El Ministerio de Sanidad abrió este 9 de abril el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Orden Ministerial que modifica la Orden SND/682/2021, la norma que declara qué medicamentos, productos y servicios sanitarios pueden ser objeto de contratación centralizada en el Sistema Nacional de Salud. El plazo para remitir aportaciones permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026.
La reforma plantea un cambio de alcance relevante en la compra pública sanitaria. Por un lado, amplía los instrumentos de contratación centralizada gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que hasta ahora se apoyaban en los acuerdos marco, para incorporar también los sistemas dinámicos de adquisición y la posibilidad de celebrar contratos centralizados. Según el texto sometido a información pública, el objetivo es adaptar la orden vigente a categorías de productos y servicios "más volátiles", especialmente en el ámbito tecnológico.
El proyecto da, además, un paso explícito hacia la digitalización del SNS al incluir nuevos bienes y servicios vinculados a las tecnologías de la información, la gestión del dato y la inteligencia artificial aplicada a la sanidad. Entre las novedades del anexo de productos sanitarios figuran el software como producto sanitario para diagnóstico in vitro, así como nuevas categorías de software para gestión de citas, procesos sanitarios, recursos humanos, formación del profesional, ciberseguridad, servidores para información sanitaria y herramientas basadas en IA para apoyo administrativo y organizativo.
En paralelo, el anexo de servicios incorpora nuevas prestaciones ligadas a la salud digital. Entre ellas aparecen los servicios de consultoría, desarrollo, operación y mantenimiento de soluciones digitales para el proceso asistencial, la monitorización remota, los asistentes virtuales basados en IA, y los servicios de alojamiento, procesamiento, entrenamiento e inferencia en la nube para información clínica y para software de apoyo a la gestión administrativa de los centros sanitarios.
La memoria abreviada que acompaña al proyecto señala tres metas principales: incorporar el sistema dinámico de adquisición como mecanismo de racionalización técnica, habilitar la contratación centralizada de productos y servicios TIC específicamente sanitarios y ordenar el procedimiento de adhesión de comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos al sistema estatal.
Otro de los cambios relevantes es precisamente esa regulación del procedimiento de adhesión. El nuevo artículo 4 prevé que las comunidades autónomas, entidades locales y organismos integrados en el SNS puedan suscribir con el INGESA un acuerdo general para participar en todos los procesos de contratación centralizada, sin necesidad de formalizar adhesiones individuales cada vez, aunque podrán descolgarse de procedimientos o lotes concretos antes del inicio de la licitación.
El Ministerio también prevé reforzar la transparencia operativa con la creación del Portal de Contratación Centralizada para el Sistema Nacional de Salud del INGESA, donde se publicarán los acuerdos marco, sistemas dinámicos y contratos que se formalicen, además de facilitar el acceso a grupos de trabajo para las entidades adheridas.
Desde el punto de vista económico, la memoria sostiene que la modificación normativa no tendrá impacto presupuestario directo, aunque sí puede repercutir en la economía general al ampliar la racionalización de la contratación pública sanitaria. El documento defiende además que la ampliación de las compras centralizadas puede mejorar la calidad de los productos adquiridos y contribuir a una mayor eficiencia del sistema.
El propio análisis de impacto recuerda que, desde 2013 y hasta el cierre de 2025, el INGESA había tramitado 36 licitaciones por 6.847 millones de euros, con la participación de las 17 comunidades autónomas y de los ministerios de Defensa e Interior. La memoria cifra en 299 millones de euros los ahorros obtenidos a través de los sucesivos acuerdos marco, calculados a partir de la información de ventas comunicada por las empresas adjudicatarias.
Las aportaciones al proyecto podrán enviarse al correo informacion_publica@sanidad.gob.es hasta el 30 de abril de 2026. Sanidad pide que el asunto del correo sea "DG/10/26 APORTACIONES + NOMBRE DE LA ENTIDAD O PERSONA" y advierte de que solo se tendrán en cuenta las contribuciones recibidas dentro de plazo y con el remitente debidamente identificado.
