El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España (CGCOF), Jesús Aguilar, ha defendido este miércoles en la Subcomisión de Sanidad del Congreso el actual modelo de dispensación de medicamentos veterinarios en farmacias como una garantía de salud pública, trazabilidad y control. En su comparecencia, ha enmarcado el debate en la protección de la salud animal, humana y ambiental desde el enfoque 'One Health', y ha rechazado que se trate de una discusión corporativa. "Defender que los medicamentos veterinarios se dispensen en farmacias no es defender un colectivo, es defender la salud pública", ha zanjado.
Aguilar ha situado el origen de la controversia en la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, concebido para reforzar la seguridad y el control en la prescripción y dispensación de antibióticos veterinarios, especialmente a través del sistema PRESVET. Según ha explicado, la aplicación del registro de estas prescripciones en animales de compañía ha hecho aflorar un uso "indebido" de la figura de la cesión desde clínicas veterinarias, que, a su juicio, ha dejado de ser excepcional para convertirse en una práctica reiterada que incumple la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos.
En este punto, ha cargado contra la posibilidad de modificar el decreto para dar cobertura a ese uso de la cesión. Aunque ha dicho compartir las medidas dirigidas a reforzar la seguridad jurídica de la prescripción, ha marcado una línea roja: preservar la separación entre prescripción y dispensación. Para Aguilar, este principio no es "un formalismo", sino "un pilar básico del ordenamiento jurídico" que garantiza la independencia clínica, evita conflictos de interés y asegura un doble control sobre el medicamento. En ese marco, ha apuntado además al peso económico del mercado veterinario en clínicas, que concentran, según ha citado, el 77% del mercado.
El presidente del CGCOF también ha vinculado esta situación al uso de antibióticos y al riesgo de resistencias antimicrobianas. Ha advertido de que el 70% de las prescripciones de antibióticos en animales de compañía se concentra en solo tres principios activos, y ha sostenido que ello responde, en parte, a que una clínica no puede disponer de "todo el arsenal terapéutico" con todas sus formulaciones y vías de administración, algo que sí puede ofrecer una farmacia. Por ello, ha negado que exista un problema de disponibilidad en las farmacias y ha situado el foco en otro punto: la falta de comercialización de formatos adecuados por parte de la industria farmacéutica veterinaria.
"España no es una excepción; es un país líder"
A su vez, Aguilar ha insistido en que el debate no debe desviarse hacia una confrontación entre profesiones, sino centrarse en las garantías sanitarias del sistema. Ha reiterado que los farmacéuticos apoyan que los veterinarios puedan prescribir "con flexibilidad y seguridad jurídica", que puedan usar medicamentos de uso humano cuando sea necesario y que dispongan de un arsenal terapéutico adecuado, con las presentaciones y dosificaciones que requieren sus pacientes. Sin embargo, ha recalcado que el problema no está en la farmacia, sino en que muchas presentaciones autorizadas no se comercializan o no están adaptadas a la dispensación. Por eso, ha pedido “enfocar el problema donde está” y no romper “un modelo garantista que funciona”.
Además, ha rechazado de forma expresa la idea de que España sea una anomalía en el contexto europeo. "España aplica la normativa comunitaria exactamente igual que el resto de los Estados miembros", ha afirmado, tanto en prescripción como en trazabilidad de antimicrobianos. Frente al relato de que en Europa lo habitual es que el veterinario prescriba y suministre, ha señalado que puede haber suministro directo en algunos países, pero no con un sistema comparable de trazabilidad, farmacovigilancia y control. Por ello, ha concluido su discurso dejando claro que abandonar el modelo actual supondría "dar un paso atrás en seguridad" y ha defendido reforzarlo con tres medidas: cumplir estrictamente la ley, erradicar las prácticas irregulares y facilitar el acceso seguro al medicamento veterinario mediante formatos adecuados y una mayor implicación de la industria.
PP, PSOE, Sumar y Vox exponen sus dudas
Desde el Partido Popular, el diputado Antonio Cavacasillas ha reconocido el papel de la red de oficinas de farmacia y de los farmacéuticos en la dispensación de medicamentos veterinarios, especialmente en el medio rural, y ha defendido un modelo de "colaboración leal" entre veterinarios y farmacéuticos. En este sentido, ha subrayado que "cada profesión debe ejercer al máximo sus capacidades, pero siempre desde el respeto mutuo y la coordinación". No obstante, ha alertado de la "carga burocrática excesiva" que determinadas normas recientes pueden estar generando tanto en clínicas y hospitales veterinarios como en las propias farmacias, con el consiguiente riesgo de desabastecimiento, encarecimiento de tratamientos y dificultades añadidas en la España rural. En esa línea, ha pedido a Aguilar aclaraciones sobre la situación real de la disponibilidad, el ajuste de los envases a las pautas de tratamiento y los cambios normativos que considera prioritarios.
Por parte del PSOE, la diputada Alba Soldevilla ha enmarcado la comparecencia en el objetivo de analizar cómo funciona el sistema de medicamentos veterinarios y qué aspectos pueden mejorarse para garantizar la seguridad del medicamento, el acceso a los tratamientos y la protección de la salud pública. Desde una perspectiva de cooperación entre profesiones sanitarias, ha defendido que "este debate debe abordarse desde una perspectiva constructiva y de cooperación entre profesiones sanitarias". Asimismo, ha planteado cuestiones sobre la prescripción de medicamentos de uso humano por parte de los veterinarios, los mecanismos de colaboración entre profesionales y los principales retos del sistema, poniendo también el foco en la mejora de la disponibilidad.
En el turno de Sumar y Vox, los planteamientos han convergido en las fricciones que puede generar el modelo actual, aunque desde aproximaciones distintas. La diputada de Sumar, Viviane Ogou, ha defendido el modelo de farmacia basado en la accesibilidad y la responsabilidad profesional, pero ha subrayado que "responde a una realidad territorial de nuestro país" y ha advertido de los problemas de acceso en zonas con dispersión geográfica. Además, ha cuestionado cómo garantizar la disponibilidad real de los medicamentos en todo el territorio y ha planteado dudas sobre las resistencias antimicrobianas.
Por su parte, el diputado de Vox, Ricardo Chamorro, ha insistido en que el veterinario debe seguir siendo "el que está delante del problema" y ha defendido su papel central en el sistema. A su juicio, el actual marco puede estar generando fricciones innecesarias por un exceso de burocracia, alertando de que se puede estar avanzando hacia "un modelo burocrático donde las decisiones clínicas empiezan a depender demasiado de procedimientos administrativos", lo que podría comprometer la agilidad y la eficacia del sistema sanitario veterinario.
Aguilar reivindica la red de farmacias y pide centrar el debate en el medicamento
En su réplica, Aguilar ha respaldado el uso excepcional de medicamentos de uso humano por parte de los veterinarios y ha introducido el factor coste para ilustrar las diferencias de precio. Según ha expuesto como ejemplo, una presentación humana de amoxicilina con ácido clavulánico de 500/125 miligramos y 30 comprimidos cuesta 5,84 euros, mientras que su equivalente veterinario asciende a 94,5 euros. También ha querido precisar que toda su intervención se refería a animales de compañía y no al ámbito de las explotaciones ganaderas. A partir de ahí, ha defendido que los veterinarios deben ser reconocidos plenamente como profesionales sanitarios, pero ha sostenido que para ello sus sistemas de control deben regirse por la lógica sanitaria y no por la de agricultura. En esa línea, ha reiterado que el veterinario debe encargarse del diagnóstico y la prescripción y el farmacéutico de la dispensación, "igual que hacemos en humana".
En el tramo final, Aguilar ha relativizado parte de las críticas sobre burocracia y ha admitido que el decreto puede haberse "pasado de frenada" en algunos puntos, aunque ha corregido expresamente la idea de una doble carga de registro para las clínicas veterinarias: según ha dicho, esa duplicidad solo afecta a explotaciones ganaderas, no a clínicas de animales de compañía. También, ha defendido la capacidad de la red farmacéutica para garantizar el acceso a los medicamentos en todo el territorio, recordando que España cuenta con 22.200 farmacias, que el 70% está en el medio rural y que el sector ya ha demostrado capacidad de respuesta desde el 1 de enero. "No hay desabastecimiento de medicamentos", ha afirmado, aunque sí problemas puntuales como los que también existen en humana. Por ello, ha pedido "entrar en la profundidad de lo que está ocurriendo" y no perder de vista que "el medicamento no es un bien de consumo", sino un elemento que debe permanecer bajo control sanitario estricto. Con ese argumento, ha cerrado filas con la Ley de garantías como marco rector y ha reivindicado, de nuevo, el sistema español como un modelo líder en seguridad y control.
