Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con el respaldo mayoritario del Grupo Parlamentario Socialista, el dictamen de la reforma de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de la región. La nueva norma, que ha salido adelante con la abstención o el voto en contra de Partido Popular y Vox en distintas votaciones, introduce cambios orientados a garantizar la viabilidad y eficiencia de las oficinas de farmacia, así como a reforzar el acceso equitativo a la prestación farmacéutica, especialmente en entornos rurales.
El texto aprobado, que modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, incorpora medidas dirigidas a adaptar la organización farmacéutica a las necesidades actuales del territorio. Entre ellas, se incluyen figuras como el farmacéutico regente, el impulso de depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios y la regulación de botiquines provisionales. Asimismo, la reforma pone el foco en las zonas rurales o en riesgo de despoblación, donde se flexibilizan requisitos como la distancia mínima entre núcleos de menos de 1.500 habitantes y se facilita la dispensación no presencial de medicamentos.
La norma también avanza en la ordenación de ámbitos específicos como la radiofarmacia y abre la puerta a la creación de servicios farmacéuticos en centros penitenciarios, además de reforzar la red de depósitos vinculados al Sescam en el ámbito sociosanitario. A ello se suma una mayor claridad en aspectos como la planificación farmacéutica, la transmisión de oficinas de farmacia y la regulación de la dispensación de medicamentos veterinarios, alineando la normativa autonómica con el marco estatal vigente.
La asistencia farmacéutica, un reto estructural
Durante el debate parlamentario, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha subrayado que la asistencia farmacéutica constituye un reto estructural en una comunidad con más de dos millones de habitantes, 919 municipios y una elevada dispersión geográfica: "El modelo que impulsamos es proteger aún más a la atención farmacéutica en zonas rurales y poco pobladas". En este sentido, ha defendido que la reforma legislativa busca reforzar el modelo existente y proteger especialmente la atención farmacéutica en zonas poco pobladas. Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 1.289 oficinas de farmacia y 267 botiquines, muchos de ellos ubicados en municipios de menos de 500 habitantes.
Además, la nueva ley introduce medidas destinadas a facilitar la actividad profesional de los farmacéuticos, mediante una mayor flexibilidad en el ejercicio y mejoras en la organización de las oficinas de farmacia. El texto también refuerza la seguridad jurídica en situaciones como la jubilación activa o parcial y recoge aspectos relacionados con la conciliación, al tiempo que amplía el marco de actuación profesional. Según ha destacado Fernández Sanz, el objetivo final es "establecimiento y la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural, promovieron una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población que residen en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación".
