La ONG Farmamundi y la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), junto con el Ministerio de Salud de El Salvador, han puesto en marcha tres unidades de Vigilancia Epidemiológica en el departamento de Morazón, en el país mesoamericano, donde, según los datos de Farmamundi, se cuenta con 4,3 médicos por cada 10.000 habitantes y los servicios de salud son “limitados”, especialmente en zonas rurales y para colectivos como mujeres, niños y personas mayores, “quienes enfrentan mayores riesgos frente a las epidemias”.
Dada la situación, Emilio Oriola, responsable de los proyectos de cooperación de la ONG, ha explicado que, con este programa, se coloca “a la vigilancia epidemiológica en el centro de la estrategia para proteger la salud colectiva, mejorar la capacidad de respuesta frente a enfermedades transmisibles y fortalecer la participación de mujeres, liderazgos locales y equipos sanitarios. La iniciativa se desarrolla en seis microredes de salud de Morazán, y participan más de 127.000 personas”.
La iniciativa incluye un plan de trabajo cuyo objetivo es fortalecer la Salud Pública y se cimenta en cuatro ejes. Con el primero se pretende actualizar los protocolos de salud. Para ello, en los últimos meses, equipos de ASPS y el ministerio han revisado y adaptado los Lineamientos Nacionales de Vigilancia Epidemiológica (VIGEPES), actualizándolos a la realidad de enfermedades como el dengue, la COVID-19, la leishmaniasis o el Chagas.
El segundo eje es el fortalecimiento de la red institucional, con lo que se persigue mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Para ello, se han creado tres unidades de Inteligencia Epidemiológica en Morazán, espacios donde se recopilan y analizan datos para actuar con rapidez ante posibles brotes. También se han mejorado seis Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), que ahora cuentan con mejores instalaciones, equipos médicos, insumos de laboratorio y materiales de diagnóstico. Además, 60 profesionales de la salud han recibido formación especializada en gestión epidemiológica y normas internacionales de salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud.
El plan también señala que la participación de las comunidades es una pieza clave de este programa. Más de un centenar de agentes comunitarios de salud han sido acreditados por el Ministerio de Salud para formar parte del sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (VECO). Estas personas, muchas de ellas mujeres, son el primer enlace con la población: visitan hogares, identifican casos sospechosos y acompañan los esfuerzos de prevención y educación sanitaria.
Y el cuarto eje pasa por la educación y la comunicación inclusiva, bajo el pretexto de que la información ayuda a mejorar la salud de las personas, por eso el programa ha puesto en marcha campañas de educación y comunicación inclusiva en todo el departamento.
“Hemos avanzado de forma muy significativa en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica con la puesta en marcha de tres nuevas unidades de Inteligencia Epidemiológica totalmente equipadas. También reforzamos la coordinación multisectorial y seguimos impulsando la formación técnica en gestión epidemiológica y reglamento sanitario internacional, con una amplia participación del personal sanitario del territorio.”, explica la directora ejecutiva de ASPS, Ana Cecilia Arévalo.
Arévalo cuenta que algunas actividades tuvieron que reprogramarse o adaptarse a las circunstancias, sobre todo por el aumento de casos de dengue y ajustes logísticos, pero sin detener el ritmo de trabajo. “Hemos capacitado a más de 80 profesionales de salud en temas de vigilancia, género y salud pública, mejorado la infraestructura de varias unidades comunitarias y fortalecido la estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria, la red VECO, con agentes formados y materiales adecuados. Todo ello nos permite avanzar hacia una respuesta en salud más ágil, coordinada y cercana a las comunidades”, prosigue.
El impacto de este trabajo se mide no solo en cifras, sino en cambios concretos en la vida de las personas. Gracias a la vigilancia epidemiológica, las comunidades pueden anticiparse a las epidemias, reducir riesgos y fortalecer su resiliencia colectiva. El personal sanitario dispone ahora de herramientas más eficaces para la prevención y el control, y las mujeres comunitarias han adquirido un papel central como promotoras de salud.
“Esta gran alianza, que cuenta con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana, permite que las comunidades de Morazán cuenten hoy con más herramientas, conocimientos y recursos para responder a las epidemias, con la vigilancia epidemiológica como piedra angular de su derecho a la salud”, concluye Oriola.
