La industria farmacéutica vive en un estado de máxima alerta ante la agresiva campaña regulatoria y comercial de Donald Trump. Su objetivo es claro y lo ha repetido en varias ocasiones: obligar a las compañías a fabricar en suelo estadounidense y reducir drásticamente los precios de los medicamentos para los ciudadanos de EE.UU.. Esta estrategia, calificada por los expertos como "agresiva", ha generado una enorme incertidumbre en todo el sector. "El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y Estados Unidos pagará mucho menos", afirmó el presidente estadounidense.
La escalada arancelaria
La principal arma de Trump ha sido la amenaza de aranceles, que ha ido escalando progresivamente. En agosto de 2025, se confirmó un pacto con la Unión Europea para establecer un arancel único del 15% a los productos farmacéuticos, excluyendo los genéricos, al ser considerados un "bien estratégico". Esta medida rompió un compromiso histórico de 30 años para mantener los medicamentos libres de aranceles, protegiendo así a los pacientes. Las patronales europeas, EFPIA y españolas, Farmaindustria, advirtieron inmediatamente de las nefastas consecuencias: una amenaza a las cadenas de suministro globales, un obstáculo a la innovación y un riesgo para el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos. Farmaindustria estima que el coste de estos aranceles sobre las exportaciones farmacéuticas a EEUU para las compañías en Europa asciende a unos 18.000 millones de euros, afectando directamente a la inversión en I+D. El 24% de los insumos importados para la fabricación de medicamentos en Europa provienen de EE.UU.
Poco después, la administración Trump subió la apuesta, amenazando con aranceles de entre el 200% y el 250% a las importaciones de medicamentos, aunque con un periodo de gracia de 12 a 18 meses antes de su entrada en vigor. Pero la amenaza más reciente y contundente llegó a finales de septiembre: a partir del 1 de octubre, Trump impondrá un arancel del 100% a cualquier medicamento de marca o patentado que no se fabrique en Estados Unidos, aunque no se han conocido más detalles. La única exención será para aquellas empresas que ya hayan iniciado la construcción de plantas en territorio americano.
"Pagarán lo mismo que los demás"
Paralelamente a la guerra de aranceles, Trump ha lanzado una campaña directa para bajar los precios. El presidente firmó una orden ejecutiva que obligaba a las farmacéuticas a presentar, en 30 días, una propuesta para reducir los costes. El decreto instruye al Departamento de Salud a negociar nuevos precios y, si no hay acuerdo, aplicar una normativa para igualar los precios en EE.UU. con los más bajos de otros países desarrollados, invocando el mecanismo de "nación más favorecida". Trump denunció que los estadounidenses estaban "subsidiando los medicamentos de otras naciones" y prometió reducciones de hasta el 90%.
Uno de los puntos álgidos de la polémica llegó en agosto, cuando Trump personalizó la presión enviando cartas a los CEOs de 17 de las mayores farmacéuticas del mundo exigiendo un "compromiso vinculante" para reducir los precios. El plazo para responder finalizaba el 29 de septiembre. "Lo único que aceptaré es un compromiso que alivia a las familias estadounidenses de los precios inflados", sentenció el presidente. Pero para el catedrático David Cantarero "exigir a 17 compañías que acepten unilateralmente una reducción de precios bajo amenaza de sanciones o aranceles plantea problemas jurídicos, éticos y económicos considerables". Este martes, un día después de que se acabara el plazo, Trump anunció un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para rebajar los precios de muchos de sus fármacos, además de un sitio web para adquirir medicamentos con descuento, bautizado como TrumpRx.
Las consecuencias: un arma de doble filo
Los analistas y expertos del sector coinciden en que la estrategia de Trump es un arma de doble filo. David Cantarero, catedrático y experto en Economía de la Salud, ha explicado a El GlobalFarma que estas medidas "abaratan el presente, pero encarecen el futuro", ya que la incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión en I+D y eleva el coste.
Y es que las consecuencias más temidas son la escasez de medicamentos y el aumento de los precios, sin olvidar la pérdida de competitividad, innovación y empleo que conllevaría, motivados por el incremento de costes que suponen los aranceles según los analistas. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, auguró que "los medicamentos costarán más", perjudicando a los ciudadanos más vulnerables.
Las políticas proteccionistas podrían reducir los beneficios de las compañías, con posibles pérdidas de empleo y una rebaja en su nivel de competitividad en el mercado estadounidense. Las farmacéuticas argumentan que los altos precios en EE.UU. subvencionan en parte la innovación a nivel global, por lo que una reducción forzosa de sus márgenes de beneficio pone en duda la sostenibilidad de su I+D. La incertidumbre regulatoria puede provocar retrasos en proyectos de mayor riesgo y reducir el lanzamiento de nuevas moléculas.
La política de Trump también ha afectado a las operaciones de fusiones y adquisiciones, limitando la disposición de las compañías a asumir grandes riesgos económicos en el corto plazo. Ante esta situación, tanto la industria como las instituciones europeas han reclamado "soluciones reales" y un marco regulatorio estable que proteja a los pacientes y fomente la inversión y la innovación.
