La crisis electoral abierta en el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) tras las elecciones celebradas el pasado 10 de mayo continúa sin resolverse. Según ha podido saber El GlobalFarma, la Mesa Electoral mantiene suspendida cautelarmente la toma de posesión de la candidatura ganadora 15 días más, encabezada por Juventino Jiménez Piqueras, hasta que se pronuncie sobre los recursos de reposición presentados por las otras dos candidaturas concurrentes, lideradas por Sergio Marco Peiró (Voz Farmacéutica) y Santiago José Riaza (Avanza MICOF).
Las impugnaciones fueron presentadas pocos días después de la proclamación de resultados y cuestionan aspectos relacionados con la gestión del voto por correo, que tuvo un peso determinante en los comicios. Ambos candidatos solicitan la anulación de estos sufragios y, en algunos de sus planteamientos, llegan a plantear la repetición del proceso electoral. Ante esta situación, la Mesa Electoral acordó el pasado 18 de mayo suspender cautelarmente la toma de posesión de la candidatura vencedora mientras analiza el fondo de los recursos.
La Mesa Electoral mantiene suspendida cautelarmente la toma de posesión de la candidatura ganadora 15 días más
La decisión fue posteriormente ratificada después de que el propio Jiménez solicitara el levantamiento de la medida. Pocos días después, la Mesa Electoral le dio traslado de toda la documentación relativa a las impugnaciones y le concedió un plazo de diez días para formular alegaciones. Dos días más tarde, el candidato de Impulso Farmacéutico presentó un recurso contra la suspensión y reclamó su revocación inmediata, además de anunciar su oposición formal a las impugnaciones promovidas por Marco y Riaza.
En la resolución, la Mesa Electoral rechaza modificar la medida cautelar al considerar que las cuestiones planteadas afectan a elementos esenciales de la regularidad del proceso electoral y requieren un análisis jurídico especializado. El órgano argumenta que permitir la entrada en funciones de una nueva Junta de Gobierno antes de resolver los recursos podría generar consecuencias de difícil reparación para el colegio, ya que una eventual estimación de las impugnaciones podría poner en cuestión la validez de los acuerdos y actuaciones adoptados durante ese periodo. Frente a ello, considera que el perjuicio derivado de retrasar la toma de posesión es limitado y recuerda que el plazo máximo previsto para resolver los recursos es de un mes, plazo que la propia Mesa manifestó su intención de agotar antes de emitir una resolución definitiva.
Riaza y Marco presentan recursos
En los comicios resultó vencedor Jiménez Piqueras, candidato de Impulso Farmacéutico, en una contienda a tres bandas frente a Marco Peiró, que obtuvo 772 votos, y Riaza, que logró 678 apoyos. Según los datos del proceso electoral, se emitieron un total de 2.417 sufragios, de los cuales 1.985 correspondieron al voto por correo, además de contabilizarse 114 votos nulos.
Pocos días después de las elecciones, la candidatura encabezada Riaza impugnó el resultado, al denunciar lo que calificó como “graves irregularidades” durante el escrutinio. Según expuso entonces Avanza MICOF en un comunicado, “una parte significativa de los votos por correo admitidos durante el escrutinio no habría sido certificada individualmente, tal y como establecen los Estatutos del MICOF y las normas electorales dictadas por la propia Mesa Electoral”.
Un procedimiento que, a su juicio, “vulnera las garantías básicas de trazabilidad, autenticidad y confidencialidad” del proceso electora
Según la versión trasladada por esta candidatura, numerosos sobres habrían sido remitidos “agrupados en paquetes colectivos certificados de manera conjunta”, un procedimiento que, a su juicio, “vulnera las garantías básicas de trazabilidad, autenticidad y confidencialidad” del proceso electoral. Además, el recurso sostenía que el sistema empleado “impedía verificar de manera individualizada el origen de cada voto y comprometía el carácter secreto del sufragio”. Asimismo, el escrito añadía que durante el escrutinio la Mesa Electoral habría realizado consultas con el notario encargado de custodiar el voto por correo para tratar de validar el procedimiento utilizado.
A esta impugnación se sumó posteriormente la candidatura de Marco Peiró. Tal y como recoge la propia resolución de la Mesa Electoral, el recurso presentado por Voz Farmacéutica solicitaba la anulación del voto por correo “en base a distintos argumentos” y, como consecuencia, la repetición del proceso electoral. Además, reclamaba como medida cautelar la suspensión de la toma de posesión de la candidatura proclamada electa, al entender que las presuntas infracciones denunciadas podían ser constitutivas de causas de nulidad de pleno derecho y afectar a derechos fundamentales.
Recurso de Juventino Jiménez
La respuesta de Impulso Farmacéutico no se hizo esperar. En un comunicado remitido a los medios, la candidatura encabezada por Jiménez atribuyó las impugnaciones a “una pataleta de malos perdedores”, mientras que el propio candidato manifestó su preocupación por las consecuencias de la decisión adoptada por la Mesa Electoral. “Estoy preocupado por las consecuencias que puede asumir la Mesa sin saberlo; al fin y al cabo, somos farmacéuticos y no abogados”, afirmó entonces. Jiménez sostenía además que su candidatura no había recibido formalmente el contenido de las impugnaciones y defendía que dicha comunicación era “preceptiva jurídicamente”, al tiempo que anunciaba que se reservaba “cuantas acciones legales” considerara oportunas frente a la resolución.
Asimismo, en el recurso que presento Jiménez rechaza las acusaciones sobre la gestión del voto por correo y defiende que los Estatutos del MICOF únicamente exigen que los sufragios se remitan mediante "correo certificado", sin establecer que cada envío deba realizarse de forma individual. A su juicio, la remisión de varios sobres en un mismo paquete certificado constituye una práctica legal que permite reducir costes sin comprometer la transparencia ni la autenticidad del proceso. Además, sostiene que las elecciones contaron con plenas garantías, ya que cada elector debía acompañar su voto con una fotocopia firmada del DNI y un certificado colegial único, mecanismos que, según argumenta, impedían cualquier posible suplantación de identidad.
“Estoy preocupado por las consecuencias que puede asumir la Mesa sin saberlo; al fin y al cabo, somos farmacéuticos y no abogados”
El candidato de Impulso Farmacéutico subraya que fue la propia Mesa Electoral la que acordó que los votos por correo fueran remitidos a la notaría y no directamente al colegio. Según defiende, el notario validó los 1.985 votos recibidos por correo certificado y rechazó 42 sobres que no habían sido remitidos por correo certificado y que llegaron por correo ordinario o fueron entregados en mano, al considerar que estos sí incumplían lo previsto en los Estatutos.
Jiménez rechaza las denuncias de irregularidades y sostiene que las tres candidaturas facilitaron el envío de los votos a sus colegiados afines, diferenciándose únicamente en la forma de remisión. El candidato también cuestiona la actuación del asesor jurídico que inicialmente asistió a la Mesa Electoral, al considerar "muy grave" que reconociera un posible conflicto de intereses después de adoptarse la suspensión cautelar, y rechaza las comparaciones realizadas por los recurrentes con otros precedentes judiciales al entender que las circunstancias y las garantías aplicadas en el proceso electoral del MICOF fueron sustancialmente diferentes.
"Tranquilidad" desde el MICOF
En paralelo, el MICOF trató de rebajar la tensión generada por el conflicto electoral trasladando un mensaje de “tranquilidad” a los colegiados y al conjunto de la profesión farmacéutica. En un comunicado, la institución subrayó que la suspensión cautelar respondía “exclusivamente a la tramitación de los recursos presentados” y recalcó que la situación “no afecta al funcionamiento ordinario de la institución ni a la prestación de los servicios colegiales”. El colegio rechazó además cualquier escenario de bloqueo institucional y aseguró que tanto el pago de la facturación farmacéutica como las negociaciones en curso con la Administración autonómica continuaban desarrollándose con normalidad.
Estas manifestaciones llegaban después de que Jiménez advirtiera de que la suspensión cautelar podía afectar a cuestiones estratégicas para el colectivo farmacéutico valenciano, entre ellas el cobro de la facturación de las oficinas de farmacia, la firma del Convenio de Prestaciones con la Conselleria de Sanidad o el avance de otros asuntos pendientes. Frente a ello, el MICOF insistió en que los actuales órganos de gobierno seguían ejerciendo plenamente sus funciones y realizó un llamamiento a “actuar con responsabilidad”, evitar mensajes que pudieran generar “confusión o preocupación innecesaria” y preservar “la imagen institucional del Colegio” mientras se resuelve definitivamente el proceso electoral.
