El Congreso de los Diputados examina esta semana uno de los cambios más sensibles para la prestación farmacéutica. El próximo jueves, 28 de mayo, el Pleno decidirá si convalida o deroga el Real Decreto-ley que reforma el sistema de copago farmacéutico ambulatorio y que ya entró en vigor el pasado 13 de mayo al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, redefine los tramos de aportación para la población activa e introduce, por primera vez, límites mensuales para pacientes con rentas bajas y tratamientos crónicos.
La reforma modifica el artículo 102 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios con un objetivo claro: reducir las desigualdades en el acceso a los tratamientos y proteger especialmente a los pacientes activos con enfermedades crónicas o necesidades terapéuticas prolongadas. Hasta ahora, los pensionistas contaban con límites máximos mensuales de aportación, mientras que los trabajadores en activo carecían de cualquier mecanismo de protección frente al gasto acumulado en medicamentos.
Con el nuevo sistema, el Ejecutivo amplía de tres a seis los tramos de aportación para la población activa. La principal novedad reside en la introducción progresiva de topes mensuales para las rentas inferiores a 35.000 euros anuales.
El Pleno del Congreso decidirá si convalida o deroga el Real Decreto-ley que reforma el sistema de copago farmacéutico ambulatorio
Así, los asegurados activos con ingresos inferiores a 9.000 euros mantendrán un copago del 40%, aunque con un límite mensual de 8,23 euros. En el tramo comprendido entre 9.000 y 17.999 euros, el porcentaje seguirá siendo del 40%, pero el tope ascenderá a 18,52 euros mensuales.
Para las rentas de entre 18.000 y 34.999 euros, la aportación se fija en el 45% con un máximo de 61,75 euros al mes. A partir de los 35.000 euros anuales desaparecen los límites: quienes ingresen entre 35.000 y 59.999 euros abonarán el 45%; entre 60.000 y 99.999 euros, el 50%; y las rentas superiores a 100.000 euros mantendrán el 60% actual.
Desde Sanidad defienden que la reforma permitirá aliviar en más de 265 millones de euros la carga económica soportada por los pacientes y situar el peso global del copago por debajo del 10% del gasto farmacéutico total asumido por la ciudadanía.
Capacidad económica y reducir desigualdades
La ministra de Sanidad, Mónica García, sostiene que el nuevo modelo corrige “desigualdades muy evidentes” y busca evitar que la situación económica de los pacientes se convierta en un obstáculo para mantener sus tratamientos. En la misma línea, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que el sistema anterior “no protegía en absoluto a los pacientes crónicos polimedicados” dentro de la población activa.
Pero más allá del debate político y económico, la reforma abre también un importante frente operativo para las oficinas de farmacia, llamadas a gestionar diariamente un sistema de aportación mucho más complejo.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos explicó a El GlobalFarma que consideran positiva cualquier medida encaminada a mejorar la equidad y favorecer la adherencia terapéutica, aunque advierten de que la implantación exigirá “un importante esfuerzo” de adaptación tecnológica y organizativa.
"Cualquier modificación del sistema de copago de medicamentos debe abordarse desde el diálogo con todos los agentes implicados y valorando cuidadosamente su impacto tanto en los pacientes como en la red de farmacias comunitarias"
La actualización de los sistemas informáticos, la correcta aplicación de los nuevos límites y la necesidad de informar a los pacientes sobre los cambios centran parte de las preocupaciones del sector, especialmente en un entorno donde la receta electrónica tendrá un papel decisivo para controlar la aportación acumulada de cada usuario.
En esta misma línea va la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles que valora de forma positiva que la reforma del copago se sitúe en el centro del debate sanitario. Aunque, su presidenta, Ana Oliver, reclamó en este medio que "cualquier modificación del sistema de copago de medicamentos debe abordarse desde el diálogo con todos los agentes implicados y valorando cuidadosamente su impacto tanto en los pacientes como en la red de farmacias comunitarias".
A la espera de la votación del jueves, el sector farmacéutico sigue de cerca una reforma que no solo redefine el esfuerzo económico de millones de pacientes, sino que puede alterar de forma relevante la gestión diaria de la dispensación en farmacia comunitaria. El foco está ahora en cómo convivirán equidad, sostenibilidad y carga asistencial en un sistema que aspira a reducir barreras económicas sin tensionar aún más el funcionamiento de las oficinas de farmacia.
