El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, con 164 votos a favor, el Real Decreto-ley que reforma el sistema de copago farmacéutico ambulatorio, en vigor desde el pasado 14 de mayo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante el debate parlamentario, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la medida asegurando que busca “hacer el sistema más progresivo, más justo” y reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y medias.
La convalidación del Real Decreto-ley, aprobado previamente por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, ha salido adelante gracias a la abstención de Partido Popular, ERC y Junts. La votación en el Congreso se ha saldado con 164 votos a favor, 33 en contra y 149 abstenciones.
La principal novedad de la reforma es la ampliación de los tramos de aportación para la población activa, que pasan de tres a seis categorías diferenciadas. El Ejecutivo defiende que el sistema vigente generaba situaciones de inequidad, especialmente entre pacientes activos con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, que hasta ahora carecían de límites mensuales de aportación a diferencia de los pensionistas. Con el nuevo modelo, las personas con ingresos inferiores a 9.000 euros mantendrán un copago del 40%, aunque con un tope máximo de 8,23 euros al mes. Para las rentas comprendidas entre 9.000 y 17.999 euros, el porcentaje seguirá siendo del 40%, pero el límite mensual ascenderá a 18,52 euros.
La principal novedad de la reforma es la ampliación de los tramos de aportación para la población activa, que pasan de tres a seis categorías diferenciadas
En el tramo de entre 18.000 y 34.999 euros anuales, la aportación será del 45% y contará con un máximo mensual de 61,75 euros. A partir de los 35.000 euros desaparecen los topes de gasto: las rentas entre 35.000 y 59.999 euros abonarán el 45% del precio de los medicamentos; aquellas situadas entre 60.000 y 99.999 euros asumirán el 50%; mientras que las superiores a 100.000 euros mantendrán el 60% de aportación actualmente vigente.
Aunque la reforma también obligará a las oficinas de farmacia a adaptar sus sistemas de dispensación para aplicar los nuevos topes de aportación. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) valoran positivamente cualquier medida orientada a mejorar la equidad y la adherencia terapéutica, aunque advierten del “importante esfuerzo” tecnológico y asistencial que implicará su implantación. En la misma línea, Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha reclamado analizar el impacto operativo de la medida sobre la red de farmacias comunitarias y el posible aumento de carga administrativa asociado al control de la aportación mediante receta electrónica.
Foco en los pacientes crónicos
La titular de Sanidad ha estructurado su intervención en torno a tres grandes objetivos de la reforma: reforzar la equidad del sistema, mejorar la protección de pensionistas y pacientes crónicos y adaptar el copago farmacéutico a la situación económica actual de las familias. En este sentido, García ha defendido la ampliación de los tramos de aportación para la población activa, que pasan de tres a seis categorías diferenciadas: “Hemos aumentado los tramos porque consideramos que de 18.000 a 99.000 euros la realidad económica es muy diferente”.
La ministra ha puesto el foco especialmente en los pacientes crónicos con menor capacidad económica. Según ha detallado, una persona activa con tratamientos crónicos y una renta inferior a 9.000 euros podrá ahorrar “hasta 500 euros al año” gracias a los nuevos límites de aportación mensual incorporados por la reforma.
Otro de los ejes de la intervención ha sido la situación de los pensionistas y de los colectivos más vulnerables. García ha defendido que el nuevo modelo corrige “distorsiones” acumuladas en el sistema y garantiza que las personas que perciben complementos a mínimos mantengan automáticamente la exención farmacéutica.
“Necesitamos que las familias no tengan que priorizar cuáles son sus gastos esenciales o qué esfuerzos adicionales tienen que asumir para llegar al día a día”
Asimismo, ha insistido en que la reforma responde al actual contexto de pérdida de poder adquisitivo y aumento del coste de la vida: “Necesitamos que las familias no tengan que priorizar cuáles son sus gastos esenciales o qué esfuerzos adicionales tienen que asumir para llegar al día a día”.
La ministra también ha vinculado directamente la reducción del copago con una mejora de la adherencia terapéutica y una reducción de costes sanitarios a medio plazo. “Esta medida ahorra dinero a los pacientes y también le ahorra dinero al sistema. Es un win-win”, ha defendido. Según García, facilitar el acceso a los tratamientos permitirá reducir problemas de abandono terapéutico, reagudizaciones y reingresos hospitalarios. “Es una medida que mejora la adherencia terapéutica, la confianza en el sistema y que también ahorra sufrimiento”, ha subrayado.
Críticas de la oposición: "Auténtica chapuza"
La portavoz de Sanidad del Partido Popular, Elvira Velasco, ha cargado duramente contra la reforma del copago farmacéutico durante el debate parlamentario, al que ha calificado de “auténtica chapuza” tanto por su contenido como por su aplicación práctica. Velasco ha cuestionado la forma en la que el Gobierno ha tramitado la medida y ha acusado al departamento dirigido por García de generar “sorpresas e incertidumbre” en el sector farmacéutico.
Además, sostiene que el ministerio de Sanidad, con la falta de diálogo, “fomenta la descoordinación” y hace “inviable su aplicación efectiva” ya que no han avisado a las comunidades autónomas que son las que la van a aplicar y que les supondrá un coste de 267 millones de euros. “Una vez más estamos ante un tu invitas y las CCAA pagan”, subraya.
Velasco también ha criticado la entrada en vigor inmediata del Real Decreto-ley y ha puesto el foco en las dificultades técnicas y administrativas para aplicar los nuevos tramos de aportación farmacéutica. “¿Cómo es posible que envíe al BOE un texto que para su aplicación requiere coordinar al Ministerio de Hacienda, al INSS, a las comunidades autónomas y a las oficinas de farmacia?”, ha reprochado a la ministra.
“Hoy estamos ante un Real Decreto con consecuencias porque la norma no se puede aplicar directamente”
En este sentido, la diputada del PP ha advertido de que la norma “no es de aplicación al día siguiente de su publicación en el BOE” y ha asegurado que el Ministerio no ha contado ni con las comunidades autónomas ni con el sector farmacéutico para desarrollar la medida: “Lo único que sí está meridianamente claro es que un farmacéutico hoy no podrá aplicar estas medidas en la dispensación de recetas ni informar adecuadamente a los pacientes”.
Además, la portavoz popular ha alertado de las posibles consecuencias económicas derivadas de la implantación del nuevo sistema, incluyendo reintegros de gastos a los pacientes afectados y costes adicionales asociados a la adaptación administrativa y tecnológica: “Hoy estamos ante un Real Decreto con consecuencias porque la norma no se puede aplicar directamente”.
Asimismo, Velasco ha acusando al Gobierno de actuar por “oportunidad política” y no por necesidad urgente, cuestionando que la aprobación del texto coincidiera con la campaña electoral andaluza: “Cuando tenemos a una ministra más preocupada por ser candidata que ministra, difícilmente podemos avanzar en lo que preocupa a los pacientes, a los sanitarios y a la industria farmacéutica”.
Evitar el debate parlamentario
En una línea similar a la defendida por el PP, desde Vox, el diputado Pablo Sáez Alonso-Muñumer ha rechazado la reforma del copago farmacéutico acusando al Gobierno de recurrir nuevamente al Real Decreto-ley para evitar el debate parlamentario y los procesos de consulta pública. Durante su intervención, la formación ha cuestionado la “extraordinaria y urgente necesidad” alegada por el Ejecutivo y ha responsabilizado directamente al Gobierno de la pérdida de poder adquisitivo de las familias. “No busque fuera, es su Gobierno el principal causante de la disminución de la renta disponible de los hogares”, ha señalado, vinculando el encarecimiento del coste de vida a la inflación, la presión fiscal y el aumento de los precios de vivienda y energía.
Vox también ha criticado el diseño técnico de la norma, calificándola de “insuficiente”, “escasa” e “incomprensible” por los nuevos límites de aportación establecidos según renta. En concreto, el grupo ha cuestionado que una persona con ingresos de 34.999 euros tenga un tope máximo mensual y otra con 35.001 euros quede fuera de cualquier límite de aportación.
una mejora de la adherencia terapéutica permitirá “reducir posteriormente costes sanitarios y hospitalarios” que actualmente tensionan el sistema sanitario
Por otro lado, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Joseba Andoni Agirretxea Urresti, ha defendido el impacto económico de la medida calificando los 265 millones de euros de gasto adicional previstos como una “inversión preventiva”. Según ha argumentado, una mejora de la adherencia terapéutica permitirá “reducir posteriormente costes sanitarios y hospitalarios” que actualmente tensionan el sistema sanitario.
No obstante, desde el PNV también se ha reprochado al Ministerio de Sanidad la falta de diálogo con las comunidades autónomas durante la elaboración de la norma. “¿Por qué no se consultó previamente a las comunidades autónomas?”, ha preguntado Agirretxea, recordando que serán las autonomías las que deberán asumir el impacto presupuestario derivado de la reforma. En términos similares se ha expresado EH Bildu, formación que ha respaldado el Real Decreto-ley por considerar que supone una “mejora sustancial para la ciudadanía”, aunque ha criticado que no se haya optado por una tramitación legislativa ordinaria que permitiera un debate más profundo sobre la reforma de la Ley de Garantías.
