La Ley de Campoamor según la cual nada es verdad ni mentira puede aplicarse al hueco que el debate sobre los impagos a las farmacias catalanas se ha hecho durante la cuestión de confianza al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La postura del president fue clara ante este tema, que fue introducido por la portavoz de Ciudadanos. Inés Arrimadas acusó a los responsables de la Generalitat de hablar “de que van a crear un nuevo estado” cuando “no puede pagar ni las farmacias”... Una “falsedad”, según Puigdemont.
El presidente de la Generalitat retomó el ejemplo de las farmacias para defender los esfuerzos del Gobierno catalán para cumplir con sus compromisos. “Las farmacias cobran -dijo- y, de hecho, no habían cobrado tan bien como ahora”. Las actas de la sesión se hacen eco del rumor de voces que siguió a este comentario, que ciertamente puede contemplarse desde dos puntos de vista. Si la frase hace referencia a la situación de los impagos después del verano, es verdad que las farmacias catalanas nunca habían cobrado tan bien. Gracias a diversos pagos efectuados en periodo estival, la Generalitat redujo el retraso que acumula en el abono de facturas a sus farmacias a 25 días según la fecha que marca el concierto —el día 5 de cada mes— y 60 desde que la receta es dispensada (frente a los 80 días que pasaban hasta ahora).
Pero la realidad es que los impagos son una realidad en Cataluña desde hace años, y que en junio llegó a superar los 200 millones de euros. De hecho, el retraso continúa en términos mensuales. En los próximos días las farmacias catalanas deberán cobrar el mes que ahora tienen pendiente, y previsiblemente volverán al punto de partida el día 5 del próximo mes. Esta circunstancia fue mencionada por Arrimadas en su turno de réplica: “Las farmacias están cobrando tarde. Y de hecho, ¿sabe lo que nos cuesta que ustedes paguen tarde? ¿En el último pago? Más de 9 millones de euros”. Lo que ustedes hacen de no priorizar los recursos de la Generalitat nos hace que a todos los catalanes nos cueste más caro pagarle a las entidades sociales y a los proveedores de la Generalitat”, recalcó.
