A las puertas del cierre del trámite de audiencia pública para realizar aportaciones al texto de la nueva Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo plazo se amplió del 30 de abril al 8 de mayo, se hace el silencio en el sector. Tanto la Farmacia como la Industria parecen guardar sus cartas hasta el último minuto. El propio Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, afirmó -en el marco de la presentación del informe ‘Financiación de medicamentos innovadores en España’- que las alegaciones “vendrán de manera muy abundante”. En este sentido, garantizó que estaban manteniendo conversaciones tanto a nivel agregado como individual, y ya había algunos elementos sobre la mesa con propuestas de mejora. Del mismo modo, admitió que “no nos hemos encontrado con oposiciones o quejas que resulten incontestables”.
Uno de los aspectos más polémicos de la norma es el que versa acerca del sistema de precios seleccionados que propone el Ministerio. Mientras que para Sanidad este sistema “favorecerá la competencia entre las compañías”, las compañías, la farmacia y la distribución se unieron contra él, exigieron al Gobierno que se elimine y solicitaron que las reformas se consensúen con el sector y los demás actores de la cadena, dentro del Comité Mixto creado para este propósito en el marco de la Estrategia de la Industria Farmacéutica.
Regulado en el artículo 116, este sistema consiste en establecer cada seis meses unos precios para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles con base en las ofertas ‘ciegas’ de las compañías. De esta manera, habrá un medicamento con el precio más bajo, una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados que cambiaría cada seis meses.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ya aseveraron que las consecuencias sobre las farmacias serán notables si no se implementan una serie de cambios: reducción del número de oficinas, pérdida de empleos y faltas de suministro. Además de mostrar abiertamente su disconformidad con el sistema de precios seleccionados, alertan de la reducción de opciones terapéuticas y de la adherencia a los tratamientos. De hecho, insisten en que con el actual anteproyecto de ley “se pone en riesgo” tanto la sostenibilidad, como la accesibilidad y la viabilidad del conjunto de la red de farmacias comunitarias de España.
En este sentido, el propio presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, puso el foco en la importancia de apostar por la sostenibilidad económica para asegurar el futuro de la Farmacia: “Sólo una farmacia social, accesible y económicamente viable permitirá aprovechar el potencial de la profesión farmacéutica al servicio del SNS, ampliando sus capacidades asistenciales y garantizando la equidad en el acceso a los medicamentos”. “Sin sostenibilidad económica, no hay desarrollo profesional posible”, añadió.
Medidas “aplaudidas”
Pese a ello, desde la organización farmacéutica colegial mostraron su agrado con otras medidas que la nueva normativa trae consigo y que dan como resultado importantes mejoras que recaen directamente sobre la profesión farmacéutica. En concreto, hicieron alusión a la posibilidad de actuar sobre medicamentos de primera prescripción en determinadas circunstancias, la participación en comités de coordinación farmacoterapéutica en las Zonas Básicas de Salud, o el reconocimiento a la labor del farmacéutico en la dispensación entre presentaciones equivalentes. “Estas medidas, en línea con las peticiones realizadas por el Consejo General, representan un aumento de competencias del farmacéutico y permitirían aliviar la presión de la atención primaria”, aseveraron.
Al respecto, cabe mencionar que el anteproyecto contempla una de las demandas más sonadas de la profesión: la llegada del cambio de forma farmacéutica a las farmacias. Más en concreto, hace referencia a que, cuando por causa de desabastecimiento o urgente necesidad no se disponga en las oficinas de farmacia del medicamento prescrito ni de ninguno de los incluidos en su agrupación homogénea formada en base al artículo 101 de esta ley, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), podrá permitir la sustitución por parte del farmacéutico por otro no incluido en la misma agrupación homogénea. De hecho, la AEMPS informará expresa y públicamente la situación de desabastecimiento, con indicación en cada caso de las opciones autorizadas y el marco temporal de la excepción.
Sistema "fuera de patente"
Desde que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley, desde la patronal de la industria farmacéutica aseguraron que incluye un nuevo sistema de regulación de los precios de los medicamentos fuera de patente en España. Según expresaron fuentes de Farmaindustria a El GlobalFarma, “supone un cambio de modelo radical que impactará muy negativamente de forma estructural en el tejido industrial farmacéutico de nuestro país”. En concreto, la patronal cree que deteriorará los problemas de abastecimiento y de la cadena de suministro, pondrá en peligro la continuidad de los tratamientos para los pacientes y añadirá complejidad a la gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos.
Tal como ya manifestó hace unos meses Juan Yermo, director general de Farmaindustria, la normativa “no refleja los objetivos ni el detalle de la Estrategia de la Industria Farmacéutica”, aprobada en diciembre. Una crítica que, lejos de ser nueva, ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Ahora, admiten que “esta situación sería contraria al concepto de autonomía estratégica abierta, uno de los pilares fundamentales del Gobierno y de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, y podría tener un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y de empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad a la ciudadanía”.
Como parte de dicha reforma, también se introducirá la posibilidad de excluir del sistema de precios de referencia medicamentos que puedan considerarse estratégicos, así como de revisar el precio de algunos medicamentos al alza en el caso de que concurran circunstancias que pongan en riesgo el suministro al SNS. Unos cambios en el SPR que “tendrán que ser desarrollados en el futuro Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos para su aplicación concreta durante el proceso de fijación de precio”. Según Farmaindustria, “en la versión inicial se contemplaba que el medicamento de precio más bajo debía suministrar, como mínimo, el 50% del mercado y el resto de los medicamentos incluidos en la agrupación tenían que cubrir el resto del mercado”.
