En estos momentos se celebra la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), uno de los órganos clave de coordinación sanitaria entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Sobre la mesa, una agenda marcada por numerosos asuntos, aunque dos destacan con especial fuerza: el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la ampliación del Plan de Terapias Avanzadas, especialmente centrado en las terapias CAR-T.
Entre las voces más críticas se ha hecho notar la del consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien ha cuestionado el planteamiento del orden del día: "Se abordarán 20 puntos, una cantidad que consideramos exagerada, lo que da una idea de cuál es la enjundia de los temas que se van a tratar". A su juicio, A su juicio, "pretender abordar 20 puntos en profundidad, como merece un debate entre el Ministerio y las comunidades autónomas en una jornada matinal, verdaderamente, parece algo exagerado”.
Respecto al anteproyecto de Ley de los Medicamentos, Vázquez ha mostrado un profundo desacuerdo. Ha criticado el contenido de la norma y la forma en la que se ha gestionado: "Se nos va a informar por fin de la Ley de los Medicamentos, después de múltiples intentos y preguntas”. Según sus palabras, lo que conocen hasta ahora le parece "un auténtico bodrio", y asegura que se ha desaprovechado la ocasión de elaborar una norma "moderna en colaboración con las comunidades autónomas" que responda de forma efectiva a las necesidades del sistema.
El consejero de Sanidad de Castilla y León ha lamentado que "se ha expulsado a las comunidades autónomas de las competencias de farmacia" y ha puesto como ejemplo la eliminación de la Comisión Permanente de Farmacia en el texto propuesto. Además, ha manifestado preocupación por cuestiones técnicas como el tratamiento de los medicamentos de primera indicación, el control de los radiofármacos o el papel del prescriptor en la dispensación: "No entendemos cómo es posible que, contando con la receta electrónica actual, se plantee la creación de una nueva figura".
A estas críticas, la ministra Mónica García ha respondido con contundencia: "Me encantaría que los consejeros de Sanidad, en concreto los del Partido Popular, se conocieran la ley". Ha insistido en que el texto legal "ha seguido rigurosamente todos los apartados del procedimiento legislativo" y ha subrayado que "se han incorporado muchas de las alegaciones que se hicieron en el inicio del procedimiento".
Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid la visión es muy diferente. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado que "hemos hecho más de 400 alegaciones" y ha lamentado que "parece ser que ninguna de ellas se han tenido en cuenta". A su juicio, el proyecto normativo "no es otra cosa que una enmienda a la totalidad" que ha logrado "poner a todo el mundo de acuerdo y en contra del Ministerio": desde la industria farmacéutica hasta los profesionales sanitarios.
