El pasado 15 de julio, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció a través de su cuenta de X que el Ministerio está trabajando para ultimar el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En su mensaje, García expresó que el propósito de la norma es "regular la participación de profesionales que cobran de la industria farmacéutica en la toma de decisiones clave para la sanidad pública". En este sentido, dejó claro que lo que se pretende lograr es "una financiación de medicamentos más transparente y libre de sesgos".
El objetivo de este Real Decreto es establecer las bases para una nueva regulación de la evaluación de las tecnologías sanitarias en España. Desde el Ministerio de Sanidad se busca reforzar la independencia en la toma de decisiones sanitarias, especialmente en lo que respecta al papel de los actores del sector farmacéutico.
Trámite final y aplicación prevista
El Ministerio de Sanidad ha confirmado a El Globalfarma que "sigue en pie" la puesta en marcha de la legislación en el último cuatrimestre del año. Además, indican que el texto se encuentra en la fase final de tramitación previa a su remisión al Consejo de Estado, un paso es clave para su revisión legal antes de su entrada en vigor.
Estas mismas fuentes explican que el Real Decreto "se trata de una disposición que, si bien no se centra exclusivamente en los conflictos de interés, establece los principios y directrices para su adecuada consideración en los procesos de evaluación, los cuales sirven de base para la toma de decisiones en el ámbito sanitario".
También, señalan que el Real Decreto está concebido para complementar el reglamento europeo en vigor, regulando aspectos que, según las fuentes consultadas, "por su naturaleza competencial, corresponden al ámbito nacional y no están recogidos en la normativa comunitaria".
Efectos sobre el sector farmacéutico
Desde que se anunciaron los avances en la tramitación del Real Decreto, el impacto sobre la industria farmacéutica ha sido un tema de debate. No obstante, desde el Ministerio apuntan que "la memoria del análisis de impacto normativo incluye un estudio detallado al respecto" y aseguran que no se prevé que las nuevas disposiciones generen "efectos significativos sobre el sector".
De este modo, el Ministerio mantiene su calendario para que la norma entre en vigor antes de que finalice el año, como parte del proceso para reforzar la independencia en las decisiones en materia de evaluación de tecnologías sanitarias.
