La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una modificación legal para proteger la confidencialidad de los acuerdos de financiación y de los precios de adjudicación de los medicamentos y productos sanitarios adquiridos por las administraciones públicas. La medida se ha incorporado a través de la transaccional 5, pactada por PSOE, PP y Sumar, dentro de la tramitación de la Proposición de Ley sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud.
La transaccional modifica el artículo 97 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para establecer que "los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones públicas, tendrán carácter confidencial".
El texto aprobado también introduce límites a esa confidencialidad. Según la redacción incorporada, la regla se aplicará "sin perjuicio" del acceso que puedan requerir autoridades de competencia, supervisoras del mercado, actividades inspectoras o unidades administrativas de órganos colegiados de decisión en el ámbito farmacéutico y sanitario. Además, Sanidad deberá publicar información accesible para el público general sobre la financiación de cada producto e información agregada sobre el gasto en medicamentos y productos sanitarios.
La inclusión de esta reforma marcó buena parte del debate parlamentario. El diputado de Sumar, Rafael Cofiño, defendió que la enmienda, "aunque inicialmente pueda parecer contraintuitiva", es "un paso imprescindible" para proteger a España de la cláusula de nación más favorecida impulsada por Donald Trump. Según explicó, esa política puede provocar que las farmacéuticas retrasen el lanzamiento de medicamentos en países como España "a la espera de negociar precios en mercados más caros".
A favor de los ciudadanos
Cofiño vinculó la medida con el acceso temprano a terapias innovadoras, especialmente en enfermedades raras y tratamientos de alto impacto. "La consecuencia de todo esto", advirtió, es que "las personas que necesitan fármacos en España tendrían que esperar más tiempo para acceder a ellos". El diputado insistió en que la confidencialidad no será absoluta, ya que determinados organismos podrán acceder a la información "cuando lo necesiten legalmente y dentro de sus competencias".
Podemos rechazó frontalmente la transaccional y votó en contra del informe. Su diputado Javier Sánchez denunció que la ley de cribados neonatales ha terminado incorporando "una reforma que blinda también por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por medicamentos financiados con dinero de todos".
El PNV votó a favor del texto, aunque Joseba Andoni Agirretxea admitió que la vía elegida no era la ideal. "Nunca hemos defendido que se metan enmiendas piratas en leyes que no le corresponden", afirmó, aunque añadió que la disposición "tiene una razón de ser".
La Comisión aprobó finalmente el informe de la ponencia, con las cinco transaccionales incluidas, por 33 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. De este modo, el Congreso da un paso para incorporar a una ley sanitaria sobre cribados neonatales una reforma de calado en materia de financiación farmacéutica, que abre un debate entre la protección de la negociación de precios y el derecho ciudadano a conocer el coste real de los medicamentos financiados con fondos públicos.
