Un nuevo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para liberalizar el modelo farmacéutico español ha reabierto un debate histórico. El organismo regulador ha publicado una evaluación de impacto de sus estudios sobre distribución farmacéutica en España en la que insiste en flexibilizar la apertura y propiedad de las oficinas de farmacia, eliminar la colegiación obligatoria y permitir una mayor integración empresarial en el sector.
Sin embargo, la reacción de las principales organizaciones farmacéuticas ha sido inmediata y contundente. Desde la distribución hasta la representación colegial y empresarial coinciden en un mensaje: reducir la farmacia comunitaria a una actividad económica supone ignorar deliberadamente su función sanitaria y social.
La propuesta de la CNMC parte de una premisa claramente economicista. El organismo sostiene que una mayor liberalización permitiría crear hasta 20.000 nuevas farmacias y 45.000 empleos en diez años, además de generar importantes ahorros mediante un mayor uso de medicamentos genéricos. También plantea liberalizar completamente la venta online de medicamentos y eliminar restricciones a la propiedad de las oficinas de farmacia.
“El medicamento no puede abordarse desde una visión exclusivamente mercantil ni someterse a una liberalización sin límites que ignora la realidad sanitaria, social y territorial de nuestro país”
Pero el sector considera que el análisis incurre en un error de base: tratar el medicamento como un bien de consumo ordinario y no como un elemento esencial de salud pública. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) ha rechazado “con contundencia” el informe y acusa a la CNMC de promover “una liberalización ajena a la realidad sanitaria y social de España”. Para la organización colegial, el organismo vuelve a insistir en medidas “encaminadas a desarticular el modelo español de farmacia”.
“El medicamento no puede abordarse desde una visión exclusivamente mercantil ni someterse a una liberalización sin límites que ignora la realidad sanitaria, social y territorial de nuestro país”, advierte el Consejo General. El CGCOF recuerda que la farmacia comunitaria es, por definición legal, un establecimiento sanitario integrado en el Sistema Nacional de Salud y no un simple punto de venta. Bajo esta premisa, la planificación farmacéutica no constituye una barrera artificial a la competencia, sino una herramienta de cohesión sanitaria y territorial.
Los datos del modelo español refuerzan ese argumento. España cuenta actualmente con más de 22.231 farmacias comunitarias, una farmacia por cada 2.187 habitantes y una cobertura territorial prácticamente universal: el 99% de los ciudadanos dispone de una farmacia en su localidad. Lejos de representar una anomalía restrictiva, el sector defiende que esta red constituye una de las infraestructuras sanitarias de proximidad más eficientes y accesibles de Europa.
Implantación homogénea de farmacias
Por su parte, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) comparte esta visión y considera que el debate no puede reducirse a “estimaciones teóricas de ahorro económico o incremento del número de establecimientos”. FEFE subraya que la planificación farmacéutica española se ha desarrollado históricamente “con criterios de salud pública y equilibrio territorial”, garantizando una implantación homogénea de farmacias incluso en zonas con baja densidad de población.
“La planificación española asegura la presencia de farmacias allí donde son necesarias desde el punto de vista sanitario e impide que la rentabilidad económica condicione el acceso de la población al medicamento”, señala la patronal.
El temor del sector no es abstracto. Las organizaciones farmacéuticas sostienen que la experiencia internacional demuestra que los procesos de liberalización tienden a concentrar oficinas de farmacia en áreas urbanas y rentables, debilitando la cobertura en municipios pequeños o económicamente menos atractivos.
“La farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario de interés público, atendido por profesionales sanitarios y sometido a una planificación que busca proteger al paciente, no restringir la competencia de forma arbitraria”
El CGCOF alerta de que cuando “los intereses económicos sustituyen a la planificación sanitaria” aparecen consecuencias conocidas: “concentración de farmacias en zonas concretas, cierres en áreas rurales, abandono de zonas vulnerables, pérdida de accesibilidad y aumento de desigualdades sanitarias”.
Esa misma preocupación la comparte el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), que considera que las recomendaciones de la CNMC plantean una visión “excesivamente mercantil” de la farmacia comunitaria. “El medicamento no es un producto de consumo ordinario y la farmacia no es un comercio más”, afirma el presidente del MICOF, Jaime Giner. “La farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario de interés público, atendido por profesionales sanitarios y sometido a una planificación que busca proteger al paciente, no restringir la competencia de forma arbitraria”.
Además, Giner insiste en que liberalizar no garantiza necesariamente una mejor accesibilidad. “Puede generar más establecimientos en zonas urbanas o económicamente atractivas, pero no asegura que se mantenga la prestación en municipios pequeños, barrios envejecidos o áreas donde la farmacia es, en muchas ocasiones, el recurso sanitario más próximo”.
Restricciones de la propiedad y la titularidad
Uno de los puntos más sensibles del informe de la CNMC es la propuesta de eliminar restricciones a la propiedad y titularidad de las farmacias, abriendo la puerta a cadenas empresariales e integración vertical. Para el sector, esta medida amenaza directamente la independencia profesional del farmacéutico.
FEFE considera que la vinculación entre titularidad y ejercicio profesional constituye “una garantía de independencia sanitaria y de protección del paciente”. La patronal recuerda que la farmacia comunitaria tiene obligaciones asistenciales y de servicio público que quedarían comprometidas si las decisiones pasaran a depender prioritariamente de intereses corporativos o financieros.
Desde el MICOF también se advierte de que algunas propuestas liberalizadoras podrían desembocar en “concentración empresarial, pérdida de independencia profesional, deterioro de la atención farmacéutica o desabastecimiento de zonas poco pobladas”.
“Ha transcurrido una década desde las primeras propuestas de la CNMC y la colaboración entre distribución farmacéutica y oficina de farmacia ha demostrado su eficacia"
La preocupación alcanza igualmente al ámbito de la distribución. La Federación de Distribuidores Farmacéuticos ha expresado su “total apoyo” al modelo español de farmacia y recuerda que la colaboración entre distribución farmacéutica y oficinas de farmacia ha demostrado su eficacia incluso en situaciones críticas.
“Ha transcurrido una década desde las primeras propuestas de la CNMC y la colaboración entre distribución farmacéutica y oficina de farmacia ha demostrado su eficacia, garantizando el abastecimiento de medicamentos incluso en situaciones excepcionales o de emergencia sanitaria como la pandemia provocada por la COVID-19”, señala la presidenta de FEDIFAR, Matilde Sánchez Reyes.
Precisamente, la pandemia se ha convertido en uno de los grandes argumentos del sector para defender el actual modelo. Tanto el CGCOF como el resto de organizaciones recuerdan que las farmacias comunitarias actuaron como primer punto sanitario accesible durante la crisis sanitaria, así como en otras emergencias recientes como el volcán de La Palma, la DANA de Valencia o el apagón eléctrico.
Eliminar la colegiación obligatoria
La capilaridad del modelo, sostienen, no es una ineficiencia regulatoria, sino una fortaleza estratégica del sistema sanitario español. Otro de los aspectos que ha generado rechazo es la propuesta de eliminar la colegiación obligatoria para los farmacéuticos que ejercen en oficinas de farmacia. Desde el MICOF se considera que esta medida desconoce completamente la función de garantía pública que ejercen los colegios profesionales.
“La colegiación no es una carga administrativa ni una barrera de entrada; es una garantía directa para los pacientes”, defiende Jaime Giner, quien recuerda que los colegios profesionales velan por el cumplimiento de las normas deontológicas, acreditan la capacitación profesional y colaboran con las administraciones sanitarias.
Además del componente asistencial, el sector insiste en que el farmacéutico comunitario desempeña un papel sanitario mucho más amplio que la mera dispensación de medicamentos. “Detecta problemas relacionados con la medicación, mejora la adherencia, orienta al paciente, colabora con el sistema sanitario y actúa como agente de salud pública”, subraya el presidente del MICOF.
“La colegiación no es una carga administrativa ni una barrera de entrada; es una garantía directa para los pacientes”
Paradójicamente, mientras la CNMC insiste en avanzar hacia un modelo más liberalizado, muchas organizaciones recuerdan que algunos países europeos con sistemas menos regulados atraviesan actualmente problemas de acceso y sostenibilidad. El Consejo General advierte de la aparición de “auténticos desiertos farmacéuticos” en mercados dominados por grandes cadenas y alerta de que España no debe “importar modelos que están provocando pérdida de cobertura sanitaria y debilitamiento de las redes farmacéuticas comunitarias”.
El sector tampoco niega la necesidad de evolución. Todas las organizaciones coinciden en que la farmacia española debe avanzar en digitalización, nuevos servicios asistenciales y modelos retributivos ligados al valor sanitario aportado, pero rechazan que la solución pase por desregular.
FEFE apuesta por “modernización, digitalización y nuevos servicios profesionales farmacéuticos”, mientras que el MICOF reclama reforzar la coordinación con Atención Primaria, impulsar la salud digital y potenciar la participación de la farmacia en estrategias de salud pública.
En definitiva, el mensaje común del sector es claro: la farmacia española puede y debe evolucionar, pero sin renunciar a los principios que han permitido construir una de las redes sanitarias más accesibles de Europa. Porque, como resume el CGCOF: "La salud pública, la protección de los pacientes y la cohesión territorial deben situarse por encima de intereses puramente mercantiles”.
