La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido este 18 de diciembre en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para hacer balance del último año y avanzar en las principales líneas de trabajo del próximo 2025. "El 2025 va a ser un año más intenso que el 2024", ha afirmado la ministra.
En este sentido, García se ha referido a una de las reformas más esperadas por el sector farmacéutico: la Ley del Medicamento. El borrador filtrado de esta nueva normativa, "de carácter técnico y compuesto por 146 artículos", ha puntualizado la ministra, aborda "medidas destinadas a proteger a las rentas más bajas y a aumentar la progresividad del copago farmacéutico". "Se establecen topes máximos de aportación mensual para la población activa con rentas bajas y medias, lo que beneficiará a más del 60% de los ciudadanos", ha indicado.
"Las estimaciones que manejamos, muestran que se reduce en un 10% la aportación global de la población y específicamente en un 33% para aquellos que tienen ingresos inferiores a 18.000 euros", ha expuesto la ministra. Así, estas medidas "redistribuyen el sistema de copago para evitar que el acceso a los medicamentos dependa de la situación económica de los pacientes vulnerables y pluripatológicos".
Estrategia de la Industria Farmacéutica
Entre las últimas acciones llevadas a cabo, García ha recalcado la aprobación de la Estrategia de la Industria Farmacéutica en Consejo de Ministros. Una estrategia que supone un "avance sin precedentes y fruto del trabajo de cuatro ministerios –Sanidad, Ciencia, Industria y Hacienda– y las patronales del sector". Su propósito, ha reiterado la ministra, es "transformar el modelo actual, centrado en la capacidad de oferta de la industria, hacia un sistema donde las necesidades de salud de la población sean el motor principal de toda la cadena de valor del medicamento".
En este contexto, también se busca con ella poner la salud y al paciente en el centro, con una alianza estratégica para un acceso equitativo, sostenible y eficaz a los tratamientos innovadores. "La estrategia defiende que lo público, lo de todos, debe tener un papel fundamental para orientar las prioridades de la próxima década, que van desde las enfermedades crónicas hasta las terapias avanzadas o la medicina de precisión", ha recalcado García.
En definitiva, implantará medidas legislativas y no legislativas que van a fomentar una "mayor liderazgo público en toda la cadena del medicamento, una mayor prioridad de la salud del paciente en la investigación y una mayor autonomía estratégica del sector".
Esta estrategia incluye una reforma legislativa clave, como es la modificación de la mencionada Ley del Medicamento, el RD para la creación de un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias o la modificación del RD para la fijación de precios y financiación de los medicamentos. "Esta norma modernizará el Sistema de Precios de Referencia (SPR), permitiendo una mayor diferenciación de precios e impulsando el crecimiento del papel de los medicamentos genéricos y biosimilares en el SNS", ha indicado García.
"También vamos a modificar la redacción actual del artículo relacionado con la prescripción, especialmente lo que afecta a las competencias de las enfermeras", ha agregado.
Acceso a los medicamentos
Asimismo, García ha hecho énfasis en el acceso a la innovación. "Acceso también significa ofrecer la posibilidad de los pacientes de recibir tratamientos antes incluso de su autorización oficial o de su financiación definitiva", ha declarado. Por ello, cada año, la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) autoriza "entre 30.000 y 40.000 accesos a través de la modalidad de uso de medicamentos en situaciones especiales".
"Es cierto que puede haber retrasos en algunas decisiones de financiación, pero una vez aprobadas, informes internacionales señalan que el uso de medicamentos en España es muy superior al de muchos países de nuestros entorno", ha admitido García. En este sentido, ha aclarado que una parte del incremento en días de retraso de los últimos años está relacionado con "la incorporación de medicamentos que llevaban mucho tiempo esperando a ser financiados y que al incorporarse han pasado a engrosar estas cifras".
"No es justo afirmar que España tiene un problema de acceso estructural a los medicamentos; no es verdad, porque tenemos acceso preferente tanto a los ensayos clínicos como a todos los medicamentos antes y después de la financiación", ha asegurado.
Sin embargo, ha puntualizado que están tomando medidas para acortar los tiempos de espera: "Estamos trabajando para que la toma de decisiones se haga en tiempos más cortos y queremos compartir los datos en tiempo real con toda la sociedad", ha concluido.
