Junto con la presentación del estudio “La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad”, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos presentó en Madrid, durante el III Foro del Consejo Asesor Social, el documento “Recomendaciones para el acceso equitativo de las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria”, un decálogo con diez propuestas para avanzar hacia un sistema más inclusivo y coordinado.
Este órgano está formado por organizaciones como Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Cáritas, Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Cruz Roja, Farmamundi, Fundación ONCE, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y UNICEF.
El estudio parte de una premisa clara: garantizar la salud de las personas migrantes tiene un impacto directo en el conjunto de la sociedad. Tal y como recoge el documento, “garantizar la salud de las personas migrantes no solo protege derechos fundamentales, sino que también repercute en la salud de toda la sociedad, dada la magnitud e importancia de su papel en la comunidad y en el sistema sanitario”.
No obstante, el análisis también identifica importantes retos estructurales. En palabras del propio informe, “la atención sanitaria y sociosanitaria en España enfrenta fragmentación entre servicios, desigualdades territoriales y barreras administrativas y culturales que dificultan el acceso y la continuidad de los cuidados”.
En este contexto, el trabajo impulsado desde el Consejo Asesor Social del Consejo General de Farmacéuticos —en el marco de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)— plantea diez recomendaciones estratégicas para mejorar la equidad en el acceso y reforzar la coordinación entre los sistemas sanitario y social.
Armonizar la normativa y garantizar una atención sin discriminación
Entre las propuestas destaca, en primer lugar, la necesidad de armonizar la normativa de acceso a la atención sanitaria y sociosanitaria, mediante “normativo homogéneo que garantice la universalidad en el acceso a la atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes, reduciendo así las diferencias territoriales”.
El documento también plantea establecer políticas y protocolos comunes que aseguren una atención sin discriminación en todas las comunidades autónomas, con criterios de equidad que eviten diferencias por situación administrativa, origen o condición socioeconómica.
Coordinación sociosanitaria y papel de la farmacia comunitaria
Otra de las líneas estratégicas es reforzar la coordinación entre sanidad y servicios sociales para garantizar itinerarios continuos de atención desde la llegada de la persona migrante hasta su plena inclusión social.
Dentro de este conjunto de recomendaciones, el estudio otorga un papel relevante a la red de farmacias. En concreto, propone potenciar la farmacia comunitaria como agente sanitario y sociosanitario de proximidad, aprovechando su cercanía con la población y la formación de los profesionales farmacéuticos.
Según recoge el texto, “la farmacia puede contribuir a reducir desigualdades en el acceso a la información sanitaria y actuar como radar social”, especialmente en ámbitos como la educación sanitaria, la mejora de la adherencia a los tratamientos o la orientación sobre recursos disponibles.
Detección temprana y simplificación de trámites
Asimismo, el documento subraya la capacidad de las farmacias y otros recursos sanitarios para detectar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, señala que “la farmacia puede desarrollar un papel importante por su proximidad y capacidad para detectar de manera temprana situaciones de vulnerabilidad, cambios en las necesidades de salud y problemas emergentes en la comunidad”.
El decálogo también propone simplificar los procedimientos administrativos de acceso al sistema sanitario, reduciendo los tiempos de espera para la obtención de la tarjeta sanitaria y garantizando la atención durante los periodos de tramitación.
Formación intercultural y mediación
A ello se suma la necesidad de fortalecer la formación intercultural de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, incluyendo contenidos sobre derechos de acceso, coordinación institucional y prevención de sesgos implícitos.
Otra de las recomendaciones clave es incorporar mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural, con el objetivo de facilitar la atención directa y mejorar la planificación de servicios desde una perspectiva intercultural.
Participación social y financiación estable
El documento también pone el foco en la participación de la sociedad civil, proponiendo integrar en los procesos de coordinación a asociaciones de migrantes, organizaciones de pacientes y entidades sociales que puedan actuar como puente entre las necesidades de esta población y los servicios públicos.
Finalmente, el decálogo subraya la importancia de garantizar financiación estable y una planificación estratégica a largo plazo, de modo que las medidas no dependan de programas temporales. Como concluye el informe, la inversión pública debe orientarse a asegurar “la continuidad y efectividad de las políticas, además de financiar planes preventivos estratégicos para no funcionar solo de manera reactiva”.
