La OCDE cree que es necesario reequilibrar el poder de negociación entre los pagadores y la industria farmacéutica como vía para frenar la proliferación de medicamentos de alto coste y la presión de los crecientes precios de los medicamentos sobre el gasto sanitario público. Así lo asegura la organización en un informe presentado en vísperas de la conferencia de ministros de Sanidad de la OCDE que se celebra en París sobre el futuro de la sanidad.
La situación planteada en el trabajo, titulado New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability, suma un nuevo interrogante a las estrategias de precio de la industria farmacéutica. Según sus autores, el gasto farmacéutico se inclina cada vez más hacia los productos de alto coste. Defienden por ello que los gobiernos trabajen con la industria y con los reguladores para definir un nuevo enfoque en el desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías... Uno que anime la innovación mientras garantiza el acceso a medicamentos más asequibles.
El punto de partida del trabajo es el mismo que inspiró la consulta de la ONU y que persigue el Parlamento Europeo: crear un nuevo equilibrio en el sector. Los precios que se pagan por los nuevos medicamentos, asegura, deben reflejar los beneficios en salud obtenidos de la utilización de los mismos en comparación con las alternativas existentes, y ajustarse en base a la evidencia. Los pagadores deben por tanto equiparse con el poder necesario para ajustar esos precios y no pagar por aquellos que demuestran ser inefectivos.
Ante ello, también la OCDE cree que las vías para lograrlo son una mayor transparencia y cooperación entre los pagadores, así como las iniciativas de compras conjuntas a nivel internacional, de las que existen proyectos en Europa y Latinoamérica. Junto a ellas, los expertos consideran que los acuerdos de precios que vinculan el precio final a los resultados reales obtenidos por el medicamento, también pueden ser efectivos, siempre que su gestión y costes administrativos estén controlados y toda vez que los datos clínicos y la evidencia recogida se ponga a disposición de la comunidad científica.
Aún siendo beneficiosos estos acuerdos, la OCDE reconoce que esta vía sigue estando limitada por dos carencias. En primer lugar, el informe denuncia que muchas tecnologías son aprobadas y adoptadas en base a una evidencia limitada de su seguridad y efectividad. “La evaluación de su actividad en condiciones reales es inusual —aseguran—, lo que compromete la seguridad, supone un derroche y es insostenible”. En segundo lugar, los autores instan a dedicar más recursos para aprovechar el potencial de los datos de salud: suponen un gran oportunidad para mejorar los sistemas de salud y la investigación biomédica, pero requieren de un marco de gobernanza que permita hacer realidad estos beneficios y gestionar los retos relativos a la privacidad.
