El consumo de tabaco ha descendido en España hasta situarse en mínimos históricos, pero el tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública del país. Esta es una de las ideas centrales del informe Cesación tabáquica: un reto sanitario y social, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que analiza la situación actual del consumo de tabaco, el impacto de las políticas públicas, la financiación de los tratamientos farmacológicos y el papel de los profesionales sanitarios en el abandono del hábito tabáquico.
El tabaquismo, en mínimos históricos pero aún prioritario
El estudio, presentado con motivo de la publicación del Punto Farmacológico número 200, concluye que la cesación tabáquica debe seguir siendo una prioridad sanitaria en España. Según los datos recogidos en el documento, el 25,8% de la población fuma a diario y el tabaco provoca más de 50.000 muertes evitables al año en el país. Además, la infografía resumen del informe estima en 8.000 millones de euros anuales el gasto sanitario directo asociado al tabaquismo.
Durante la presentación, la ministra de Sanidad, Mónica García, resumió el diagnóstico del informe en cinco grandes conclusiones. La primera, señaló, es que España ha avanzado de forma significativa en la reducción del consumo, pero sin que ello permita considerar cerrado el problema. "Podemos celebrar los avances, pero no podemos dar por concluida la tarea, porque el tabaquismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país", afirmó.
El informe apunta que el consumo diario se sitúa en mínimos históricos, una evolución que vincula a décadas de políticas públicas, cambios culturales, regulación y sensibilización social. Sin embargo, el documento advierte de que uno de cada cuatro españoles sigue fumando a diario y de que el tabaco continúa asociado a una elevada carga de enfermedad, discapacidad y mortalidad evitable.
Nuevos consumos y desigualdad social
La segunda conclusión destacada por García fue la dimensión social del tabaquismo. El informe señala que el consumo no se distribuye de forma homogénea entre la población y que presenta una mayor prevalencia entre los grupos con menor nivel socioeconómico. En este sentido, la ministra sostuvo que las políticas de control del tabaquismo también deben entenderse como políticas de equidad, al incidir sobre un problema que afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos.
El documento dedica también parte de su análisis a la transformación del patrón de consumo. Aunque el cigarrillo convencional pierde peso, emergen nuevas formas de consumo de nicotina, especialmente entre los jóvenes. Según el informe, uno de cada cinco adultos ha probado los cigarrillos electrónicos y cerca de la mitad de los adolescentes lo ha hecho alguna vez. García advirtió de que estos productos no deben presentarse como inocuos y recordó que generan adicción y pueden actuar como puerta de entrada al consumo de nicotina.
El estudio sitúa esta expansión de nuevos dispositivos como uno de los retos actuales de las políticas antitabaco. A la regulación del cigarrillo convencional se suma ahora la necesidad de abordar productos como los cigarrillos electrónicos, los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, cuya presencia obliga a adaptar las estrategias de prevención, control y educación sanitaria.
Otra de las conclusiones del informe es que las políticas públicas han tenido impacto en la reducción del consumo. García recordó que las leyes antitabaco modificaron la percepción social del tabaco en España y contribuyeron a desnormalizar su presencia en espacios como hospitales, universidades, centros de trabajo, bares o restaurantes. En este contexto, la ministra defendió que las medidas regulatorias, los espacios sin humo y la regulación de los nuevos dispositivos forman parte de una misma estrategia orientada a proteger la salud pública, especialmente entre las nuevas generaciones.
Preguntada por la futura Ley del Tabaco, García indicó que el Ministerio prevé llevarla “en los próximos meses”, una vez completados los trámites e informes europeos pendientes. Según explicó, la norma debe estar alineada tanto con el mercado común como con la directiva europea del tabaco. La ministra afirmó que espera que la futura ley sitúe de nuevo a España "a la vanguardia de la lucha contra el tabaco" y apuntó que el texto busca avanzar en la limitación de espacios y en la regulación de los nuevos dispositivos con nicotina.
García también se refirió al real decreto sobre nuevos dispositivos, que Sanidad espera tener "en las próximas semanas". Sobre otras posibles medidas, señaló que el empaquetado genérico, la subida de impuestos y otras herramientas cuentan con evidencia científica, aunque precisó que deben coordinarse con Europa y con el resto de ministerios antes de incorporarse de forma progresiva.
Tratamientos financiados para transformar la intención en acción
Pero el informe no se limita a las medidas restrictivas. Una de sus principales conclusiones es que no basta con reducir los espacios de consumo o reforzar la regulación: también es necesario ayudar a dejar de fumar. El dato que sostiene esta idea es que el 67,7% de las personas fumadoras se ha planteado abandonar el tabaco (dos de cada tres) y que el 44,1% lo intentó durante el último año. En palabras de García, existe "una enorme demanda de ayuda" que el Sistema Nacional de Salud debe ser capaz de acompañar.
El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, puso también el foco en este cambio de perspectiva. "Cuando hablamos de tabaquismo solemos poner el foco en quienes fuman, pero este informe lo que hace es poner el foco en quienes quieren dejar de fumar", señaló durante la presentación. Aguilar calificó de "extraordinariamente significativas" las cifras que muestran que dos de cada tres fumadores han pensado en abandonar el tabaco y que casi la mitad lo intentó durante el último año.
La financiación pública de los tratamientos farmacológicos ocupa un lugar central en el informe. El documento recuerda que la financiación de medicamentos para dejar de fumar comenzó de forma universal en 2020 con bupropión y vareniclina, y se amplió en 2023 con la incorporación de citisiniclina. Según el estudio, entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar en 2025 con apoyo farmacológico financiado por el Sistema Nacional de Salud.
La citisiniclina concentra la mayor parte de estos tratamientos, con cerca de 450.000 personas tratadas. Por detrás se sitúan la vareniclina, con entre 18.000 y 36.000 personas tratadas, y el bupropión, con entre 4.000 y 8.000. El consumo privado de estos medicamentos, sin financiación pública, es residual: la infografía del informe indica que solo el 10% del consumo de vareniclina y citisiniclina se produjo con recetas no financiadas.
El análisis del documento apunta además que, cuando se reduce de forma drástica la disponibilidad de estos medicamentos por problemas de stock, también disminuyen los intentos de abandono. Las alternativas no financiadas, como parches, chicles o sprays con nicotina, aumentan ligeramente su uso, pero no compensan la caída de los tratamientos financiados. De ahí una de las conclusiones centrales del informe: la financiación pública no solo mejora el acceso, sino que contribuye a transformar la intención de dejar de fumar en un intento concreto.
Aguilar resumió esta idea al afirmar que la financiación pública "no solo facilita el acceso a los tratamientos", sino que también "aumenta el número de personas que intentan dejar de fumar". A su juicio, el informe muestra que las políticas más eficaces son aquellas que combinan acceso a tratamientos, acompañamiento profesional e intervención de los profesionales sanitarios.
La farmacia comunitaria como apoyo en la cesación
En este punto, el informe destaca el papel de la farmacia comunitaria. España cuenta con más de 22.000 farmacias repartidas por el territorio nacional, una red sanitaria de alta accesibilidad que, según el estudio, puede contribuir a la prevención, la educación sanitaria, la detección de pacientes de riesgo y la mejora del seguimiento y la adherencia a las terapias para dejar de fumar.
La evidencia revisada en el informe indica que la intervención del farmacéutico puede duplicar la probabilidad de abandonar el tabaco y llegar a triplicarla cuando se combina con terapia sustitutiva de nicotina. Además, el documento señala que las intervenciones farmacéuticas son coste-efectivas y eficientes incluso cuando no hay terapias financiadas.
García destacó durante la presentación que "la intervención farmacéutica mejora significativamente las probabilidades de éxito para dejar de fumar" y señaló el potencial de la farmacia comunitaria como aliada de la salud pública. Aguilar, por su parte, defendió que el acompañamiento profesional es especialmente relevante en un proceso que no siempre es lineal y que puede requerir varios intentos antes de alcanzar el abandono definitivo.
El presidente del CGCOF subrayó que cada día entran en las farmacias españolas unos 2,3 millones de personas, lo que permite una relación frecuente y cercana entre farmacéuticos y ciudadanos. Según explicó, ese contacto facilita el seguimiento del paciente, la educación sanitaria, el refuerzo de la adherencia y el apoyo en los momentos de dificultad durante el proceso de cesación tabáquica.
El informe también recoge una dimensión estacional en los intentos de abandono. Según la infografía resumen, los intentos de dejar el tabaco repuntan tras las vacaciones y se desploman en agosto. Este patrón aparece reflejado en la evolución mensual de las dispensaciones de medicamentos utilizados frente a la dependencia a la nicotina entre 2020 y 2025.
La presentación del informe se enmarca en el convenio firmado en febrero entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para impulsar actuaciones conjuntas de prevención y control del tabaquismo. Entre las medidas previstas figura la incorporación de los farmacéuticos al programa formativo del Ministerio de Sanidad sobre abordaje del tabaquismo desde Atención Primaria, además del desarrollo de campañas de educación sanitaria y estudios para evaluar el impacto de las intervenciones realizadas desde las farmacias.
En sus declaraciones, García vinculó también las herramientas para dejar de fumar con los determinantes sociales de la salud. La ministra señaló que las intervenciones deben tener en cuenta que las personas con menor renta, menor acceso a la información o menos recursos pueden encontrar más dificultades para iniciar o sostener un intento de abandono. Por ello, defendió que las medidas deben adaptarse a la realidad y a las posibilidades de acceso de cada población.
El documento concluye que el tabaquismo exige una estrategia combinada: regulación, prevención, financiación de tratamientos, acompañamiento profesional y colaboración institucional. García lo expresó durante la presentación con una frase que resume el enfoque del informe: "Funciona la regulación. Funciona la prevención. Funciona la financiación de tratamientos. Funciona el acompañamiento profesional. Y funciona la colaboración entre instituciones y profesionales sanitarios".
Aguilar planteó una idea similar desde el ámbito farmacéutico: "El reto ya no consiste en descubrir qué funciona, sino en conseguir que esas soluciones lleguen a todas las personas que las necesitan". Desde esa perspectiva, el informe sitúa la cesación tabáquica no solo como una cuestión de disponibilidad de tratamientos, sino como un proceso que requiere acceso, seguimiento, equidad y apoyo sostenido.
