Es comprensible que un texto legislativo de la envergadura del anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios suscite un amplio debate técnico y profesional. Se trata de una norma estructural, con múltiples implicaciones clínicas, organizativas y económicas, que afecta a todos los niveles del sistema sanitario.
Por eso, no debe sorprender que haya generado un volumen significativo de alegaciones por parte de actores clave como la industria farmacéutica, la mayoría de las comunidades autónomas, las organizaciones médicas y farmacéuticas. Lejos de interpretarse como un obstáculo, este proceso debe entenderse como una oportunidad para enriquecer y afinar el texto legal, asegurando que responda al interés general con el mayor consenso posible.
Alegaciones
Las alegaciones de la industria farmacéutica innovadora, lideradas por Farmaindustria, han puesto el foco en los retrasos en el acceso a los nuevos tratamientos, la necesidad de seguridad jurídica para la inversión y el rechazo al sistema de precios seleccionados por su potencial impacto en la estabilidad del suministro y la innovación.
Por su parte, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que gestionan la sanidad en once regiones, han expresado una crítica unánime al considerar que el texto invade competencias autonómicas, debilita órganos técnicos existentes y no refleja una verdadera cogobernanza. Reclaman un enfoque respetuoso con el modelo descentralizado del Sistema Nacional de Salud.
Las organizaciones médicas han advertido sobre la necesidad de preservar la claridad competencial en el acto de prescripción y han mostrado preocupación por la posibilidad de sustituciones farmacológicas fuera del control del médico prescriptor, subrayando que la seguridad del paciente debe ser el principio rector. En sus demandas se encuentra la oposicion de la farmacia que es partidaria de una mayor capacidad de sustitución de medicamentos, para evitar y aliviar las faltas o problemas de suministro ya freuentes.
Desde el ámbito de la farmacia, las alegaciones de entidades como FEFE y algunos los colegios profesionales insisten en proteger la sostenibilidad de las farmacias, especialmente en el ámbito rural, y en consolidar su papel en la atención sanitaria, la digitalización y el seguimiento terapéutico. Reclaman estabilidad normativa y reconocimiento a una red esencial del sistema sanitario.
Los proyectos normativos relevantes nunca llevan un camino de rosas. Es natural, y deseable, que sean objeto de análisis, contraste y propuestas de mejora. En este contexto, es justo reconocer la actitud del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que desde su toma de posesión ha mostrado no solo un profundo conocimiento técnico, sino también capacidad de diálogo y una actitud abierta a la escucha.
La ministra de sanidad, Mónica García, ha explicado a EG que será flexible en los plazos para "no dejar a nadie fuera", a pesar de que el 8 de mayo concluía el plazo para presentar las alegaciones. Una ley tan relevante como esta merece y necesita un espíritu de consenso.
