La reforma de la Ley del Medicamento, uno de los proyectos más esperados por todo el sector sanitario, y especialmente el farmacéutico, ha desatado un nuevo episodio de fricciones dentro del Gobierno. La filtración de un borrador del anteproyecto de ley ha pillado por sorpresa al Ministerio de Sanidad, donde las fuentes consultadas han subrayado que el "texto no es definitivo" y que "se encuentra actualmente en plena negociación".
Uno de los asuntos de peso que comprende la reforma, y que se esboza en este borrador, tiene que ver con la modificación del Sistema de Precios de Referencia (SPR), que busca garantizar que los medicamentos sean accesibles para la población, asegurando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). En este sentido, el precio de referencia, que determina la cuantía máxima con la que se financian las presentaciones de medicamentos incluidas en conjuntos, sigue un proceso automatizado basado en la cantidad de principios activos disponibles por año.
El GlobalFarma se ha puesto en contacto con otros departamentos implicados en su elaboración para recabar más detalles acerca de este borrador del texto normativo, como son el Ministerio de Economía y de Industria, pero fuentes de ambos ministerios, dirigidos por ministros socialistas, no se han pronunciado al respecto.
El cambio en el Sistema de Precios
Aunque Sanidad insiste en que el borrador del anteproyecto, avanzado por el diario Demócrata, no es un texto ni mucho menos definitivo, este recoge que "para fomentar la competencia y la introducción de eficiencias en e sistema, se modifica el sistema de precios de referencia, buscando un entorno que facilite la entrada rápida de los medicamentos genéricos y biosimilares una vez que expiran los periodos de protección".
De este modo, y según este anteproyecto, "se establecen criterios de flexibilidad para medicamentos que puedan ofrecer ventajas tanto para los pacientes como para el sistema sanitario y se excluyen del sistema a los medicamentos huérfanos, mientras mantengan esta condición, y a los medicamentos derivados del plasma humano por sus características específicas". Por otro lado, también contempla la reforma del sistema de precios seleccionados para constituirlo como uno de los ejes del fomento de la competencia permitiendo a su vez, la convivencia de diferentes medicamentos dentro de un mismo conjunto de precios seleccionados".
Un segundo hito importante que contempla este borrador tiene que ver con la modificación de la disposición adicional sexta, que “alude a una disposición que obliga a los comercializadores de medicamentos a nivel ambulatorio a reembolsar a las administraciones públicas en función del volumen de ventas que ellos obtienen en las oficinas de farmacia”. En este sentido, el borrador recoge que "respecto a los productos sanitarios, la ley incluye el compromiso desarrollar un programa para el fomento de la competitividad de esta industria, de forma que le pueda ser aplicable en términos similares a lo que ya se hace con los medicamentos". Por tanto, advierte que "dado que uno de los objetivos de esta ley es fomentar la competitividad, se deberá tener en cuenta cuál es el régimen de adquisición de estos productos, e incentivar la competencia mediante su exención o minoración de dicha aportación". Es muy importante que estos retornos que se producen como aplicación de la disposición adicional sexta contribuyan al sistema redundando en un acceso mejor y más sostenible a medicamentos y productos sanitarios.
La dispensación de medicamentos por parte de las enfermeras también está contemplada en el borrador. De este modo, incluye que "se fija un plazo de un año, desde la entrada en vigor de la normativa, para actualizar el Real Decreto 954/2015 que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras".
Las palabras de Padilla
“Hace falta una modificación del SPR y una cuestión que vamos a incorporar es la capacidad de diferenciación de precios; tenemos que conseguir que los diferentes medicamentos por debajo de un ámbito de precio de referencia tengan capacidad de diferenciarse de precio“, aseveró Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, durante su última comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso en octubre. A su vez, aclaró que el hecho de “que un medicamento genérico se diferencie de precio hacia abajo no tiene por qué obligar a que el medicamento de marca tenga que bajar también”.
De este modo, el Ministerio quiere que se contemplen los elementos diferenciales que permitan al genérico aumentar su competitividad dentro del mercado para que se puedan incorporar “sin que suponga un lastre para la industria farmacéutica innovadora”. Algo que, según Padilla, es algo muy establecido en los distintos países de Europa y demandando por los diferentes agentes del sistema. “Consideramos que, en un momento en que el valor social del medicamento no está puesto en duda, es el momento de ofertar esa diferenciación de precio“, advirtió.
El marco de la Estrategia
Todos los cambios anteriormente mencionados estarán amparados bajo el paraguas de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, aprobada el martes en Consejo de Ministros, junto con la Ley de Industria. La Estrategia, que marca la hoja de ruta de los próximos cuatro años (2024-2028), es un plan de acción del Gobierno que se inscribe dentro de las reformas abordadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene tres ejes básicos: el acceso de los pacientes, la cobertura de necesidades médicas no cubiertas y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS); el fomento de la investigación, la innovación y el desarrollo; y, finalmente, asegurar la competitividad del sector y su contribución a la autonomía estratégica a través de una cadena de suministro sólida, resiliente y ecosostenible, según refleja el texto al que ha tenido acceso este medio.
Siguiendo con la frenética agenda del Ministerio de Sanidad durante esta semana, este jueves también anunció que iniciará los trámites que desembocarán en el nuevo Real Decreto de Precio y Financiación de los Medicamentos. Y lo ha hecho sacando a consulta pública previa el proyecto de Real Decreto con el que se establecerá la norma actual y que data de 2015. El documento lleva el sello de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, que lidera César Hernández, y detalla que, hasta el próximo 15 de enero, los principales actores del sector farmacéutico podrán remitir directamente al Ministerio sus sugerencias, aportaciones a través del correo electrónico participacionnormativafarmacia@sanidad.gob.es.
Otras diferencias
Más allá del episodio actual, el 'Caso Muface' volvió a protagonizar este jueves un nuevo capítulo de discrepancia entre ambos socios de Gobierno. Después de que el pasado martes el ministro de Función Pública, Óscar López, afirmara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la segunda licitación para el concierto sanitario de Muface estaría en marcha “antes de final de año”, Sumar, solicitó que el Ejecutivo comience de inmediato los trabajos para integrar a los mutualistas en la sanidad pública.
En concreto, el grupo Plurinacional Sumar ha propuesto la creación de una comisión interministerial, liderada por el Ministerio de Sanidad, para impulsar este proceso de ‘absorción’ de los mutualistas. Esta propuesta se alinea con el informe presentado por el departamento que dirige Mónica García el pasado noviembre, en el que se concluía que el modelo mutualista de Muface no resulta sostenible en su forma actual.