Los impagos de la Comunitat Valenciana, la dispensación de medicamentos veterinarios y el nuevo modelo de precios seleccionados de la Ley de los Medicamentos. Estas han sido las tres polémicas que han mantenido o mantienen aún a la profesión farmacéutica en vilo durante los primeros meses de 2025. Pese a que este año prometía marcar un antes y un después gracias al "paquete" de mejoras competenciales que se preveía que vendrían de la mano de la Ley de los Medicamentos la realidad ha sido otra. Pese a que ésta sí que ha traído consigo una serie de avances para la profesión, también ha hecho 'temblar' los cimientos de la misma.
Al margen de la nueva normativa, la farmacia valenciana, una vez más, se ha visto salpicada, esta vez por los impagos de la factura farmacéutica. Ante esta situación, los profesionales alzaron la voz y lo dijeron alto y claro: la farmacia no puede ser la pieza débil del sistema. De hecho, mencionaron que esta problemática impactaba directamente sobre la viabilidad de un servicio esencial para la ciudadanía y, a su vez, sobre 12 millones de tratamientos que los valencianos reciben sin que las farmacias hayan recibido el cobro. Aqsimismo, se estimó que las farmacias no cobrarían en la fecha pactada 139,5 millones de euros, algo que comprometía la viabilidad especialmente de las farmacias rurales. Esto propició que en las farmacias de la provincia de Valencia, como gesto de protesta y de malestar, "bajaran la persiana".
Medicamentos veterinarios
Otro de los puntos candentes ha sido la dispensación de medicamentos veterinarios. Los farmacéuticos pidieron su dispensación exclusiva en la farmacia basándose en dos premisas que el farmacéutico es el profesional sanitario habilitado para custodiar, conservar y dispensar todos los medicamentos sujetos a prescripción, y esto abarca tanto a los de uso humano, como a los de uso veterinario. Por otro, a que la farmacia es el establecimiento sanitario habilitado para garantizar un acceso seguro, equitativo y controlado a estos tratamientos. Además, sacaron a colación las incompatibilidades legales vinculadas a que el prescriptor no pueda asumir, a la vez, el rol de dispensador, o viceversa, algo que evita la aparición de conflictos de interés.
En este campo también ha sembrado la incertidumbre la cesión fraccionada de medicamentos veterinarios. Así, en el marco de la luz verde al Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), algunos grupos parlamentarios aprovecharon la coyuntura para poner sobre la mesa la necesidad de modificar el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Más en concreto, Etna Estrems, diputada y portavoz en la Comisión de Sanidad de ERC, impulsó una enmienda, apoyada por Junts y PSOE, en la que el partido ha solicitado que se permita a los veterinarios la cesión de tratamientos en dosis fraccionadas. De hecho, ésta establece un plazo de medio año para arrancar las negociaciones pertinentes e insta al Gobierno a potenciar tanto la formación como las campañas de información para la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos y los procedimientos administrativos establecidos.
Esto no ha pasado desapercibido, y los farmacéuticos expresaron su inquietud ante su posible llegada. Conflicto de intereses, falta de control de la trazabilidad de los medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, invasión de competencias son algunas de las cuestiones que pusieron sobre la mesa como principales 'caballos de Troya' a batir.
Modelo de precios seleccionados
A su vez, tras la aprobación del anteproyecto de la Ley de los Medicamentos a principios del mes de abril, los farmacéuticos expresaron su rechazo al nuevo modelo de precios seleccionados, instando a su supresión. Entre los argumentos principales que sustentaron su postura se encuentran que puede generar distorsiones importantes en el suministro y en la equidad en el acceso a los medicamentos y comprometer la viabilidad de farmacias.
En este sentido, cabe mencionar que en un comunicado conjunto firmado por Farmaindustria, Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BIOSIM), aseveraron que el sistema tiene como objetivo "lograr una bajada continua y acusada de precios, precisamente en el mercado con menores márgenes de rentabilidad, como es el de los medicamentos fuera de patente". Por tanto, alertaron de que "provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento, impactaría muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país y supondría una reducción de farmacias con el consiguiente impacto sobre los pacientes".
Aterrizando esto sobre la Farmacia aseveraron que su implementación efectiva reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores de los pacientes y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado. De hecho, garantizaron que también impactaría directamente sobre la disponibilidad de fármacos. Al respecto, aseveraron que al limitar los fármacos seleccionados, se reducirían drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generaría problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos. Asimismo, pronosticaron que tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento.
