Los principales partidos de la oposición al Gobierno de Andalucía han decidido plantar cara a las subastas de medicamentos. Partido Popular, Podemos y Ciudadanos han registrados sendas enmiendas a la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Andalucía con las que buscan poner fin a la polémica medida tal y como se desarrolla hasta hoy. Sin embargo, hay diferencias entre las propuestas si se atiende al modelo que cada uno de estos partidos quiere implantar en la comunidad autónoma.
El Partido Popular ha registrado una enmienda cuyo objetivo es que el modelo resultante sea el existente en leyes promulgadas en materia de medicamentos por el Gobierno central. “Se trata de un ejercicio de defensa de la cohesión y equidad en todo el territorrio nacional y de unidad de mercado”, afirman fuentes populares. Con ello, el modelo resultante sería, hoy por hoy, el derivado del Sistema de Precios de Referencia y, en un futuro y de confirmarse el desarrollo de los precios seleccionados en el Real Decreto de Precios, estos últimos. “La selección de medicamentos se realizará de acuerdo al artículo 99 —precios seleccionados— del texto refundido de la Ley de Garantías”, dice la enmienda. Además, en el mismo texto explica que la selección debe asegurar “la presencia de 2 o más presentaciones” y que incurrir en un desabastecimiento “será causa de resolución de contrato”.
La postura de Ciudadanos es similar a la del Partido Popular. Este grupo ha querido enmendar de una forma más genérica en lugar de atacar directamente al artículo (14.h) que promueve las subastas, si bien el resultado jurídico es similar. Ciudadanos añade con su enmienda al primer apartado que para las políticas de uso racional del medicamento se atienda “especialmente lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”. Con esta adición se apuntaría, tal y como hace el PP, al actual Sistema de Precios de Referencia y, en un futuro, a los precios seleccionados. “Nosotros apostamos por la transparencia y las medidas de los indicadores. Veamos los resultados en salud y elijamos después la medida que mejor se ajusta”, asegura la portavoz de la formación naranja, Isabel Albás.
Desde Podemos la postura es la de modificación de la norma por otra que dé más garantías a los pacientes, no restrinja la competencia y compense a las farmacias, pero se niegan a volver a un sistema de precios seleccionados. “La Unión Europea nos obliga a no restringir la competencia y somos conscientes de que se ha sociabilizado unas ganancias que tenían las farmacias y hay que compensarla con la retribución de algunos servicios profesionales”, explica el portavoz Juan Antonio Gil de los Santos.
La fecha clave para ver el resultado final de la ley será el mes de septiembre. Es entonces cuando la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía celebrará el cónclave donde se estudiarán las ponencias de la Ley así como las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. La idea es que el texto final se promulgue antes de que acabe el presente año.
