La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una propuesta de enmienda al proyecto de ley que reforma la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria con el objetivo tener "un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración". El sindicato propone un copago general del 30% para las personas trabajadoras en activo y la exención total para pensionistas y pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración.
La iniciativa se registra en el marco de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley 11/2026, cuya principal novedad es la ampliación de los tramos de aportación para la población activa, que pasan de tres a seis categorías según el nivel de renta.
El Gobierno defiende que el sistema vigente generaba situaciones de inequidad, especialmente entre pacientes activos con patologías crónicas, que hasta ahora no contaban con límites mensuales de aportación. La reforma introduce topes para las rentas inferiores a 35.000 euros: quienes ingresen menos de 9.000 euros mantendrán un copago del 40% con un máximo de 8,23 euros al mes, mientras que las rentas entre 9.000 y 17.999 euros tendrán el mismo porcentaje con un límite de 18,52 euros. Entre 18.000 y 34.999 euros, la aportación será del 45% con un tope de 61,75 euros mensuales. A partir de 35.000 euros desaparecen los límites de gasto y los porcentajes oscilan entre el 45% y el 60%.
Frente a este modelo, CSIF plantea recuperar para pensionistas y pacientes crónicos la situación previa a la reforma de 2012. En palabras del sindicato, la propuesta busca “un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo”, así como la “gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos”.
Actualmente, los pensionistas del régimen general abonan el 10% del precio de los medicamentos —salvo las rentas superiores a 100.000 euros, que pagan el 60%—, mientras que los mutualistas aportan un 30% tanto si están en activo como jubilados. Los pacientes crónicos también contribuyen con un 10% sujeto a topes mensuales.
CSIF considera que “se mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas” y sostiene que “no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor”.
Impacto en las oficinas de farmacia
Más allá del debate sobre la equidad del sistema, la reforma tendrá un impacto directo en la actividad de las farmacias comunitarias, que deberán adaptar sus sistemas de dispensación para aplicar los nuevos límites de aportación y gestionar los cambios previstos en la receta electrónica.
Desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) aseguran que respetan la decisión adoptada por el Congreso y comparten los objetivos sociales de la medida. “Compartimos la necesidad de proteger a los pacientes más vulnerables y de evitar que motivos económicos dificulten la adherencia a los tratamientos”, señalan desde la patronal.
No obstante, la organización advierte de las implicaciones operativas que puede generar la reforma para la red farmacéutica. En este sentido, considera que “cualquier modificación del sistema debe hacerse contando con la farmacia, evaluando adecuadamente el impacto económico, operativo y tecnológico que estas medidas pueden generar sobre una red de más de 22.000 farmacias que constituye uno de los pilares de cohesión y accesibilidad del Sistema Nacional de Salud”.
FEFE también alerta sobre la creciente acumulación de obligaciones administrativas para las boticas. “La farmacia española no puede seguir siendo el elemento sobre el que recaen de forma permanente nuevas cargas administrativas, adaptaciones técnicas y tensiones económicas sin una planificación suficiente ni mecanismos de compensación adecuados”, subraya.
Por ello, la federación ha reclamado al Ministerio de Sanidad la apertura de una vía de trabajo conjunta con el sector. “Pedimos al Ministerio de Sanidad que abra un espacio de diálogo real con el sector para analizar la implantación práctica de la reforma, garantizar su viabilidad y evitar desigualdades territoriales o problemas de gestión que puedan acabar repercutiendo tanto en los pacientes como en las propias oficinas de farmacia”, concluye.
En una línea similar, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha valorado positivamente las medidas orientadas a mejorar la equidad y la adherencia terapéutica, aunque también ha advertido del “importante esfuerzo” tecnológico y asistencial que exigirá la puesta en marcha del nuevo modelo de copago en la red de farmacias.
Con el plazo de presentación de enmiendas próximo a concluir, la propuesta de CSIF añade un nuevo elemento al debate sobre la reforma del copago farmacéutico, una medida con implicaciones tanto para pacientes y mutualistas como para las más de 22.000 farmacias comunitarias encargadas de su aplicación diaria.
