El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha comparecido hoy ante el Pleno del Parlamento de Galicia para expresar su rechazo a la reciente reforma del copago farmacéutico impulsada por el Ministerio de Sanidad. Bajo un tono crítico, el titular de la cartera sanitaria gallega ha calificado la medida de "chapuza", señalando "no solo una falta de lealtad institucional", sino también "graves deficiencias técnicas que impiden su aplicación efectiva en este momento".
Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Gómez Caamaño es el impacto financiero que esta reforma tendrá sobre las arcas de la comunidad autónoma. Según las estimaciones de la Xunta, el cambio en el sistema de copago supondrá un gasto adicional de 20 millones de euros al año para Galicia.
El conselleiro recordó que Galicia ya tiene presupuestados para el presente ejercicio cerca de 1.000 millones de euros destinados exclusivamente al gasto en recetas. En este sentido, la administración autonómica se muestra sorprendida de que una modificación de tal calado económico se haya llevado a cabo "sin un acuerdo previo sobre la financiación, afectando directamente a quienes sostienen y gestionan la asistencia sanitaria pública".
Una reforma "inaplicable"
Más allá del impacto presupuestario, el conselleiro ha puesto el foco en la "incapacidad técnica para ejecutar la norma". A pesar de que la reforma ya ha sido aprobada, Gómez Caamaño sostiene que aún no puede aplicarse plenamente en el territorio. El motivo, según la Xunta, radica en que el Ministerio de Sanidad todavía no ha establecido los criterios de población correspondientes a cada tramo del copago, lo que dejaría a las comunidades autónomas en un limbo organizativo.
Esta falta de previsión ha sido tildada de "deslealtad" por parte de la Xunta, ya que se están adoptando decisiones que repercuten directamente en los pacientes y en la operatividad de los servicios de salud "sin haber definido antes las herramientas necesarias para su implantación".
El fin del consenso en la Comisión Permanente de Farmacia
El malestar de la administración gallega también tiene una raíz política y metodológica. Según explicó el titular de Sanidade, Galicia y el resto de las comunidades autónomas se encontraban trabajando de forma conjunta con el Ministerio en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia. El objetivo de este foro era precisamente alcanzar una reforma consensuada del sistema de copago, donde se acordasen tanto los contenidos como los plazos de implantación.
Sin embargo, Gómez Caamaño denunció que el Gobierno central decidió romper esta dinámica de diálogo "sin previo aviso". El Ejecutivo optó por modificar el sistema estatal mediante un Real Decreto-Ley, una maniobra que, a juicio del conselleiro, desprecia el papel fundamental de las comunidades autónomas en la gestión sanitaria. Esta dinámica de decisiones unilaterales se está convirtiendo, según sus palabras, en una "práctica habitual del Ministerio que pasa factura a la sanidad pública".
La crítica de la Xunta no se ha limitado exclusivamente al copago. Gómez Caamaño ha enmarcado este proceder del Ministerio dentro de una "dinámica constante de ignorar a las comunidades", citando como ejemplo el conflicto relacionado con el Estatuto Marco. El conselleiro vinculó la falta de diálogo ministerial con las movilizaciones y huelgas que se vienen sucediendo desde hace cinco meses. En el caso de Galicia se han cancelado ya 245.000 actos asistenciales debido a estos paros.
A pesar del escenario de confrontación institucional, Antonio Gómez Caamaño ha asegurado que Galicia seguirá actuando con "responsabilidad y rigor". La hoja de ruta de la Consellería de Sanidade pasará por defender los intereses de los pacientes, garantizando que cualquier decisión que afecte al sistema público "se tome con seriedad y previsión". El conselleiro concluyó su intervención reafirmando el compromiso de su departamento con una planificación rigurosa.
