El terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio ha vuelto a poner el foco sobre la respuesta de los sistemas sanitarios ante las catástrofes. Tras los dos seísmos de magnitudes 7,2 y 7,5, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) activó sus mecanismos de respuesta para apoyar a las autoridades sanitarias del país.
Según los datos preliminares oficiales, al menos 235 personas han fallecido, más de 4.300 han resultado heridas y cientos permanecen desaparecidas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que al menos un centenar de edificios se han derrumbado en La Guaira, reflejando el fuerte impacto del desastre sobre la población y sobre la capacidad de los servicios sanitarios.
Aunque el foco inicial de una emergencia suele situarse en hospitales y equipos de rescate, la experiencia demuestra que la red farmacéutica constituye uno de los pilares para garantizar la continuidad asistencial una vez pasan las primeras horas. El acceso a los medicamentos, la atención a pacientes crónicos y la coordinación con el resto del sistema sanitario se convierten en elementos críticos para evitar que la emergencia sanitaria se prolongue.
La respuesta de la farmacia tras la DANA
La experiencia vivida en España tras la DANA que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 es un ejemplo de ello. El temporal dejó alrededor de medio centenar de farmacias completamente destruidas, pero el servicio farmacéutico consiguió restablecerse en pocos días gracias a la puesta en marcha de botiquines de emergencia y a la coordinación entre el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), los ayuntamientos, los centros de salud, la distribución farmacéutica y los servicios de emergencia.
Aquella experiencia llevó al MICOF a desarrollar un Plan de Actuación ante Emergencias en Farmacias Comunitarias con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia farmacéutica ante cualquier contingencia. El protocolo establece tres niveles de actuación —estratégico, operativo y táctico— y seis fases de intervención, desde la activación del Comité de Crisis hasta la recuperación completa del servicio, con un objetivo prioritario: mantener operativas las farmacias, asegurar el acceso a los medicamentos y proteger a la población más vulnerable.
Durante la gestión de la DANA se habilitó un centro de coordinación desde la sede colegial para conocer en tiempo real qué farmacias permanecían abiertas, coordinar el voluntariado y mantener una comunicación permanente con la administración sanitaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ejército, los ayuntamientos, las entidades humanitarias y las empresas de distribución farmacéutica.
"El papel de los farmacéuticos en respuesta a una catástrofe es proporcionar asistencia continuada a sus pacientes y a la población"
Uno de los principales retos fue garantizar el suministro de medicamentos en zonas aisladas. Las dificultades de acceso obligaron a coordinar el transporte con la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros servicios de seguridad para hacer llegar los tratamientos allí donde la distribución habitual no podía acceder.
A ello se sumaron problemas derivados de la falta de electricidad, internet y telefonía, que impedían el funcionamiento normal de muchas oficinas de farmacia. Para acelerar la recuperación del servicio, el MICOF facilitó equipos informáticos preparados para la dispensación de receta electrónica y proporcionó mobiliario provisional a los establecimientos que podían reabrir de forma parcial.
Paralelamente, se implantó un sistema de comunicación continua con la ciudadanía mediante la actualización diaria del listado de farmacias operativas en la web y las redes sociales, además de adaptar el localizador de farmacias para que solo mostrara los establecimientos abiertos. Gracias a este dispositivo, en pocos días fue posible garantizar al menos un punto de atención farmacéutica en todas las poblaciones afectadas.
Qué recomienda la FIP ante una catástrofe
La experiencia valenciana está alineada con las recomendaciones de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que en su Declaración de Política sobre el papel de los farmacéuticos en la gestión de catástrofes y emergencias (2023) recuerda que "los farmacéuticos son expertos en medicamentos y desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que la población tenga acceso a medicamentos esenciales y suministros médicos durante catástrofes y emergencias".
La organización internacional insiste en que la preparación debe comenzar antes de que ocurra la emergencia. En este sentido, señala que los farmacéuticos trabajan junto a gobiernos, autoridades locales y organismos de gestión de emergencias para desarrollar planes de respuesta, coordinarse con otros profesionales sanitarios, participar en simulacros y formar a la población en medidas de preparación. Además, recomienda establecer protocolos de actuación, gestionar las existencias de medicamentos, identificar a las poblaciones más vulnerables, prepararse para posibles desabastecimientos y desarrollar estrategias para combatir la desinformación y las compras de pánico.
Una vez declarada la emergencia, la FIP subraya que "el papel de los farmacéuticos en respuesta a una catástrofe es proporcionar asistencia continuada a sus pacientes y a la población". Asimismo, destaca que, independientemente del ámbito en el que ejerzan, deben coordinarse con otros profesionales sanitarios, organizaciones comunitarias y autoridades responsables de la respuesta. El documento añade que "los farmacéuticos tienen un deber ético que va más allá del de un ciudadano corriente y deben aceptar la responsabilidad de prestar ayuda a los demás en situaciones de catástrofe".
Mientras Venezuela afronta las consecuencias de los terremotos y los equipos internacionales coordinan la respuesta sanitaria, experiencias recientes como la de la DANA de Valencia evidencian que la planificación previa, la coordinación institucional y la capacidad de adaptación de la red farmacéutica son elementos decisivos para garantizar que el acceso a los medicamentos no se interrumpa cuando más lo necesita la población.
