La política medioambiental europea y la estrategia farmacéutica de la Unión vuelven a encontrarse en un delicado equilibrio. El pasado 17 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita la suspensión temporal de las obligaciones vinculadas a la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) incluidas en la nueva Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. La decisión responde a la creciente preocupación por el posible impacto que este mecanismo podría tener sobre la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos en Europa.
Aunque la Eurocámara reafirma su compromiso con la reducción de los microcontaminantes y la protección de los recursos hídricos, una mayoría de eurodiputados considera necesario revisar previamente las consecuencias económicas y regulatorias de una norma que obliga a los sectores farmacéutico y cosmético a financiar al menos el 80% de los costes del tratamiento cuaternario de las aguas residuales. En este contexto, hablamos con Elena Nevado del Campo, eurodiputada del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), para analizar el alcance de esta resolución, las dudas existentes sobre la aplicación del principio de "quien contamina paga" y las implicaciones que podría tener para la industria farmacéutica, los sistemas sanitarios y los pacientes europeos.
Pregunta. ¿Qué valoración hace de la decisión de solicitar la suspensión temporal de las obligaciones vinculadas a la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)?
Respuesta. Efectivamente. Creo que es una buena noticia que el Parlamento haya aprobado hoy esta resolución porque supone un toque de atención a la Comisión Europea. Durante toda esta legislatura, estos dos años que llevamos ya de mandato, venimos denunciando que esta situación es consecuencia de una excesiva regulación medioambiental heredada de la anterior legislatura, cuando los Verdes tenían un peso muy importante en el Parlamento Europeo y ahora ya no lo tienen. Hoy es un buen día para la industria y para Europa porque no podemos intentar incentivar la competitividad europea en un sector tan estratégico como el farmacéutico y, al mismo tiempo, mantener normativas que frenen precisamente esa competitividad.
P. ¿Esta suspensión temporal es una simple pausa técnica para evaluar el impacto de la medida o el primer paso para reabrir la negociación de la directiva?
R. Nosotros hemos pedido una suspensión temporal, lo que se conoce como stop the clock, para que las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor vuelvan a evaluarse. Lo que reclamamos es una nueva evaluación de impacto para determinar quiénes son realmente los responsables de la contaminación. Si vamos a aplicar el principio de que quien contamina paga, no podemos criminalizar al sector farmacéutico y al cosmético sin tener claro que son los responsables directos de esa contaminación. En esencia, pedimos una suspensión temporal acompañada de una nueva evaluación de impacto, y eso es precisamente lo que ha salido adelante tras aprobarse nuestras enmiendas.
P. ¿Comparte la preocupación expresada por la industria farmacéutica?
R. Efectivamente. Sobre todo a quienes estamos en la Comisión de Salud Pública nos preocupa un aspecto fundamental. Estamos negociando el Critical Medicines Act y no podemos permitir que esta normativa termine encareciendo los medicamentos. Hay que preguntarse qué repercusiones tendrá para los sistemas públicos de salud y para los pacientes. Aunque la Comisión sostenga que el impacto será reducido, cualquier incremento de costes puede tener consecuencias negativas para los sistemas sanitarios y para el acceso a los medicamentos, especialmente en el caso de los genéricos.
P. ¿Existe entonces una contradicción entre incentivar la producción farmacéutica en Europa y exigir estos nuevos costes a las empresas?
R. Exactamente. Estamos intentando que se produzcan más medicamentos en Europa y que las compañías que fabrican aquí reciban incentivos. Sin embargo, esas mismas empresas tendrían que asumir estos costes adicionales, mientras que los productores que fabrican fuera de la Unión Europea quedarían exentos. Es una contradicción evidente.
P. ¿Qué cambios considera necesarios para que esta directiva resulte más proporcionada?
R. En primer lugar, hay que determinar si los microcontaminantes detectados en el agua proceden realmente de la industria farmacéutica. Además, hay una cuestión importante: la contaminación no se produce durante la fabricación del medicamento, sino cuando los pacientes eliminan restos de esos tratamientos y llegan a las aguas residuales. Por tanto, debemos preguntarnos dónde empieza y dónde termina la responsabilidad dentro del principio de quien contamina paga. Hablamos de medicamentos, hablamos de salud y hablamos de pacientes. También tenemos claro que este coste no puede recaer sobre los ciudadanos, porque ya pagan tasas por el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Si existen otros sectores o factores contaminantes, todos los responsables deben asumir parte de la carga.
P. ¿Considera que la metodología empleada para elaborar la directiva debería revisarse?
R. Sí. Países como España y Alemania han realizado sus propios análisis y han concluido que los costes reales son muy superiores a los estimados por la Comisión. Por eso creemos que es necesaria una nueva evaluación de impacto tanto sobre los costes como sobre el sistema de responsabilidades. La Comisión presume que el 92% de los microcontaminantes procede de las industrias farmacéutica y cosmética, pero creemos que esa conclusión carece del rigor suficiente y que además no se han estudiado adecuadamente las consecuencias que tendría la aplicación de la norma sobre el acceso a los medicamentos, los presupuestos públicos y los sistemas sanitarios.
P. La directiva obliga a los sectores farmacéutico y cosmético a financiar al menos el 80% del tratamiento cuaternario de las aguas residuales. ¿Considera que esa carga es excesiva?
R. Exactamente. Ese porcentaje se ha calculado aplicando el principio de 'quien contamina paga', pero si existen otros agentes contaminantes que no van a asumir ningún coste, el propio argumento pierde consistencia. Si queremos una estrategia europea de salud coherente, debemos ajustar tanto los daños como las responsabilidades.
P. Usted ha advertido de posibles consecuencias sobre el acceso a los medicamentos. ¿Cuáles son los principales riesgos?
R. El principal riesgo es que aumente la lista de medicamentos críticos de la Unión Europea, que ya supera el centenar de referencias. Hablamos de medicamentos básicos y esenciales que se utilizan diariamente en hospitales y centros de salud. No podemos permitir que a la industria deje de interesarle producir en Europa porque eso podría provocar nuevos problemas de desabastecimiento. Además, se genera otra contradicción: los productores europeos asumirían estos costes mientras que quienes fabrican fuera podrían seguir comercializando sus medicamentos sin soportarlos. La directiva necesita ser revisada.
P. ¿Existe algún calendario previsto para esta revisión?
R. Nosotros queremos que el stop the clock se aplique en julio de 2026. La directiva obliga a la Comisión a realizar una evaluación antes de finales de 2033 y otra revisión exhaustiva antes de 2040, pero consideramos que esa evaluación debe adelantarse. Hay que analizar los costes y el sistema de responsabilidades antes de que la industria tenga que realizar inversiones millonarias que podrían resultar innecesarias si posteriormente se modifica el modelo.
P. ¿Cuál debería ser el siguiente paso tras esa suspensión?
R. Revisar la lista de sustancias presentes en el agua y estudiar si deben incorporarse otros sectores al sistema de financiación. También creemos que la Agencia Europea del Medicamento debe participar en estas evaluaciones de impacto porque las decisiones acabarán repercutiendo en el precio de los medicamentos. Además, la obligación no debería afectar únicamente a los productores, sino también a quienes comercializan los productos.
P. España ya ha iniciado la consulta pública para transponer esta directiva. ¿Debería esperar el Gobierno a la nueva evaluación de impacto antes de avanzar?
R. Una de las cuestiones aprobadas en esta resolución es comunicar formalmente su contenido tanto a la Comisión Europea y al Consejo como a los gobiernos y parlamentos nacionales. Si España ha iniciado ya la transposición, debe tener en cuenta que el Parlamento Europeo ha respaldado esta suspensión temporal. Aunque el Gobierno puede seguir avanzando, creemos que debería esperar a que se complete la nueva evaluación de impacto por un principio de prudencia.
P. ¿Cómo debería equilibrar la Unión Europea la protección medioambiental y la garantía de suministro de medicamentos?
R. Lo primero es cuestionar la metodología utilizada, tanto desde el punto de vista científico como económico. Nosotros creemos que es fundamental reducir los microcontaminantes porque afectan a la salud y al medio ambiente, en línea con el enfoque One Health. También sabemos que la presencia de estos contaminantes favorece fenómenos como las resistencias bacterianas, una amenaza sobre la que la OMS lleva años alertando. Pero debemos hacerlo con una base científica sólida, valorando correctamente los costes y distribuyendo las responsabilidades de forma justa. Estamos a tiempo de proteger el medio ambiente y la salud pública sin poner en riesgo a un sector estratégico. Porque de poco serviría proteger el entorno si terminamos comprometiendo el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales.
