El debate sobre el nuevo reglamento para el Consejo Interterritorial sigue enconado. El debate de fondo —que es finalmente legislativo— sigue sin resolverse y los bandos están bien diferenciados: los que defienden que el foro debe regirse por la Ley de Cohesión (comunidades socialistas y nacionalistas) y aquellos que defienden el carácter sectorial de éste (Gobierno y comunidades regidas por el Partido Popular). Ante esta discusión, el consejero de Extremadura, José María Vergeles, ha hecho llegar al Ministerio una propuesta para que sea debatida en la próxima Comisión delegada destinada a redactar el nuevo reglamento del Interterritorial. “Las negociaciones siguen avanzando pero nosotros hemos hecho una propuesta en la que desaparece el voto de calidad y preponderante del Ministerio y en la que la adopción de acuerdos debe sustentarse en el consenso o un mayoría cualificada de dos tercios”, aseveró a EG. Además, Vergeles explicó que la propuesta enviada también tenía por objeto “regular mejor” el funcionamiento de la Comisión Delegada.
La posición de Extremadura es apoyada, con matices, por el resto de comunidades socialistas, si bien aseveran que no está suscrita al cien por cien y que es una propuesta que sólo representa a esta comunidad autónoma. El consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, señaló a EG que “están más o menos de acuerdo” con la propuesta extremeña pero que la negociación va a ritmo muy lento. “A nosotros nos gustaría que se celebrase un Consejo Interterritorial exclusivo para discutir este aspecto”, afirmó Fernández.
Desde el Ministerio se asegura que las negociaciones siguen produciéndose pero estiman que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es la que debe primar para regir el funcionamiento del Consejo Interterritorial. “Habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones”, aseguró el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza. La fecha para continuar esas conversaciones es el 27 de septiembre, cuando se volverá a reunir la Comisión Delegada con el objetivo de llegar a un acuerdo. Además de la propuesta extremeña, las comunidades socialistas tienen por objeto consensuar una posición para defenderla ese día.
La pugna por el nuevo reglamento toma ahora un cariz especial por la composición actual del Consejo Interterritorial. El PSOE controla ocho comunidades mientras el PP tiene cinco y las dos ciudades autónomas —más el voto ministerial—. El resto están controladas por partidos nacionalistas (Coalición Canaria, PNV, Junts pel Si y Geroa Bai). Esta correlación de fuerzas hace que las comunidades opositoras se hayan negado a que Sanidad tenga un voto cualificado en las votaciones de los acuerdos del Consejo Interterritorial.
