El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativa al informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. El análisis se refiere a Cantabria, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja y toma como referencia el ejercicio 2022.
La fiscalización comprende los servicios autonómicos de salud de estas cuatro comunidades y cuatro centros hospitalarios: el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro.
La resolución insta al Gobierno a promover la actualización de los planes autonómicos de salud e incorporar indicadores específicos sobre gasto farmacéutico hospitalario. También plantea adecuar la dotación presupuestaria inicial a las necesidades previstas, con el objetivo de reducir las modificaciones de crédito y los intereses de demora derivados del pago de facturas.
En materia de contratación, el texto propone limitar el peso de la contratación menor al 30% del gasto farmacéutico hospitalario en los cuatro servicios de salud analizados. Como alternativas, señala los procedimientos abiertos, los acuerdos marco y los procedimientos negociados sin publicidad cuando exista exclusividad del medicamento y esta circunstancia quede debidamente justificada.
La Comisión Mixta también insta a los servicios de salud y a las gerencias hospitalarias a mejorar la planificación contractual y evitar la acumulación de contratos menores para un mismo proveedor y suministro. El informe recoge situaciones diferentes en cada centro fiscalizado, por lo que las recomendaciones se dirigen tanto a los órganos centrales como a las respectivas áreas de salud.
Asimismo, la resolución insta a las gerencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro a adoptar medidas para corregir las deficiencias detectadas y mejorar las aplicaciones informáticas de gestión de las prestaciones farmacéuticas identificadas durante la fiscalización.
En el caso del Servicio Cántabro de Salud, la Comisión Mixta también recomienda definir de forma clara las competencias entre los servicios centrales y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el procedimiento de compra de medicamentos, así como reforzar el conocimiento de la aplicación informática utilizada para la gestión de las prestaciones farmacéuticas.
Otra de las medidas incluidas es la implantación de conciliaciones mensuales entre los inventarios físicos de medicamentos y los sistemas informáticos de farmacia. La resolución plantea asimismo protocolos para el control de caducidades, una mayor automatización de los almacenes y una cobertura específica del stock de mayor valor económico.
El documento propone además crear una mesa del Sistema Nacional de Salud dedicada a la farmacia hospitalaria, con el fin de compartir información y armonizar criterios sobre los precios de medicamentos exclusivos entre comunidades autónomas. También recoge la publicación de descuentos por volumen y otras condiciones económicas en el Portal de Transparencia del Ministerio de Sanidad.
En el ámbito tecnológico, la resolución plantea integrar los sistemas utilizados en la prescripción, dispensación y gestión farmacéutica, reducir las autorizaciones manuales y reforzar la formación de los profesionales encargados de estas aplicaciones.
Por último, la resolución recomienda impulsar la adquisición de medicamentos en formato monodosis mediante la elaboración de manuales y protocolos de obligado cumplimiento en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro.
En este contexto, el gasto farmacéutico hospitalario de Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja ascendió en 2022 a 682,5 millones de euros. En el conjunto de las comunidades autónomas alcanzó los 8.793,6 millones, el 32% del gasto farmacéutico total y aproximadamente el 10% del gasto sanitario público de ese ejercicio.
