Como así ha ocurrido periódicamente en el pasado, recientemente desde la principal institución del colectivo de enfermeros —el Consejo General de Enfermería— se ha vuelto a la carga contra los intentos de avance asistencial por parte de los farmacéuticos. En concreto, en el marco de un encuentro celebrado en Toledo entre la Organización Colegial de Enfermería (CGE), sociedades científicas y estudiantes se apuntaba la “indignación y preocupación” por lo que consideraban una “privatización de la Atención Primaria” al asignar nuevos roles asistenciales a las oficinas de farmacia e instaban a estos profesionales sanitarios (los farmacéuticos) a “ser conscientes de sus límites a la hora de ejercer”.
En este sentido, el presidente de los enfermeros españoles, Florentino Pérez —siguiendo la línea, si bien algo menos beligerante, de su antecesor en el cargo, Máximo González Jurado— se ha reafirmado en estas críticas en una entrevista concedida a Gaceta Médica, cabecera ‘hermana’ de EG. Unas críticas que empiezan por cuestiones conceptuales: “Estamos especialmente indignados con un movimiento autodenominado farmacia comunitaria y que, sin contar con regulación legislativa alguna, pretende que las farmacias puedan llevar a cabo actuaciones asistenciales con los pacientes crónicos, tanto en la botica como a domicilio. Y además se pretende cobrar por ello al paciente, al sistema sanitario o a las mutuas”.
Asimismo, aunque el presidente del CGE dice “respetar el importante rol de los farmacéuticos en el marco del medicamento” y alude a la farmacia como “profesión hermana”, insiste en la entrevista concedida a GM en lo ya apuntado en el encuentro de Toledo: “deben ser conscientes de sus límites a la hora de ejercer”.
Florentino Pérez también apunta a las Administraciones como cómplices ‘necesarios’ en el avance de la farmacia asistencial que tanto parece preocupar en la institución que preside. “Nuestra indignación se dirige especialmente a las Consejerías de Sanidad que están entrando en este juego. No entendemos ni toleramos que haya administración públicas, que acepten estas propuestas y menos si eso implica arriesgar la salud de las personas, menoscabar la legislación vigente o frivolizar acerca de unas supuestas nuevas funciones que son competencia exclusiva y excluyente de las enfermeras y los médicos, sobre todo de las especialidades reconocidas por Ley: Enfermería Familiar y Comunitaria y Medicina de Familia y Comunitaria”.
