El Congreso de los Diputados convalidó la hace un par de semanas, con 164 votos a favor, el Real Decreto-ley que reforma el sistema de copago farmacéutico ambulatorio, una medida que ya se encuentra en vigor desde el pasado 14 de mayo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque la reforma busca mejorar la equidad del sistema mediante nuevos tramos de aportación y límites mensuales para determinados pacientes, desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) reclaman que su implantación se lleve a cabo en coordinación con el sector.
La principal novedad de la norma es la ampliación de los tramos de aportación para la población activa, que pasan de tres a seis categorías diferenciadas. El objetivo del Ejecutivo es corregir situaciones de inequidad entre pacientes activos con enfermedades crónicas o tratamientos prolongados, que hasta ahora carecían de límites mensuales de gasto, a diferencia de los pensionistas.
La reforma establece topes mensuales para las rentas más bajas. Así, los ciudadanos con ingresos inferiores a 9.000 euros mantendrán un copago del 40%, aunque con un límite de 8,23 euros al mes. Para quienes perciban entre 9.000 y 17.999 euros anuales, el porcentaje seguirá siendo del 40%, con un máximo de 18,52 euros mensuales. Por encima de los 18.000 euros se aplicarán nuevos porcentajes y límites, mientras que las rentas superiores a 35.000 euros quedarán sin tope de aportación.
Consecuencias directas en la farmacia
Desde FEFE aseguran que respetan la decisión adoptada por el Congreso y comparten los objetivos sociales de la medida. "Compartimos la necesidad de proteger a los pacientes más vulnerables y de evitar que motivos económicos dificulten la adherencia a los tratamientos", señalan desde la organización.
No obstante, la patronal advierte de que la aplicación práctica de la reforma tendrá consecuencias directas sobre las oficinas de farmacia, que deberán adaptar sus sistemas de dispensación para gestionar los nuevos límites de aportación. En este sentido, FEFE considera que "cualquier modificación del sistema debe hacerse contando con la farmacia, evaluando adecuadamente el impacto económico, operativo y tecnológico que estas medidas pueden generar sobre una red de más de 22.000 farmacias que constituye uno de los pilares de cohesión y accesibilidad del Sistema Nacional de Salud".
"La farmacia española no puede seguir siendo el elemento sobre el que recaen de forma permanente nuevas cargas administrativas"
La federación también alerta sobre la acumulación de nuevas obligaciones para el sector. "La farmacia española no puede seguir siendo el elemento sobre el que recaen de forma permanente nuevas cargas administrativas, adaptaciones técnicas y tensiones económicas sin una planificación suficiente ni mecanismos de compensación adecuados", subrayan.
Por ello, FEFE ha pedido al Ministerio de Sanidad que abra una vía de trabajo conjunta para abordar el despliegue de la reforma. "Pedimos al Ministerio de Sanidad que abra un espacio de diálogo real con el sector para analizar la implantación práctica de la reforma, garantizar su viabilidad y evitar desigualdades territoriales o problemas de gestión que puedan acabar repercutiendo tanto en los pacientes como en las propias oficinas de farmacia", concluyen.
En una línea similar, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) valoró positivamente las medidas dirigidas a mejorar la equidad y la adherencia terapéutica, aunque también advirtió del "importante esfuerzo" tecnológico y asistencial que exigirá su puesta en marcha en la red de farmacias.
