El Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de fiscalización de gastos farmacéuticos hospitalarios gestionados por INGESA en Ceuta y Melilla, para los años 2022 y 2023. El documento lleva a cabo un análisis de la operativa y la legalidad de las adquisiciones y administración de los productos farmacéuticos hospitalarios, e identifica “deficiencias que constatan una escasa mejoría desde la anterior fiscalización del Tribunal de Cuentas relativa al ejercicio 2016”.
Las principales conclusiones del documento apuntan a que la institución judicial ha hallado “una ausencia relevante de planificación en los centros hospitalarios fiscalizados en lo relativo a la provisión de medicamentos, lo que ha supuesto la existencia de múltiples adquisiciones efectuadas directamente al margen de la normativa pública contractual”. El Tribunal de Cuentas, además, destaca que se han identificado “diferencias significativas en los precios pagados por los mismos fármacos, tanto en adquisiciones de cada hospital al mismo proveedor como entre los aplicados por los hospitales de Ceuta y Melilla”.
Por último, desde la entidad han encontrado “deficiencias en la gestión y control de los productos farmacéuticos en los hospitales analizados, incluyendo la falta de procedimientos homogéneos y normalizados, así como deficiencias en los sistemas informáticos, lo que supone una mayor dificultad para llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente”.
En este sentido, desde INGESA se emitió esta semana una nota de prensa en la que se valoraba “muy positivamente”, la labor del Tribunal de Cuentas. Así, el informe “ha contado con la activa y absoluta colaboración del INGESA durante todo el proceso, tanto desde la Dirección General en sus Servicios Centrales como desde las gerencias de las áreas sanitarias de Ceuta y de Melilla, facilitando toda la información y documentación requeridas y manteniendo múltiples reuniones al efecto, tanto vía telemática como de forma presencial”.
Para la entidad sanitaria, la autoridad judicial incide en el elevado número expedientes de contratación “sin procedimiento”. “Si bien se reconoce que el importe correspondiente a los mismos se había reducido un 7,20%, desde el 96,52% en 2022 hasta un 89,57% en 2023, tendencia positiva que ha continuado posteriormente y persiste en el momento actual. La circunstancia señalada deriva de una de las características de la gestión de la Farmacia Hospitalaria, común a todos los hospitales del país, cual es la severa dificultad para lograr encajar, materialmente, la necesidad de aprovisionamiento de medicamentos, a menudo urgente, con los dilatados plazos y los complicados procedimientos que establece la normativa en materia de contratación administrativa”, señalan desde INGESA.
Además, INGESA destaca que los centros y entidades sanitarias que dependen de su gestión son los únicos, dentro del SNS, que, “además de ser objeto de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, someten toda su gestión, también, de forma permanente y cotidiana, a la fiscalización previa llevada a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, lo cual refuerza, aún más, sus controles operativos y la exigencia de mejora continua”.
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
En este sentido, el Tribunal de Cuentas indicaba en su documento que se da un “amplio margen de mejora” en las medidas que contempla la normativa para el uso racional de los fármacos. Concretamente, la autoridad señala “la constitución y actuaciones de los órganos y comisiones encargadas de los procesos de calidad, la potenciación del uso de biosimilares, los avances en la redosificación y la homogeneización de los procedimientos hospitalarios en materia farmacéutica”.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas ha facilitado consejo a INGESA y a las direcciones territoriales, que pasa por la aprobación de los documentos oportunos de planificación de la actividad farmacéutica de los hospitales, “así como contar anualmente, desde comienzos del ejercicio, con un acuerdo de gestión rector de las actividades y compromisos asumido”. Además de a la institución sanitaria, el tribunal se dirige a las gerencias de atención sanitaria, a las que pide eliminar la práctica de las compras directas de medicamentos, adhiriéndose a las “prescripciones de la ley de contratos del sector público, y efectuar un adecuado control, supervisión y análisis de las adquisiciones de farmacia hospitalaria”, así como reflejar, en los contratos, la manera “de acreditar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, debiendo asegurarse el mismo y, en caso contrario, imponer las penalidades que procedan”.
Por último, las recomendaciones directas a INGESA se resumen en otorgar a los hospitales las órdenes necesarias para fomentar la coordinación de las herramientas de gestión y del procedimiento de compra de fármacos; profundizar en la actualización “de los sistemas informáticos de gestión, en busca de la seguridad, integración y conformación de expedientes electrónicos, dando satisfacción a las necesidades planteadas en la farmacia hospitalaria”; y en automatizar el registro “de productos sujetos a condiciones especiales de financiación y realizar un seguimiento diferenciado en el aplicativo de gestión, a efectos de identificar los reembolsos al SNS”.
Además, se pide que se promueva el uso de biosimilares, poner en marcha sistemas de control de precios y de gestión de las adquisiciones para aumentar su eficiencia y la homogeneidad de los precios del mismo proveedor, “incrementar la utilización de procedimientos centralizados para evitar variaciones económicas importantes en los precios de suministro”, y, por último constituir la comisión de farmacia y terapéutica en el HCM y elaborar una guía farmacoterapéutica unificada para los dos hospitales, “siendo adaptada a través de las comisiones de farmacia de cada hospital a sus necesidades reales”.
INGESA anunció, por otra parte, un análisis de las conclusiones emitidas por el Tribunal de Cuentas en su informe para poner en marcha sus recomendaciones de mejora a corto y medio plazo. “De hecho, los Acuerdos de Gestión para el ejercicio 2026, que serán firmados este mismo mes de diciembre, ya contemplaban medidas que ahora recomienda el Tribunal, tales como el impulso del uso de medicamentos biosimilares, la creación de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Universitario de Melilla, etc.”, adelantan. “Igualmente, existen aspectos del informe del Tribunal de Cuentas relacionados con la trazabilidad de medicamentos o la obsolescencia de los sistemas, que estarán superados con el traslado al nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME), así como mediante los avances que se están produciendo en la historia clínica electrónica en las áreas sanitarias de ambas ciudades autónomas”, amplían.
