Las compañías, la farmacia y la distribución se unen contra el Sistema de Precios Seleccionados que incluye el anteproyecto de la Ley de los Medicamentos, recién aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y sometido a consulta pública hasta el 30 de abril. En concreto, exigen al Gobierno que se elimine y solicitan que las reformas se consensúen con el sector y los demás actores de la cadena, dentro del Comité Mixto creado para este propósito en el marco de la Estrategia de la Industria Farmacéutica.
Regulado en el artículo 116, este sistema consiste en establecer cada seis meses unos precios para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles con base en las ofertas ‘ciegas’ de las compañías. De esta manera, habrá un medicamento con el precio más bajo, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados que cambiaría cada seis meses.
En un duro comunicado firmado por Farmaindustria, Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BIOSIM), admiten que "el sistema tiene como objetivo lograr una bajada continua y acusada de precios, precisamente en el mercado con menores márgenes de rentabilidad, como es el de los medicamentos fuera de patente". Por tanto, consideran que "provocaría un serio deterioro de los problemas de abastecimiento, impactaría muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país y supondría una reducción de farmacias con el consiguiente impacto sobre los pacientes".
Además, insisten en que el sistema no incluye reglas específicas que permitan garantizar la permanencia de los medicamentos fuera de patente dentro de la financiación completa. "Este sistema supondría un radical cambio de modelo, con consecuencias muy negativas que no han sido suficientemente valoradas al redactar el Anteproyecto", expresan. A continuación, aseguran que "todo ello sería contrario al concepto de autonomía estratégica abierta, objetivo fundamental del Gobierno y de la Estrategia de la Industria Farmacéutica que se aprobó el pasado mes de diciembre, y conllevaría un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y del empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad a la ciudadanía".
Escenario de inestabilidad para las compañías
La industria fabricante de medicamentos cree que "un modelo poco predecible y volátil como el planteado en el APL generaría un nuevo escenario de inestabilidad e incertidumbre económica para las compañías, con el consecuente impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento en España". A su vez, subrayan que "la primacía del precio sobre cualquier otra consideración daría ventaja a operadores de oportunidad que no tienen capacidad ni voluntad de suministrar de forma estable el mercado a largo plazo".
A continuación, especifican que esta regulación sería un obstáculo para la resiliencia de la cadena de suministro y la autonomía estratégica del país. "Optar por los productos más baratos generaría ahorros públicos a corto plazo, pero la destrucción de tejido productivo mermaría la capacidad de crecimiento económico en forma de actividad productiva y empleo cualificado", mencionan. Con el nuevo Sistema de Precios Seleccionados, admiten que "resultaría imposible planificar la producción y diversificar los proveedores para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, lo que impediría funcionar a pleno rendimiento, con la consiguiente pérdida de empleo".
Como consecuencia, creen que sin plantas o con las plantas mermadas en su capacidad "se hundirían las exportaciones españolas de medicamentos, que superaron los 21.000 millones de euros en 2023 y aumentarían las importaciones extracomunitarias, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial". Y todo ello impacta en un contexto internacional muy tenso para la industria farmacéutica: la inflación derivada de la guerra de Ucrania, que supuso más de 1.500 millones de euros de sobrecoste en solo dos años; la incertidumbre creada por la revisión de la legislación farmacéutica europea y las nuevas regulaciones medioambientales; la inestabilidad derivada de la imposición de aranceles por EE. UU., que, aunque de momento deja fuera a los medicamentos, repercutirá en las cadenas globales de producción.
Repercusiones en la cadena de suministro
En el comunicado hacen alusión a que este modelo impactaría negativamente sobre la cadena de suministro. En concreto, aluden a que “agravaría los problemas de desabastecimiento actuales en un mercado ya muy tensionado en España y en Europa, al disminuir el número de laboratorios ofertantes, impactando en toda la cadena del medicamento”. Además, hacen referencia a la que gestión de los precios seleccionados impactaría de forma “muy negativa” en los mayoristas. “La incertidumbre derivada de las revisiones constantes de precio dificultaría las previsiones de demanda y las estimaciones de los niveles adecuados de stock de los medicamentos generando disrupciones en la cadena y poniendo en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos”, sostienen en el comunicado.
A su vez, mencionan que también “desincentivaría la comercialización en España de medicamentos con suministro limitado en favor de países de la UE con precios más altos, fomentando al mismo tiempo las exportaciones paralelas, circunstancias que provocarían problemas adicionales de suministro. De hecho, recalcan que también “favorecería a fabricantes que ofrezcan precios más bajos, posiblemente en detrimento de otros aspectos del suministro”. “Esta situación podría derivar en una mayor dependencia de proveedores externos (fuera de la UE), comprometiendo la autonomía estratégica nacional en el ámbito farmacéutico”, añaden. Asimismo, alertan de que “desincentivaría el desarrollo y posterior lanzamiento de nuevos medicamentos genéricos y biosimilares, pues España se convertiría en un país oportunista con alta incertidumbre en los volúmenes de comercialización a precios muy bajos”.
Problemas para la Farmacia
En lo que respecta a las oficinas de farmacia, hacen hincapié en que “a los farmacéuticos comunitarios se les trasladaría la misma incertidumbre que al resto de agentes de la cadena por la falta de información clara y las significativas fluctuaciones de precios”. Al respecto, sacan a colación que la implantación de los precios seleccionados también repercutiría negativamente sobre el paciente: “Reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores de los pacientes y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado”, subrayan.
Siguiendo esta línea, garantizan que impactaría directamente sobre la disponibilidad de fármacos. “Al limitar los fármacos seleccionados, se reducirían drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generaría problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos”. “Tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento”, concluyen.
