Este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Senado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha trazado la hoja de ruta de la culminación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS). La titular de la cartera sanitaria ha confirmado que este marco normativo está a punto de ver la luz, asegurando que el proceso técnico y administrativo encara su recta final.
“Este trabajo se va a completar en las próximas semanas”, afirmó García, acercando una herramienta diseñada para dotar de mayor orden, metodología y rigor a la toma de decisiones sobre la financiación y fijación de precios de productos sanitarios y medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La necesidad de un nuevo decreto de ETS también busca establecer un sistema robusto que garantice que cada innovación que llega al paciente. “Necesitamos que la evaluación de la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias en nuestro sistema sanitario tenga toda la eficacia y toda la eficiencia y toda la evidencia científica detrás para poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores garantías”, explicó García. Este enfoque busca alejar la toma de decisiones de criterios meramente económicos para centrarse en el valor clínico real que los fármacos y tecnologías aportan a la salud de la ciudadanía.
La reforma de la Ley del Medicamento
Junto al esperado decreto de evaluación, Mónica García puso el foco en otra pieza fundamental del engranaje legislativo: la reforma de la Ley del Medicamento. “Y como no, la nueva Ley del Medicamento, una ley que, vuelvo a insistir, estaba en el cajón desde hace 15 años, no se tocaba desde el año digo 15 años, 10 años, perdón, desde el año 2015”, puntualizó la ministra.
Para el Ministerio de Sanidad, ambas normas, el decreto de ETS y la Ley del Medicamento, son vasos comunicantes que persiguen un fin común. Según García, estas regulaciones "buscan que las decisiones sobre cómo incorporar medicamentos y tecnologías a nuestro sistema sanitario para mejorar la vida de nuestros pacientes se basen en su valor en la salud y en el interés de proteger la salud de nuestros pacientes”.
La ministra abogó por un cambio en la cultura corporativa y política del sector, donde el bienestar del usuario final se sitúa en primer plano. “Todo esto además enmarca también en una agenda que tenemos más amplia que de modernización del acceso a la innovación y el fortalecimiento de nuestra política farmacéutica”, señaló García, vinculando estas reformas con la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada hace un año. En este contexto, la ministra enfatizó la necesidad "de reforzar el papel del interés común, el objetivo de reforzar el interés de los pacientes en orientar el desarrollo del sector hacia áreas que son estratégicas y que son fundamentales para los pacientes. Todo el ecosistema de la industria farmacéutica tenemos que poner al paciente en el centro, pero no solo como una frase hecha, sino como una realidad”.
Innovación y sostenibilidad pública
La estrategia del Ministerio que también busca una relación "equilibrada y productiva" con el sector privado. García subrayó que se ha trabajado en la hoja de ruta de la industria farmacéutica de forma colaborativa, buscando puntos de encuentro que respeten los intereses comerciales legítimos sin comprometer la salud pública.
En este sentido, la ministra recordó que el desarrollo del sector debe estar alineado con la sostenibilidad del sistema. "No podemos olvidar nunca el acceso, la accesibilidad y la sostenibilidad", afirmó, dejando claro que la innovación solo es valiosa si es accesible para quienes la necesitan. El nuevo decreto de ETS será, en este sentido, el filtro que asegure que la innovación financiada con fondos públicos sea realmente transformadora y eficiente.
Como era de esperar, el anuncio de estas reformas no estuvo exento de debate político. Tras la intervención de la ministra, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios expresaron sus posiciones, destacando las voces críticas del Grupo Popular.
José Manuel Aranda y Enrique Ruiz Escudero, portavoces del PP, manifestaron su preocupación por el posible impacto de estas normativas en la autonomía de las comunidades autónomas. Ruiz Escudero advirtió sobre "el riesgo de invadir competencias autonómicas en la gestión de la prestación farmacéutica" y reclamó una reforma que "respete la singularidad de la profesión" y cuente con la financiación necesaria para cubrir las nuevas prestaciones que el Ministerio pretende implementar.
