e incluso entre centros de salud, lo que genera incertidumbre en el acceso al sistema. “Muchas veces las personas, debido a esa falta de información y a la opacidad en su situación administrativa, tienen miedo de acudir al sistema de salud”, ha explicado, advirtiendo de que problemas inicialmente menores pueden agravarse por la demora en la atención.
Por último, Echeverría ha abordado la realidad de la población migrante desde la perspectiva de la cronicidad, recordando que “somos personas con necesidades crónicas y enfermedades crónicas” y que este es un problema creciente también entre quienes llegan a España. A su juicio, la “primera pata es la incertidumbre”, derivada de la situación administrativa cambiante y de las diferencias normativas entre comunidades autónomas y centros, lo que genera “miedo, no saber qué derechos tienen ni a qué lugares acudir”.
En patologías crónicas, ha advertido, esto se traduce en retrasos en la búsqueda de atención y en un empeoramiento de enfermedades que cursan por brotes y se agravan en contextos de estrés y vulnerabilidad, con el consiguiente impacto en resultados en salud y en costes para el sistema. En este contexto, ha señalado que la farmacia comunitaria, como entorno cercano y menos intimidante, representa “una primera puerta de entrada” y una oportunidad para generar confianza, recabar información y fortalecer redes que mejoren la atención a estos pacientes.
