La Comisión Europea parece decidida a repetir errores que el sector farmacéutico lleva años señalando. El nuevo estudio de costes sobre la implantación del tratamiento cuaternario en las aguas residuales urbanas —presentado como un avance hacia una Europa más limpia— amenaza con convertirse en otro ejemplo de cómo la buena intención se transforma en mala regulación.
"La CE impone a su industria farmacéutica —uno de los pocos sectores europeos que compite con éxito a escala global— cargas regulatorias que ni chinos ni estadounidenses soportan"
El sector en contra
Las tres principales asociaciones del sector —AESGP, EFPIA y Medicines for Europe— han alzado la voz por la falta de transparencia y de diálogo en este proceso. Denuncian que el estudio, encargado por Bruselas sin una consulta real a los agentes implicados, repite los fallos del anterior: uso selectivo de datos, extrapolaciones inverosímiles y una sobreestimación de la carga tóxica atribuida a los medicamentos, que se sitúa en un cuestionable 66 % del total.
La paradoja es evidente. Europa proclama a diario su compromiso con la autonomía estratégica, su deseo de reforzar la producción industrial y de recuperar soberanía sanitaria frente a China y Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, impone a su industria farmacéutica —uno de los pocos sectores europeos que compite con éxito a escala global— cargas regulatorias que ni chinos ni estadounidenses soportan.
Estados Unidos y China
Ni en Pekín ni en Washington existe una obligación para que los productores de medicamentos financien tratamientos cuaternarios en las depuradoras urbanas. Allí, el foco está en fortalecer la competitividad y la capacidad de innovación de sus compañías.
En Europa, sin embargo, el principio de “quien contamina paga” se aplica de forma rígida, sin un análisis equilibrado de costes y beneficios, ni una visión realista del impacto económico sobre la cadena de valor del medicamento.
La Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) puede ser una herramienta útil si se diseña con rigor y consenso. Pero si se aplica sobre estimaciones inexactas o sin diálogo con el sector, corre el riesgo de generar consecuencias contrarias al interés público: pérdida de competitividad, desincentivo a la inversión en I+D y, en última instancia, riesgos para el acceso a medicamentos.
No se trata de oponerse a la protección ambiental, sino de exigir coherencia. La sostenibilidad no puede alcanzarse sacrificando la capacidad industrial y científica de Europa.
Si la Comisión Europea aspira a liderar una Europa más fuerte y autónoma, debe empezar por escuchar a sus propias industrias estratégicas, no penalizarlas. Y no debería ser, además, sus políticas en el sector farma un agravio comparativo con otras industrias como la energética, la textil o la alimentación, donde la contaminación les pasa una factura más leve y proporcional a su contaminación.
De lo contrario, seguiremos viendo cómo la retórica de la soberanía sanitaria se diluye, lentamente, en las aguas de la burocracia.
