Aunar los conceptos de innovación y sostenibilidad es uno de los principales retos de las administraciones sanitarias. Uno de los textos legislativos que están a las puertas de conocerse es el Real Decreto de Precios y Financiación, donde se quiere hacer una criba entre los medicamentos que están a las puertas del Sistema Nacional de Salud según el grado de innovación que aporten a la terapéutica actual. Esta es una de las ideas que se puso sobre la mesa durante la ‘III Jornada de Gestión y Evaluación de Medicamentos: aplicabilidad y resultados en Salud’, organizada por la Fundación Gaspar Casal y Almirall la semana pasada en Madrid.
Una de las principales defensoras de esta medición de la innovación fue Carolina González-Criado, subdirectora general de Farmacia del Servicio Gallego de Salud. “La innovación tiene que tener un valor contributivo, no valen los me too. Tiene que disponer de un valor terapéutico añadido a las alternativas existentes en el mercado”, afirmó.
Una de las fórmulas que barajaron los participantes de esta jornada es implicar más a las administraciones en el proceso de innovación. La medida que más se nombró fue la compra pública innovadora, que ha dado ya resultados en tecnología sanitaria pero que está por explorar en el área de los medicamentos. “Los mecanismos de compra pública innovadora y compra precomercial están pensados para orientar la innovación. Son estos casos donde la transferencia de conocimiento está incorporada desde las primeras fases de desarrollo hasta la adquisición de la innovación por las organizaciones sanitarias demandantes. La parte de la demanda puede actuar muy favorablemente en la transferencia de conocimiento a la realidad social.”, dijo Salvador Peiró, subdirector general de Investigación e Innovación en Salud de la consejería de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana.
La búsqueda de fondos es la base para dar respuesta a la innovación dadas las restricciones presupuestarias que aún pesan tanto en España como en sus comunidades autónomas. Por ello, otra de las dos ideas que salieron a colación durante la jornada fueron el fomento de medicamentos genéricos y biosimilares y la desinversión de productos que no aporten lo suficiente a la terapéutica. Sobre la primera medida, Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, explicó que el uso de biosimilares genera más de 600 millones de euros. “Su impulso es lo que nos va a permitir invertir. Pido compromiso a los oncólogos porque con los reumatólogos lo hemos tenido difícil”, aseguró al tiempo que desveló que el pasado mes de enero la sociedad a la que él representa presentó al Ministerio un sistema de medición de precios de medicamentos que puede ser también usado dentro del Real Decreto.
La desinversión en medicamentos y tecnología sanitaria también es uno de los puntos claves para los expertos reunidos en Madrid. “Hay que hablar de desinversión y dejar de pagar por cosas que ya no aportan para destinarla a innovación”, resumió Candela Calle, directora gerente del Instituto Catalán de Salud. Sobre este particular, Calleja llamó la atención sobre el porcentaje de medicamentos financiados en España en relación a otros países de nuestro entorno, como Italia, Holanda o Dinamarca. “Hay que reflexionar sobre el más del 90 por ciento de medicamentos financiados que tenemos, son demasiados”, dijo.
Otro de los aspectos que los participantes pidieron reforzar son los acuerdos de riesgo compartido para medicamentos innovadores. Calle fue la encargada de contar la experiencia de Cataluña en este aspecto. “Teniendo en cuenta que el gasto farmacéutico era el 40 por ciento teníamos que hacer algo. Había que alinear a la industria y velar todos por la sosteniblidad, así que empezamos a negociar para intentar pagar por resultados y no por el coste. Tardamos 2 años en firmar el primer acuerdo de riesgo compartido pero hoy tenemos catorce con 9 farmacéuticas y para seis patologías, como el cáncer de colón”, resumió.
la herramienta para decidir el precio
Una de las bases del Real Decreto de Precio y Financiación es dotar a la administración de herramientas objetivables para tomar las decisiones de precio y financiación. Sin embargo, según los técnicos de la Agencia Española del Medicamento, ya existe una herramienta que es vinculante y que con una mayor participación y coordinación de todos los actores serviría para decidir el valor de una terapia innovadora. Se trata de los Informes de Posicionamiento Terapéutico, que analizan exhaustivamente los ensayos clínicos que acompañan a los fármacos durante su desarrollo. “El IPT lo que trata de ver es lo que aporta el medicamento respecto a las alternativas que existe en el mercado. Después se toman las decisiones precio y reembolso y posteriormente las comunidades autónomas renegocian. Es una herramienta más para tomar decisiones de precio y es útil para el profesional terapéutico. Por tanto el rol que tiene es el de una herramienta para la ayuda a la toma de decisiones”, explicó Elisa Sulleiro, secretaria del Grupo de Coordinación del Posicionamiento Terapéutico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Lo cierto es que debe haber más coordinación entre comunidades y Ministerio. Este hándicap los puso de manifiesto el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Miguel Ángel Calleja. “La Aemps participa en el IPT con la Dirección General de Cartera Básica y debería tener impacto económico. No me gusta tampoco que no haya evidencias de uso real posterior y modificar el precio o incluso quitar la financiación. Debe haber un pacto real entre ministerio y comunidades autónomas para ello”, dijo.
