Los farmacéuticos valencianos volverán a las urnas. El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) tendrá que repetir sus elecciones después de que la Mesa Electoral haya atendido los recursos de los candidatos Sergio Marco Peiró (Voz Farmacéutica) y Santiago José Riaza (Avanza MICOF), tras resultar en un primer momento Juventino Jiménez Piqueras (Impulso Farmacéutico) ganador de los comicios.
Así lo han confirmado varias fuentes conocedoras del procedimiento a El GlobalFarma. Se abre ahora una nueva etapa en el MICOF que culminará con la repetición electoral en unas fechas que todavía tienen que ser determinadas. En su resolución, la Mesa Electoral acuerda "declarar la nulidad del Acuerdo de Proclamación de la candidatura electa" y ordenar la repetición de los comicios mediante la "fijación de una nueva fecha para la votación". Asimismo, establece nuevas condiciones para el voto por correo y precisa que "cada elector deberá remitir personalmente su sobre de votación mediante correo certificado individual", de modo que no se admitirán envíos agrupados ni sufragios que no incorporen una etiqueta individual de Correos.
Tras conocerse la resolución, Marco valoró la decisión como una confirmación de las irregularidades que venía denunciando desde la celebración de los comicios. Desde el equipo consideran que la anulación del proceso demuestra la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de las normas electorales para preservar la representatividad y la confianza de los colegiados.
En este sentido, Marco aseguró que lo sucedido "evidencia que no se trataba de una cuestión menor ni de una discrepancia política, sino de una vulneración de los principios básicos que deben regir cualquier votación: individualidad, custodia y autenticidad del voto". La candidatura sostiene además que la admisión de determinados votos por correo "comprometía la limpieza del proceso" y defiende que la impugnación presentada respondía exclusivamente a la defensa de la transparencia y la legalidad.
Asimismo, Voz Farmacéutica considera que la repetición de las elecciones abre la puerta a una nueva etapa en la institución: "El colegio necesita abrir una nueva etapa basada en la transparencia, el rigor y el respeto absoluto a las normas", señaló Marco, quien defendió la necesidad de reforzar la confianza de los colegiados en los procesos internos del MICOF.
En esta misma línea esta Riaza, que ha lamentado la situación que ha llevado a la anulación del proceso electoral del MICOF y ha pedido a los colegiados que mantengan "la confianza en la institución". Asimismo, ha manifestado que “es una pena que hayamos llegado a esta situación y que miles de colegiados se hayan visto afectados por unas circunstancias que nunca debieron producirse. Pero lo importante ahora es mirar hacia adelante y llevar a cabo un proceso transparente y garantista”.
Riaza ha señalado que, una vez conocidos los hechos y las decisiones adoptadas por la Mesa Electoral, “la repetición del proceso era inevitable” y debe afrontarse con responsabilidad y con la voluntad de preservar el prestigio de la institución. “Lo más importante es el Colegio y los colegiados. Todos debemos actuar con altura de miras para evitar una situación de bloqueo que perjudique el normal funcionamiento del MICOF y la defensa de la profesión farmacéutica”, ha afirmado.
Acciones legales contra la decisión de la Mesa Electoral
Por su parte, tras conocerse la resolución, Jiménez ha anunciado en un comunicado que emprenderá acciones legales contra la decisión de la Mesa Electoral y ha defendido la validez de los comicios celebrados el pasado 10 de mayo. El candidato de Impulso Farmacéutico ha recordado que su candidatura obtuvo 853 votos y ha sostenido que el proceso "se ajustó a los Estatutos" y contó con el aval del notario encargado de custodiar el voto por correo.
En este sentido, Jiménez ha defendido que el fedatario certificó la recepción de 1.985 sobres remitidos por correo certificado y rechazó aquellos que no cumplían los requisitos establecidos. A su juicio, las críticas formuladas por las candidaturas recurrentes se refieren a sobres contenedores utilizados para agrupar votos, una circunstancia que considera compatible con el procedimiento seguido y con las funciones de control desarrolladas por la notaría.
El candidato también ha cuestionado la resolución por introducir, según afirma, nuevos requisitos para el voto por correo que no estaban vigentes durante las elecciones anuladas. "Cambiar las reglas a posteriori y aplicarlas con efecto retroactivo es una infracción elemental del principio de seguridad jurídica", sostiene Jiménez, quien considera que las condiciones fijadas ahora para la nueva convocatoria deberían haberse establecido con anterioridad al proceso electoral.
Asimismo, Impulso Farmacéutico ha defendido que la controversia afecta a una práctica que, según asegura, había sido conocida y aceptada en anteriores procesos electorales del colegio. "Vamos a defender en sede judicial el resultado expresado en las urnas el 10 de mayo", ha afirmado Jiménez, quien ha insistido en que su candidatura no teme una nueva convocatoria electoral, aunque mantiene que la anulación de los comicios carece de fundamento jurídico.
El voto por correo
La resolución pone fin a una primera fase del conflicto electoral abierto tras la proclamación de resultados. En aquellos comicios, Jiménez se impuso en una contienda a tres bandas frente a Marco, que obtuvo 772 votos, y Riaza, que logró 678 apoyos. De los 2.417 sufragios emitidos, 1.985 correspondieron al voto por correo, un elemento que acabaría situándose en el centro de la controversia.
Pocos días después de las elecciones, las candidaturas de Marco y Riaza presentaron recursos contra el resultado al considerar que se habían producido "graves irregularidades" en la gestión del voto por correo. Ambos cuestionaron el sistema utilizado para la recepción y validación de estos sufragios y solicitaron la anulación de los votos emitidos por esta vía. Entre las medidas planteadas figuraba también la repetición del proceso electoral.
Ante esta situación, la Mesa Electoral acordó el 18 de mayo suspender cautelarmente la toma de posesión de la candidatura encabezada por Jiménez mientras analizaba el fondo de las reclamaciones. La decisión fue posteriormente ratificada después de que el propio candidato solicitara el levantamiento de la medida.
En el marco de este procedimiento, la Mesa Electoral trasladó a Jiménez toda la documentación relativa a los recursos y le concedió un plazo de diez días para formular alegaciones. Posteriormente, el candidato de Impulso Farmacéutico presentó un escrito contra la suspensión cautelar, reclamó su revocación inmediata y formalizó su oposición a las impugnaciones promovidas por Marco y Riaza.
Rechazo a cualquier irregularidad
Frente a las acusaciones, Jiménez defendió en todo momento la legalidad del procedimiento y rechazó cualquier irregularidad en el desarrollo de las elecciones. El candidato sostuvo que los Estatutos del MICOF exigían únicamente que los votos fueran remitidos mediante correo certificado, sin establecer la obligación de realizar envíos individualizados, y recordó que el proceso contó con la validación notarial de los sufragios recibidos. Tras conocerse las impugnaciones, llegó a calificar los recursos como una reacción de "malos perdedores" y mostró su desacuerdo con las medidas cautelares adoptadas por la Mesa Electoral.
En sus resoluciones, la Mesa Electoral rechazó modificar la suspensión cautelar al considerar que las cuestiones planteadas afectaban a elementos esenciales de la regularidad del proceso electoral y requerían un análisis jurídico especializado. El órgano entendió que permitir la entrada en funciones de una nueva Junta de Gobierno antes de resolver los recursos podría generar consecuencias de difícil reparación para el colegio, ya que una eventual estimación de las impugnaciones podría poner en cuestión la validez de los acuerdos y actuaciones adoptados durante ese periodo.
Asimismo, consideró que el perjuicio derivado de retrasar la toma de posesión era limitado y recordó que el plazo máximo previsto para resolver los recursos era de un mes, periodo que manifestó su intención de agotar antes de emitir una resolución definitiva. Finalmente, la estimación de las reclamaciones ha desembocado en la repetición del proceso electoral y en la convocatoria de unos nuevos comicios, cuya fecha deberá fijarse próximamente.
