El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Una esperada normativa que mantenía expectante a todo el sector sanitario y, en especial, al farmacéutico. "Busca, por un lado, modernizar el sistema de precios de referencia (SPR) para impulsar los genéricos y también agilizar los tratamientos más innovadores", ha expuesto la ministra portavoz, Pilar Alegría.
"La última vez que se hizo una reforma integral fue en el año 90, teníamos una deuda con el medicamento desde hace muchos años", ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, donde también se ha aprobado el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que "busca promover el asesoramiento técnico y científico para realizar actuaciones de prevención y control de enfermedades", ha indicado Alegría.
Un anteproyecto que, ha recordado la titular de Sanidad, se enmarca dentro de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, en "un momento crucial". "Es una ley muy ambiciosa en la que han participado muchos ministerios y creo que es una ley estratégica que va a venir a reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y el control de los medicamentos", ha asegurado García.
Esta nueva norma tiene tres objetivos fundamentales, según la ministra. En concreto, son: "modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlos al siglo XXI, incorporar todas las lecciones que nos dejó la pandemia en lo que autonomía estratégica y reservas estratégicas se refiere y mirar al futuro, no solo de las necesidades de los pacientes, sino también de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", ha enumerado García.
Acceso a la innovación
"Vamos a mejorar el acceso a la innovación, se va a fomentar una competencia saludable entre los desarrolladores con la introducción de los biosimilares y los genéricos y vamos a fortalecer nuestra capacidad para poder tener un buen abastecimiento de medicamentos esenciales", ha recalcado la ministra.
Según García, se trata de una ley "compleja y muy técnica". Así, durante su intervención, ha desarrollado algunos de los puntos clave que incluye la normativa. "En esta ley lo que hacemos es adaptar en la investigación en los ensayos clínicos la regulación europea y obligar a la transparencia en ciertos aspectos dentro de los ensayos", ha concretado.
Además, García ha señalado que quieren acortan plazos para que el periodo que transcurre entre que se acuerda que un fármaco entra en el mercado y se toma la decisión de precio y financiación no supere los 180 días y el proceso sea transparente. "También queremos que haya fármacos que podamos incorporar dentro del SNS antes de que se haya tomado la decisión de financiación", ha agregado.
Asimismo, para que cuando un fármaco entra en el mercado a competir con otros, se ha incorporado un nuevo SPR porque el actual "es demasiado rígido, que impide una competencia real entre los diferentes medicamentos innovadores, genéricos y biosimilares". "Hacemos un sistema más flexible en el que hay una agrupación homogénea de los fármacos y en esa agrupación se hace un marco de referencia de precios", ha explicado.
Por otro lado, ha indicado que se habilita a enfermeras y fisioterapeutas para poder prescribir "dentro de su competencia", se facilita a los farmacéuticos para poder realizar sustituciones de medicamentos y se crea un Consejo de Coordinación Farmacoterapéutico, para que "haya más coordinación y comunicación entre las oficinas de farmacia y Atención Primaria".
Autonomía estratégica
"Sobre la autonomía estratégica y los problemas de suministro, reforzamos la interlocución entre los laboratorios y la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) para detectar posibles riesgos de falta de suministro. Y, en este sentido, los laboratorios están obligados a contar cuáles son sus planes de prevención en caso de problemas de suministro", ha asegurado García.
Además, ha señalado que se mejoran los canales de comunicación en caso de que haya una emergencia de salud pública y, "cuando haya una alerta que afecte a la disponibilidad de los medicamentos, se agilizará la respuesta para asegurar el acceso". También se pretende reforzar el acceso a la compra conjunta de medicamentos, tanto con las comunidades autónomas como a nivel europeo, lo que "aumentará nuestra capacidad de compra y asegurará el abastecimiento". Y, finalmente, ha apuntado a la sostenibilidad económica del sistema así como a la sostenibilidad medioambiental.