La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha repasado distintas líneas de trabajo de su Ministerio. Entre los asuntos abordados, la ministra se ha referido también a la división de la sede del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos y Terapias Avanzadas (CERTERA), una decisión que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero y que fijó Majadahonda como sede administrativa y Barcelona como sede de dirección científica.
En un breve contexto, el reparto fue presentado por el Gobierno como un modelo de "doble nodo" para sostener tanto la gestión como el impulso científico del consorcio. Según la información trasladada entonces, Majadahonda se impuso para la coordinación administrativa por su vinculación con el campus del Instituto de Salud Carlos III, mientras que Barcelona fue elegida para la dirección científica por su ecosistema biomédico y su capacidad investigadora.
Ya en la Comisión, García ha defendido como "un hito relevante" la puesta en marcha del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos y Terapias Avanzadas (CERTERA), "cuya sede administrativa estará en Majadahonda, junto al Instituto de Salud Carlos III, y cuya dirección científica se ubicará en Barcelona, aprovechando uno de los ecosistemas biomédicos más potentes de Europa". La ministra ha enmarcado esta fórmula como una apuesta deliberada por un modelo compartido entre dos polos de investigación.
A partir de ahí, la titular de Sanidad ha reivindicado expresamente que este esquema "nos permite combinar excelencia científica, capacidad operativa y cohesión territorial, apoyándonos en dos grandes polos de investigación para impulsar el desarrollo de terapias avanzadas en nuestro país". Con ello, García ha defendido la división de funciones como una vía para reforzar tanto la dimensión científica como la capacidad organizativa del futuro consorcio.
La ministra ha ido más allá y ha situado CERTERA como ejemplo del modelo de país que, a su juicio, debe perseguir España en el ámbito biomédico. "Creo que este es un buen ejemplo de hacia dónde queremos que avance nuestro sistema sanitario y científico: hacia un país que no solo utiliza las innovaciones médicas, sino que también las desarrolla", ha afirmado. En esa misma línea, ha recalcado que las terapias avanzadas figuran hoy entre las herramientas "más prometedoras" para tratar enfermedades graves y complejas, desde determinados cánceres hasta enfermedades raras.
Según ha sostenido García, con CERTERA "damos un paso más para que España esté en la primera línea de la revolución biomédica, reforzando nuestra capacidad de investigación, de producción y de acceso a estas terapias dentro del propio sistema público". El mensaje de la ministra ha pasado así por presentar el consorcio no solo como una estructura administrativa, sino como una herramienta estratégica para reforzar la posición del sistema sanitario público en el desarrollo y acceso a terapias avanzadas.
En ese mismo bloque, García ha ligado esta defensa de CERTERA con la política de acceso a la innovación farmacéutica. La ministra ha asegurado que los últimos datos del informe publicado por el Ministerio hace unas semanas reflejan "una mejora clara en la capacidad del Sistema Nacional de Salud para incorporar nuevos medicamentos". Además, ha subrayado que "España financia casi el 80% de los medicamentos innovadores que solicitan su inclusión en la prestación farmacéutica" y que se han reducido "en más de un 50% los tiempos de tramitación en los últimos años".
Para García, ese avance demuestra que "es posible mejorar el acceso a la innovación manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema", de manera que los pacientes puedan beneficiarse antes de nuevos tratamientos cuando estos aportan "valor real en salud".
Madrid y Valencia, en contra del modelo de doble sede
La decisión del Consejo de Ministros no cerró el debate territorial. Apenas tres días después de la aprobación de la doble sede (llevada a cabo el martes 27 de enero), la Comunidad de Madrid criticó que el Gobierno había asignado "de manera irregular" la dirección científica a Cataluña. Según la posición del Ejecutivo madrileño, ni la convocatoria ni el Real Decreto 209/2022 contemplaban esa dirección científica, sino únicamente una sede administrativa, por lo que el reparto entre Majadahonda y Barcelona suponía, a su juicio, un cambio introducido fuera de las reglas inicialmente previstas.
Madrid situó el origen del choque en el propio acuerdo del 27 de enero y sostuvo que conoció el reparto definitivo a través del BOE, después de haberse designado la sede física en Majadahonda. El Gobierno regional interpretó así que la creación de una dirección científica con sede en Barcelona había sido incorporada "por la puerta de atrás", lo que desembocó en la presentación de una denuncia contra la decisión adoptada por el Ejecutivo central.
La Comunitat Valenciana también reaccionó contra el acuerdo. El 5 de febrero, la Generalitat registró alegaciones ante el Consejo de Ministros al considerar que el procedimiento se había convocado para designar una sede física única, vinculada a la unidad de gestión del consorcio. En sus escritos, la Conselleria de Sanidad sostuvo que ni la orden inicial ni los criterios de valoración publicados preveían "en ningún caso" una pluralidad de sedes ni la separación entre sede administrativa y dirección científica.
A juicio del Ejecutivo valenciano, el modelo dual aprobado por el Gobierno vulneraba principios como la congruencia, la seguridad jurídica, la igualdad en el acceso a procedimientos competitivos y la transparencia. Además, reprochó que el resultado final concentrara las funciones estratégicas en Madrid y Barcelona sin explorar la asignación de funciones diferenciadas a otras candidaturas, en un contexto en el que Valencia quedó fuera del reparto de cualquier sede.
