Hoy, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). La luz verde ha sido fruto de que el nuevo texto ha contado con 19 votos a favor y 18 en contra por parte de los diputados, que votaban por segunda vez. Tras pasar esta "primera barrera", la AESAP pasará a manos del Senado. En este marco, algunos grupos parlamentarios han aprovechado la coyuntura para poner sobre la mesa la necesidad de modificar el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Etna Estrems, diputada y portavoz en la Comisión de Sanidad de ERC, impulsó una enmienda, apoyada por Junts y PSOE, en la que el partido ha solicitado que se permita a los veterinarios la cesión de tratamientos en dosis fraccionadas. De hecho, ésta establece un plazo de medio año para arrancar las negociaciones pertinentes e insta al Gobierno a potenciar tanto la formación como las campañas de información para la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos y los procedimientos administrativos establecidos.
El "no" de los farmacéuticos
Cabe mencionar que esto no pilla por sorpresa a la profesión farmacéutica, dado este tema ha acaparado su mirada y ha tensionado la relación con los veterinarios en este último año. El propio Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), incidió en a importancia de respetar la ley. “Hay una premisa en este país, que se sigue manteniendo, de que el profesional que prescribe no dispense y el que dispense no prescriba, y esta es la máxima”, aseveró.
Otro de los actores del sector que se pronunció sobre ello fue Eduardo Pastor, presidente de COFARES, quien alegó que "la ley es clara y establece un régimen de incompatibilidades de tal forma que el prescriptor no pueda asumir, a la vez, el rol de dispensador, o viceversa, lo que evita cualquier posible conflicto de interés. Y esto debe cumplirse".
Por su parte, desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) también expresaron su rechazo: "La pretensión de que el prescriptor sea, además, dispensador de estos productos supondría un retroceso que iría en perjuicio de nuestros pacientes y de la salud pública".
