Tras la publicación de la nueva edición actualizada del listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la accesibilidad. Cuando hablamos de medicamentos esenciales no es algo banal, hablamos de fármacos que responden a las necesidades sanitarias prioritarias de la población. Por lo tanto, garantizar su acceso -en términos de precio, calidad y cantidad- se postula como una necesidad imperante, dado que tenerlo o no marca la diferencia entre que una enfermedad sea tratable o constituya una amenaza permanente.
En un plano más estratégico, asegurar el acceso a los medicamentos esenciales fortalece los sistemas de salud: promueve una mejor selección racional de medicamentos, mejora la gestión de compras y cadenas de suministro, impulsa políticas farmacéuticas basadas en evidencia y favorece la sostenibilidad financiera del sistema sanitario.
Para ello, la colaboración público-privada es un pilar fundamental para que estos medicamentos lleguen el tiempo y forma a quien los necesita. Cabe mencionar que, en un momento en el que las brechas en acceso a la innovación y los retrasos regulatorios ponen en jaque la equidad en salud esta alianza permite unir la capacidad regulatoria y el compromiso social del Estado con los recursos, la agilidad y el conocimiento tecnológico del sector privado. Promover un modelo en el que lo público y lo privado trabajen con transparencia, visión estratégica y responsabilidad compartida no solo es una necesidad política, sino una obligación hacia los pacientes.
Para dar impulso a todo ello, la figura de César Hernández -que ha visitado nuestra casa esta semana- ha sido, y es, indispensable; al igual que los cambios normativos pendientes que se deben implementar en un plazo de tiempo, esperemos, más corto que largo. En Europa, la "Ley de Medicamentos Esenciales" propuesta por la Comisión Europea pretende mejorar la capacidad de producción regional, diversificar las cadenas de suministro, fomentar compras comunitarias y garantizar precios asequibles para quienes dependen de fármacos que no tienen alternativas. En este sentido, la nueva Ley de los Medicamentos que plantea España se centra en reformar los mecanismos de fijación de precios, flexibilizar la dispensación, y mejorar la previsibilidad y transparencia del sistema sanitario, lo que puede reducir barreras económicas y logísticas al acceso. Pese a que la nueva legislación parece tener potencial para reforzar el acceso a medicamentos esenciales, aún hay cosas por perfilar.
Pese a que España va bien encaminada en accesibilidad, necesita consolidar un acceso a los fármacos más ágil. La industria farmacéutica ha denunciado en repetidas ocasiones que España aún está muy lejos de los 180 días marcados por Europa. De ahí que hayan reclamado un sistema de financiación claro y predecible para consolidar la senda que está siguiendo nuestro país. Esta situación se asemeja con la del continente europeo, que también tiene un amplio margen de mejora. Al respecto, la directora general de la EFPIA, Nathalie Moll, lo dijo alto y claro: en toda Europa se ha producido "un fracaso colectivo a la hora de mover la aguja para millones de pacientes". De ahí la importancia de que, de una vez por todas, el binomio conformado por los medicamentos esenciales de la OMS y la accesibilidad sea irrompible y se fortalezca. Recordemos que está en juego la salud de millones de pacientes.
